El PP vota a favor de una propuesta de Oltra contra el indulto a Carlos Fabra
Los políticos condenados por delitos fiscales no recibirían la medida de gracia
La diputada de Compromís Mònica Oltra consiguió ayer en las Cortes Valencianas que el PP apoyara varias de las propuestas de su coalición en materia de regeneración democrática en la votación de resoluciones tras el debate de política general. La más llamativa insta al Gobierno a “no indultar a ningún político condenado por delitos contra la Administración o la Hacienda Pública”. El texto, a diferencia de otros que fueron rechazados, no alude a Carlos Fabra, pero señala directamente a quienes como el expresidente de la Diputación de Castellón hayan sido condenados por delitos fiscales. Por si había alguna duda, Oltra se refirió explícitamente a Fabra durante su intervención.
La oposición rechaza la “impostura” en la financiación
Decálogo empresarial
El diputado del PP Rubén Ibáñez retó a la oposición: “Tienen la oportunidad de estar en la foto. Digamos claramente lo que queremos”. Y Julián López le contestó enseguida. “El grupo socialista no se va a hacer la foto con ustedes. El año pasado nos abstuvimos. Este año vamos a votar en contra. No vamos a contribuir a la impostura”. Hablaban de la resolución que reivindica un modelo de financiación autonómica más justo y solidario.
La progresiva devaluación del discurso de Alberto Fabra, que ha visto cómo Mariano Rajoy dejaba el asunto de la financiación para la próxima legislatura, se ha traducido, según López, en que la aprobada ayer por el PP en solitario es una resolución que ha rebajado tanto sus exigencias que no incluye ni los 1.000 millones de “compensación adicional” que el propio jefe del Consell todavía citó en su discurso. Ibáñez respondió que el Gobierno de Fabra “ni se esconde ni se arruga”.
Los populares tumbaron la propuesta socialista de llevar a los tribunales el incumplimiento de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (“Vayamos a defenderlo al Consejo de Política Fiscal y Financiera”, respondió Ricardo Costa). Y fueron criticados por Enric Morera, de Compromís, por evitar la aprobación en el Congreso de la reforma del Estatut pendiente que garantiza inversiones estatales.
Morera propuso que los Presupuestos Generales del Estado no discriminen a los valencianos y la reclamación de 13.500 millones de deuda histórica. Por su parte, Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, defendió que se reprobara al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su secretario de Estado, Antonio Beteta, por “la discriminación que sufrimos los valencianos”.
En otro momento del pleno, cuando Francesc Signes, del PSPV-PSOE, salió a defender un conjunto de resoluciones, la diputada del PP Maritina Hernández, anunció que no le iban a aprobar ninguna. Signes recalcó que una de ellas recogía textualmente el decálogo de infraestructuras fundamentales que representantes de los empresarios valencianos quieren llevar al Gobierno sin que Fabra haya conseguido que les reciban, “en una clara muestra de su debilidad e incompetencia política”. La resolución fue rechazada, con el propio jefe del Consell presente en el hemiciclo.
Otras dos propuestas, que instaban al Consell a “no borrar datos de los ordenadores de la Administración” y a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, también fueron apoyadas por el PP. Eso no evitó que Oltra dijera que era difícil que no votaran a favor: “Está bien que no destruyan pruebas Ya saben a qué me refiero”. Ni impidió que enunciara la lista de lo que denominó “los doce apóstoles de la corrupción”, en referencia a los exconsejeros Luis Fernando Cartagena, Víctor Campos y Rafael Blasco, condenados; a Milagrosa Martínez y Angélica Such, procesadas; a los imputados Vicente Rambla, Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado, Lola Johnson y José Joaquín Ripoll, y al expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, también imputado.
El PP tiene un problema con esos “apóstoles de la corrupción” que ahora “paga toda la sociedad valenciana”, dijo la diputada, que vio rechazadas el resto de sus propuestas, entre las que figuraba la creación de una oficina antifraude. Una iniciativa que también plantearon los socialistas y que la parlamentaria del PP María Fernanda Vidal comparó con Stalin y dedujo que tendría “fines políticos” como la que puso en marcha el tripartito en Cataluña. La socialista Eva Martínez aireó facturas de azafatas y una fiesta en la Fórmula 1 y arremetió contra el jefe del Consell, Alberto Fabra, por la compra de la empresa Valmor. Un aspecto sobre el que Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, había propuesto también que la Generalitat expresara su confianza en la fiscalía anticorrupción. Idea que rechazó el PP al igual que reprobar a Rafael Blasco o al presidente de las Cortes, Juan Cotino, como defendió Esther López Barceló.
El popular Alfredo Castelló presentó como elemento de “una nueva democracia” el decálogo por la regeneración que Fabra desgranó en su discurso del martes, mientras la socialista María José Salvador lo calificaba de “conjunto de ocurrencias”. El también socialista Francisco Toledo defendió una comisión de investigación de los sobrecostes e irregularidades en Feria Valencia, que Elena Bonet, del PP, rechazó porque se reflejan en un informe “todavía provisional”. “Lo suyo no es transparencia, es apariencia”, concluyó Toledo.
