Sin pacto contra la pobreza

Los buenos propósitos con los que acabó el debate monográfico sobre la pobreza, que se celebró el pasado marzo en el Parlament, fueron criticados ampliamente en su día por las entidades sociales. Las medidas, aseguraron, eran insuficientes si no se aumentaba el presupuesto para ayudar al 20% de los catalanes que están en riesgo de exclusión. Seis meses más tarde, las críticas resurgen por el magro balance sobre la ejecución de las resoluciones que la Generalitat realizó hace dos semanas. “Aún no hemos ni firmado el Pacto de Lucha contra la Pobreza, el primer punto de la lista”, afirma Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector.

El Boletín Oficial del Parlament publicó el pasado 8 de septiembre un informe, firmado por la vicepresidenta Joana Ortega, donde se evalúa la resolución del pleno punto por punto. Se trata, sin embargo, de un texto que principalmente detalla los programas que el Gobierno ya tenía en marcha antes del pleno y que se ajustarían a los objetivos propuestos por los grupos en la sesión plenaria de marzo. En algunos aspectos, la Generalitat sencillamente responde que no puede hacer nada, como es el caso de hacer que el gasto social sea prioritario.

Las entidades, que se enteraron de la existencia del informe a través de este diario, reconocen que en algunos aspectos como el dispositivo de choque contra el hambre infantil durante el verano, los cambios en las becas comedor, la reforma del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) o los cambios legislativos sobre vivienda sí ha habido adelantos. Sin embargo, critican que aspectos claves como la pobreza energética —con el invierno al caer— sigan sin estar resueltos o que programas que deberían estar listos dentro de los seis primeros meses de su votación sigan colgando. “Se han hecho cosas, sí. Que la situación económica es difícil, también. Pero la pobreza es urgente. Causa malestar ver que sí hay celeridad para otras cosas”, apunta Teresa Crespo, directora de Entidades Catalanas de Acción Social y presidenta del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares. “Faltan indicadores claros para medir el impacto”, agrega Guiteras.

Pacto por la lucha contra la pobreza

El primer punto de la resolución del pleno instaba a la firma de este documento, que recoge la estrategia pública y del tercer sector. La última versión del documento recoge las propuestas que se aprobaron en el pleno y fue expuesta a los representantes de las entidades este mes. Aún no hay fecha para la firma.

El Gobierno, los partidos políticos y las entidades se han reunido en varias ocasiones pero aún no llegan a acuerdos. “El ambiente político no es proclive a pactos entre partidos”, lamenta Enric Morist, coordinador de Cruz Roja en Cataluña. El debate es el de siempre: las entidades piden más dinero para los programas de urgencia y la Generalitat replica que las arcas están vacías. En julio, la Mesa del Tercer sector propuso una ayuda de 465 euros para las 34.000 familias que no tienen ingresos, propuesta que aún no ha recibido respuesta. La consejera de Bienestar Neus Munté espera rubricar el pacto en diciembre. “No se puede esperar a firmar el pacto. Tiremos con lo que ya se aprobó en el pleno”, pide Crespo.

Una de las resoluciones también pide que el pago a las entidades sociales y a los entes locales referentes a la atención a las personas en situación vulnerable sean prioritarios. El balance de la Generalitat asegura que tiene que obedecer la ley de estabilidad presupuestaria: primero la deuda.

Pobreza en la infancia y en la adolescencia

El balance del inicio de curso que realizó la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cataluña (FAPAC) destacó la “simplificación burocrática” para acceder a las becas comedor. Àlex Castillo, presidente de la entidad cree que “ahora al menos una familia sabe al inicio de curso si tiene derecho a la beca o no y las condiciones son homogéneas en todo el territorio”. Esta era una de las metas recogidas dentro de la resolución. Castillo, sin embargo, considera que las 69.000 becas de este año son insuficientes.

Otro de los aspectos que tienen una buena valoración son las ayudas de choque para las actividades de verano para los niños de familias vulnerables y ayudar en la lucha contra el hambre cuando los colegios están cerrados. “Bienestar ha hecho un gran esfuerzo, se han puesto recursos. Sin embargo a nosotros nos ha tocado buscar financiación adicional para poder dar respuesta”, dice Rafael Ruiz de Gauna, de la Fundación Pere Tarrés. Munté destinó este verano 4,5 millones de euros para colonias y casales y dos millones para subvenciones extraordinarias para familias en riesgo de exclusión.

Acceso a bienes básicos

Aunque la Generalitat ya convocó la Mesa contra la Pobreza Energética, Guiteras recuerda que no se ha evaluado ni extendido el decreto que permitió que el pasado invierno muchas familias pudieran tener un hogar caliente. Empresa dice que lo hará próximamente. El balance tampoco especifica cómo se cristaliza el hecho de que la alimentación entre dentro de la cartera de servicios sociales.

Acceso al trabajo

La esperada reforma de las oficinas del SOC es uno de los aspectos que las entidades miran con expectativa. Si bien la Generalitat quiere privilegiar la colocación de personas en situación de vulnerabilidad, esto será más complicado para las agencias privadas que asuman el rol dadas las condiciones del mercado laboral. Teresa Crespo denuncia aquí otro incumplimiento. “El balance del pleno dice que el tercer sector participará en el órgano director del SOC. Ahora se nos ha quitado este puesto”, se queja. El pleno también había aprobado que antes de septiembre, el departamento liderado por Felip Puig presentara un plan de políticas activas para las personas con discapacidad. Se hará en octubre.

Derecho a la vivienda

El Departamento de Territorio aprobó en marzo el régimen jurídico de las viviendas de protección oficial. La Generalitat también defiende que se han logrado negociar 630 viviendas con entidades bancarias para personas desahuciadas y está negociando 600 más con el Sareb. “Aquí no hay nada nuevo, son cosas que ya se estaban haciendo”, aclara Mercè Darnell, responsable de Programas y Servicios de Cáritas. La Generalitat aquí también rechaza de plano la posibilidad de obligar el arbitraje antes de un desahucio, pues “se configura como derecho procesal”, competencia del Estado.

Redistribución de la riqueza

Antes de la realización del pleno la Generalitat ya había aprobado hacer un gran esfuerzo presupuestario —40 millones de euros adicionales— para aumentar el presupuesto destinado a la Renta Mínima de Inserción. El informe dice que al cierre de junio “todos los expedientes que tenían un informe favorable ya están en nómina”. Crespo se pregunta cuántos expedientes se encuentran aún en estudio. Empresa también pone en valor el programa de trabajo y formación para beneficiarios de dicha ayuda, aunque no señala cuántas han logrado un empleo.

Finalmente, Puig dice estar estudiando conceder los complementos de inserción laboral a las personas que encuentren un trabajo, pero recuerda que el éxito de este incentivo lo pone en duda un informe del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas.

El pleno de la pobreza pidió “reformas fiscales para incrementar la progresividad y la capacidad redistributiva”. La Generalitat dice que ha subido los impuestos de sucesiones y patrimonio y ha creado la tasa turística.