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“Por fin los políticos nos escuchan”

Los británicos dueños de casas ilegales valoran la regularización anunciada por la Junta

Medio Ambiente admite una baja aplicación del decreto de legalización de 2012

Gary Miles, Philip Smalley y Mario Blancke.
Gary Miles, Philip Smalley y Mario Blancke.

La modificación de la ley urbanística para regularizar casas ilegales anunciada esta semana por la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha desencadenado reacciones para todos los gustos. Apoyos en el PSOE, dudas en IU, escepticismo en el PP y críticas de los ecologistas. La noticia ha levantado algo el ánimo a los extranjeros —muchos británicos— que llevan años con la amenaza del derribo sobre sus casas, levantadas en la Costa del Sol y el levante almeriense en zonas donde no se podía construir. Los británicos han contado incluso con el apoyo de la embajada del Reino Unido, que presiona para lograr que se regularicen más casas de las que está dispuesta a salvar la Junta, que cifra en unas 25.000 las viviendas que se beneficiarán del cambio.

La mayoría de propietarios de las casas en suelo no urbanizable que salpican la comarca malagueña de la Axarquía son británicos. Gary Miles compró hace una década una vivienda en el campo a una inmobiliaria, en La Viñuela. Recurre a los argumentos de la gran parte de los afectados: son compradores de buena fe y nadie les alertó de que podían estar cometiendo una ilegalidad. “En algunos casos hubo engaños, en otros, no”, opina Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta, quien huye de las generalizaciones.

“Pagué mis impuestos y nadie me dijo nada, ni el abogado, ni el Ayuntamiento”, añade Miles. Tiene 56 años y dos hijos que se están criando en el pueblo. Sostiene que toda la tramitación fue correcta, idea que refuerza Mario Blancke. “Somos ilegales desde el punto de vista jurídico y urbanístico, pero no fiscal”, relata este belga residente en España desde hace 24 años. Afirma que abonó todas las tasas que le pidieron y paga el IBI. Su casa, levantada en 2004 en un terreno de 5.000 metros cuadrados de Alcaucín, tiene licencia, certificado de final de obra y está inscrita en el catastro.

Quejas de los fiscales

La aprobación del decreto de 2012 de regularización de casas ilegales fue la constatación del fracaso de las instituciones, que no impidieron el crecimiento descontrolado de este fenómeno durante décadas. Fallaron los Ayuntamientos —en el mejor de los casos, los alcaldes miraron para otro lado; en el peor, incentivaron las construcciones ilegales— y falló la Junta —con competencias en control urbanístico—. Falló también la justicia. En Málaga, por ejemplo, sólo se han demolido 16 casas ilegales por orden judicial durante todo 2013, pese a existir miles de edificaciones irregulares. En la provincia de Sevilla, fueron 15 los derribos el año pasado.

Estos datos salen de la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía. En el apartado dedicado al medio ambiente, los fiscales especializados se quejan de falta de medios y de la “dilación en la ejecución de las demoliciones”, como resaltan desde Cádiz. Pero también hay críticas a los efectos que ha tenido el decreto de 2012 de la Junta. Esa norma, según la fiscalía especializada de Córdoba, ha supuesto “el incremento de sentencias absolutorias”. La fiscalía delegada de Jaén también lamenta que, pese a que el ministerio público pide la demolición, las sentencias condenatorias no acuerdan esta medida.

Blancke es uno de los portavoces de SOHA, acrónimo en inglés que se traduce como Salvemos nuestras casas en la Axarquía. Constituida como asociación en 2008, la plataforma empezó su actividad dos años antes, cuando aumentaron las impugnaciones de licencias por construir en suelo no urbanizable y la sombra del derribo empezó a sobrevolar. Ahora tienen 1.000 miembros, entre los que también hay españoles.

Blancke se presentó en 2011 como candidato a las municipales. Actualmente es concejal de Urbanismo de Alcaucín, el primer municipio del interior de la provincia de Málaga al que salpicó la corrupción, en 2009, con una macrocausa que está pendiente de juicio. “El anuncio de la Junta es muy positivo”, afirma Blancke, que no esconde su alegría pese a que opta por la cautela hasta la aprobación del decreto. “Es un logro para todos y se ha dado el primer paso en la buena dirección”, añade. “Por fin los políticos están escuchándonos”, recalca Philip Smalley, inglés de 67 años presidente de SOHA. Reitera que se trata sólo del inicio y que quieren salvar todas las viviendas.

Lo que ellos consideran un “primer paso” positivo —idénticas palabras utiliza la embajada británica para valorar el anuncio de la Junta— para Ecologistas en Acción es una brecha abierta para la impunidad. “Se abren las puertas a que se legalice todo lo construido en suelos no urbanizables”, sostiene Juan Clavero, representante de esta asociación.

La Consejería de Medio Ambiente afirma que la modificación anunciada de la ley urbanística andaluza, la LOUA, es sólo una ampliación del decreto de 2012 que la Junta aprobó para dar una salida a unas 250.000 viviendas. El decreto fijó soluciones para las casas ilegales ubicadas en “asentamientos urbanísticos” y los denominados “hábitats rurales diseminados”. Había un tercer tipo —las “aisladas”, que no podían encuadrarse dentro de las otras dos categorías— a las que también se les ofrecía la regularización.

Pero fuera del decreto se quedaron las casas aisladas levantadas en pequeñas parcelaciones —divisiones del terreno para construir varias viviendas— en zonas no urbanizables. Fueron excluidas porque el artículo 185 de la LOUA fija que la parcelación es una falta que nunca prescribe, mientras que el resto de incumplimientos caduca a los seis años.

Lo que hará ahora la consejería será cambiar ese artículo para que parcelar también prescriba a los seis años y las casas puedan ser regularizadas, que no legalizadas. Los propietarios se asegurarán que no habrá derribo, siempre que no tengan abierto un expediente judicial o administrativo. Pero Masegosa asegura que este cambio sólo afectará a los casos de viviendas aisladas, no a las grandes urbanizaciones, que seguirán teniendo como vía de legalización el decreto de 2012. Masegosa reconoce que la aplicación en estos dos años de vigencia ha sido muy baja. Lo achaca a la lentitud de los cambios administrativos necesarios y a la “crisis”, ya que el proceso se culmina cuando los propietarios pagan las obras de urbanización necesarias para normalizar su situación.

Para que se inicie el proceso hace falta que los Ayuntamientos incluyan en su planeamiento los asentamientos y hábitats diseminados. De los 772 municipios andaluces, 108 han empezado ese trámite. “Los avances” están ya listos en 60 localidades, con lo que sólo faltaría el último paso, que los dueños se agrupen y paguen los gastos de urbanización.

En el caso de las casas aisladas no hace falta esa modificación del planeamiento. Basta con que los Consistorios emitan “declaraciones de innecesariedad”. 163 municipios las han realizado en este tiempo. Esta vía de regularización es más rápida, porque no implica el mismo desembolso de los dueños que en el caso de las grandes urbanizaciones. La consejería dice desconocer el número de casas aisladas que se han regularizado a través de este camino.

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