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La pisada del franquismo se enquista

La simbología del régimen de Franco pervive en escudos, calles y cruces en multitud de Ayuntamientos gallegos aunque la ley obligue a retirarlos

Escudo preconstitucional en el edificio de Aduanas, en Ferrol Vello.
Escudo preconstitucional en el edificio de Aduanas, en Ferrol Vello.GABRIEL TIZON

A Galicia le está costando agrias polémicas políticas y judiciales borrar de su patrimonio la dolorosa huella de cuatro décadas de franquismo incluso 39 años después de la muerte del dictador. Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica (52/2007), que hace siete años dejó claro que las Administraciones públicas están obligadas a retirar cualquier vestigio del régimen preconstitucional, ha puesto fin a una controversia que se reabre cada dos por tres.

Escudos preconstitucionales en la fachada de inmuebles o colegios públicos, placas con el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, adheridos a grupos de viviendas o en docenas de fuentes o lavaderos repartidos por toda la orografía gallega y calles que aún llevan el nombre de los militares que armaron el golpe de Estado contra la II República en 1936: General Sanjurjo, Almirante Vierna, Francisco y Salvador Moreno Fernández, son algunos ejemplos frecuentes.

El último caso en alimentar este debate es la Cruz “a los caídos” del monte de O Castro que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se niega a retirar aunque una sentencia reciente se lo ordena. Disconforme con el fallo, el regidor socialista anunció que lo recurrirá hasta donde haga falta para que la cruz franquista se quede donde está. Este ostentoso monolito de piedra, con sus 12 metros clavados en vertical en la falda del monte vigués, lo erigió la Falange para honrar a las víctimas de un solo bando, el nacional, y a su inauguración, en 1961, acudió Franco en persona.

La cruz está en el centro de la pelea administrativa que enfrenta al gobierno con la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica, que lleva tres años pugnando para que el Ayuntamiento se pliegue a la ley y la retire. La primera negativa de Caballero a quitar el monolito de O Castro fue una resolución del Gobierno local fechada el 1 de marzo de 2013 que la entidad recurrió en los tribunales. El juez, Antonio Martínez Quintanar, titular del Contencioso número dos de Vigo, les ha dado la razón en una sentencia fechada el 4 de septiembre que ordena al Gobierno local su retirada inmediata. El socialista se resiste aduciendo que es un símbolo religioso sin apellido y limpio de connotaciones fascistas, y vuelve a sintonizar con el PP, su inesperado socio presupuestario, que tampoco ve mayor problema en dejar la cruz en su sitio. Se excusa, Caballero, en el lavado de cara que le hicieron en los ochenta —fue una decisión de la primera corporación democrática en junio de 1981— para retirar los escudos y placas que adornaban la base con loas al régimen. No dice lo mismo la sentencia, que dedica dos de las 19 páginas a analizar la simbología de la cruz y cita el informe pericial del historiador José Ramón Rodríguez Lago, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, para concluir que su naturaleza es ineludiblemente franquista, además de una “humillación innecesaria y un sufrimiento añadido” para sus víctimas.

La cruz de Vigo no es un caso aislado ni el último rescoldo del franquismo que Galicia tienen pendiente de eliminar aunque probablemente es el más ostentoso de todos lo que quedan. El choque entre el Ayuntamiento y las asociaciones de la memoria histórica tienen su réplica en otros municipios gallegos. No hace mucho que Ferrol, ciudad natal de Franco, batallaba con el mismo dilema que Vigo. La Cruz de los Caídos de la plaza de Amboage, en pleno centro urbano hasta 2010, se retiró aprovechando una reforma urbanística y fue uno de los últimos vestigios en salir de un espacio público en una urbe que los tenía por docenas y que aún tiene deberes pendientes en el callejero del Arsenal militar para rebautizar la glorieta del Generalísimo, la avenida Salvador Moreno, la plaza Marqués de Alborán y las calles Carrero Blanco, Honorio Cornejo, Almirante Vierna y Crucero Baleares, que rinden homenaje a los golpistas y las fuerzas que arroparon a Franco para derrocar la II República.

