Castedo y Franco vs. Fabra y Puig

De un tiempo a esta parte, populares y socialistas se afanan en predicar la conveniencia de una regeneración democrática que sirva, al menos en parte, como lenitivo al drama que sufren tras constatar que los ciudadanos, una y otra vez, les señalan como el segundo de sus principales problemas tras el paro. Los esfuerzos retóricos de los portavoces de los cada vez menos mayoritarios partidos por convencer a la sociedad de que esta vez su propósito de enmienda va en serio tropiezan con el muro de la indiferencia y de la incredulidad. Como no puede ser de otra manera cuando los hechos no se acompasan a las palabras. El informe policial sobre el caso Rabassa ha vuelto a poner sobre el escenario un escándalo que, cuando se destapó, reveló la codicia, la mezquindad y la miseria en que se revuelcan con impudicia políticos del PP, del PSOE y el padrino de Alicante, Enrique Ortiz. El caso Rabassa, una derivación del caso Brugalno es un escándalo reciente. De hecho, se destapó en 2006. Algunos de los protagonistas estelares de entonces lo han seguido siendo durante estos ocho años en las instituciones públicas y en las organizaciones partidistas. ¿Y qué han hecho durante este largo periodo de tiempo los responsables de los partidos en los que militantes? ¿Mirar a otro lado, disimular? No. Al contrario. Las cúpulas de sus respectivos partidos, con alguna notable excepción, les han venido protegiendo, cubriéndoles de elogios y utilizándolos descaradamente para resolver sus cuitas internas.

Cuando el pasado jueves los portavoces de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alicante denunciaron la coalición de intereses de PPSOE en la aprobación del plan de las lagunas de Rabassa, no hacían otra cosa que señalar una obviedad. Ambos grupos municipales votaron a favor de la recalificación de ese suelo para que la multinacional sueca del mueble Ikea se pudiera instalar allí y Ortiz consiguiera uno de los mayores pelotazos urbanísticos de su vida. Detrás, al lado o delante de aquellos concejales socialistas estaba Ángel Franco. Durante estos últimos ocho años no se entiende ni uno solo de los escándalos protagonizados por el PSPV en la ciudad de Alicante sin la figura de Franco. Su penúltima intervención decisiva sirvió para que Pedro Sánchez venciera en las primarias de esa ciudad a Eduardo Madina y para que Ximo Puig se impusiera a Leire Pajín. Franco siempre ha sido un peón muy útil para los intereses de la dirección del PSPV y una marioneta en manos de Ortiz. Franco ha resistido al paso de varios secretarios generales socialistas porque a todos ellos les ha interesado más ganarse los votos de los militantes que el de los ciudadanos.

Los socialistas han tardado ocho años en librarse de un absceso que llevaba años supurando pus; pero el PP no tiene la menor intención de prescindir del personaje principal de la trama junto al promotor Enrique Ortiz: la alcaldesa de Alicante. Sonia Castedo debería estar fuera del Ayuntamiento desde hace mucho tiempo; pero su partido, al frente del cual se encuentra Alberto Fabra, no ha movido un dedo para prescindir de ella. Dicen los corifeos del president que el acta es personal y no se le puede retirar a nadie. Cierto, pero nada impide al PP abrirle un expediente de expulsión o presentar una moción de censura promovida desde el grupo popular y apoyada por las direcciones regional y provincial del partido. Mecanismos para remover a Castedo de su silla los hay sobrados. ¿Pero se quiere hacer? ¿En serio pretende Fabra hacer de la regeneración democrática el eje central de su discurso en el debate de política general? Qué paradoja.

Quienes se extrañan de que Podemos sea la segunda fuerza política en la Comunidad Valenciana no se enteran. Podemos se alimenta de los errores del PSOE y del descrédito del PP.