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Tribunal Supremo

El ferry de Portsmouth, condenado a devolver 11,2 millones a Diputación

La institución vizcaína había adelantado a las tres navieras encargadas del servicio cerrado en 2010 la reserva de 35.707 bonos

Eneko Ruiz Jiménez
'Pride of Bilbao' junto al Queen Elizabeth II a la entrada del Puerto, en 2006.
'Pride of Bilbao' junto al Queen Elizabeth II a la entrada del Puerto, en 2006.EFE

El Tribunal Supremo ha cerrado este lunes el caso de los bonos del ferry tras más de una década de juzgados. “Es un día importante para la Diputación de Bizkaia”, anunciaba el diputado general José Luis Bilbao. Las tres navieras encargadas de gestionar el ferry Pride of Bilbao, que viajó de Santurce a Portsmout hasta noviembre de 2010, deberán pagar 11,2 millones de euros —los 9,6 millones en los que estaban valorados los bonos reservados más intereses y costes— a la institución vizcaína, que había perdido todas las apelaciones.

Los 35.707 bonos de la Diputación tienen su origen en 1995, cuando la institución y la empresa llegaron a un convenio para promocionar el transporte en temporada baja con 46.000 bonos. Este acuerdo fue declarado ilegal, como ayuda de Estado, por la Comisión Europea, y, en 2007, un juzgado de Bilbao obligó a ambas partes a devolver las subvenciones y los billetes. La Diputación, sin embargo, no pudo restituir la mayoría dado que ya no existían físicamente, y tuvo que adelantar el pago a la empresa por los 9,6 millones en los que estaban valorados. La naviera cerró en 2010, y los bonos no se devolvieron.

35.707 bonos sin utilizar

"Este tema ha servido para llenar titulares y horas de tertulia", subrayaba el diputado general, José Luis Bilbao, este lunes en rueda de prensa. El conocido caso de los bonos del ferry ha sido protagonista desde que se firmó el primer convenio entre la empresa P&O y la Diputación de diversos enfrentamientos, acusaciones de corrupción y apelaciones judiciales.

Todo se remonta a 1995, cuando la Diputación compró 46.500 bonos para facilitar el trayecto Portsmouth-Bilbao en temporada baja. Dicha compra fue declarada en 2000 ilegal por la UE y la Diputación se vio obligada a devolver los bonos o pagar el dinero. En 2007, la empresa se comprometió a pagar 12,9 millones de euros, 3,2 por los bonos utilizados y 9,6 por los 35.707 sin usar que no fueron devueltos y que aparentemente no existían.

El 15 de noviembre de 2010 acabó el servicio de viajes a Reino Unido y la empresa se negó a devolver los bonos. Tanto el juzgado de lo Mercantil de Bilbao como la Audiencia de Bizkaia desestimaron la pretensión de la institución dirigida por José Luis Bilbao, lo que le llevó a recibir diversas críticas del resto de partidos, que aseguraban que se estaban llevando a cabo "costes patrimoniales" adicionales en el caso. Hubo una comisión de investigación en Juntas y apertura de diligencias por la Fiscalía.

“Las partes no quisieron, no supieron, o sencillamente no les convino amortizar los bonos, como títulos al portador. Por tanto, subsistentes los bonos y satisfecho su importe efectivo por la Diputación, ésta tiene derecho a 35.707 viajes para sí o en interés de terceros en el trayecto ya clausurado”, dicta la sentencia del Supremo.

El Tribunal Vasco de Cuentas lo calificó de pérdida patrimonial y lo llevó al nacional. La Diputación mantuvo desde el principio que “no hubo responsabilidad patrimonial” y así se lo refrenda el Supremo.

Bilbao estuvo acompañado de ocho diputados y del equipo jurídico, al que felicitó, para anunciar la sentencia que acababa dándoles la razón definitiva, después de que un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao y la Audiencia de Bizkaia rechazaran la demanda de la Diputación, al señalar que la empresa tampoco había utilizado los billetes y que no existía contrato alguno.

La Sala Civil del Supremo condena a las desaparecidas P&O European Ferries Vizcaya, S.A, P&O European Ferries Portsmouth Limited, encargadas de la explotación del servicio, y a la matriz P&O Ferries Holding Limited, que será la que pague la cantidad al “levantar el velo societario”, apuntó Bilbao.

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La batalla supone una victoria largamente postergada para la Diputación, y así lo ha hecho notar  Bilbao, que pidió retractaciones del Tribunal Vasco de Cuentas “por decir que hubo pérdida patrimonial”, al PP, “que dijo que hubo robo y conchabeo”; PSOE, “por pedir que no se malgastara el dinero en procesos que no llevan a ninguna parte”, y a la izquierda abertzale. Bilbao aseguró que actitudes como estas son las que “contribuyen a que la acción política esté denostada”.

“Se dijo que se había enriquecido la Diputación y todo es mentira”, concluyó erguido Bilbao: “Es un día en el que se desenmascaran actitudes rastreras y cortoplacistas”.

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Sobre la firma

Eneko Ruiz Jiménez
Se ha pasado años capeando fuegos en el equipo de redes sociales de EL PAÍS y ahora se dedica a hablar de cine, series, cómics y lo que se le ponga por medio desde la sección de Cultura. No sabe montar en bicicleta.

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