La cruz de Amboage era más pequeña que la de O Castro pero compartía la misma naturaleza falangista y era el blanco favorito de las pintadas independentistas. La polémica quedó empequeñecida por el trasiego que ya supuso, en julio de 2002, quitar la enorme estatua ecuestre de Franco que presidía la entrada a Ferrol por la plaza de España. Se la llevaron en una jaula, entre aplausos y abucheos, y la aparcaron ocho años en la entrada del Museo Naval hasta que el Ministerio de Defensa, en marzo de 2010, se decidió a esconderla dentro de un recinto militar, tapada por una lona, para alejarla de turistas y curiosos que se dejaban caer para hacerse una foto. El Gobierno ferrolano ya retiró el escudo preconstitucional de la escalinata del consistorio y otro más de la biblioteca. Queda pendiente uno que preside la puerta del edificio de Aduanas, en Ferrol Vello.

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A Coruña: la dictadura en 52 huellas

L. B.

A Galicia le está costando agrias polémicas políticas y judiciales borrar de su patrimonio la dolorosa huella de cuatro décadas de franquismo incluso 39 años después de la muerte del dictador. Ni siquiera la Ley de Memoria Histórica (52/2007), que hace siete años dejó claro que las Administraciones públicas están obligadas a retirar cualquier vestigio del régimen preconstitucional, ha puesto fin a una controversia que se reabre cada dos por tres.

Escudos preconstitucionales en la fachada de inmuebles o colegios públicos, placas con el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, adheridos a grupos de viviendas o en docenas de fuentes o lavaderos repartidos por toda la orografía gallega y calles que aún llevan el nombre de los militares que armaron el golpe de Estado contra la II República en 1936: General Sanjurjo, Almirante Vierna, Francisco y Salvador Moreno Fernández, son algunos ejemplos frecuentes.

El último caso en alimentar este debate es la Cruz “a los caídos” del monte de O Castro que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se niega a retirar aunque una sentencia reciente se lo ordena. Disconforme con el fallo, el regidor socialista anunció que lo recurrirá hasta donde haga falta para que la cruz franquista se quede donde está. Este ostentoso monolito de piedra, con sus 12 metros clavados en vertical en la falda del monte vigués, lo erigió la Falange para honrar a las víctimas de un solo bando, el nacional, y a su inauguración, en 1961, acudió Franco en persona.

La cruz está en el centro de la pelea administrativa que enfrenta al gobierno con la Asociación Viguesa pola Memoria Histórica, que lleva tres años pugnando para que el Ayuntamiento se pliegue a la ley y la retire. La primera negativa de Caballero a quitar el monolito de O Castro fue una resolución del Gobierno local fechada el 1 de marzo de 2013 que la entidad recurrió en los tribunales. El juez, Antonio Martínez Quintanar, titular del Contencioso número dos de Vigo, les ha dado la razón en una sentencia fechada el 4 de septiembre que ordena al Gobierno local su retirada inmediata. El socialista se resiste aduciendo que es un símbolo religioso sin apellido y limpio de connotaciones fascistas, y vuelve a sintonizar con el PP, su inesperado socio presupuestario, que tampoco ve mayor problema en dejar la cruz en su sitio. Se excusa, Caballero, en el lavado de cara que le hicieron en los ochenta —fue una decisión de la primera corporación democrática en junio de 1981— para retirar los escudos y placas que adornaban la base con loas al régimen. No dice lo mismo la sentencia, que dedica dos de las 19 páginas a analizar la simbología de la cruz y cita el informe pericial del historiador José Ramón Rodríguez Lago, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Vigo, para concluir que su naturaleza es ineludiblemente franquista, además de una “humillación innecesaria y un sufrimiento añadido” para sus víctimas.

La cruz de Vigo no es un caso aislado ni el último rescoldo del franquismo que Galicia tienen pendiente de eliminar aunque probablemente es el más ostentoso de todos lo que quedan. El choque entre el Ayuntamiento y las asociaciones de la memoria histórica tienen su réplica en otros municipios gallegos. No hace mucho que Ferrol, ciudad natal de Franco, batallaba con el mismo dilema que Vigo. La Cruz de los Caídos de la plaza de Amboage, en pleno centro urbano hasta 2010, se retiró aprovechando una reforma urbanística y fue uno de los últimos vestigios en salir de un espacio público en una urbe que los tenía por docenas y que aún tiene deberes pendientes en el callejero del Arsenal militar para rebautizar la glorieta del Generalísimo, la avenida Salvador Moreno, la plaza Marqués de Alborán y las calles Carrero Blanco, Honorio Cornejo, Almirante Vierna y Crucero Baleares, que rinden homenaje a los golpistas y las fuerzas que arroparon a Franco para derrocar la II República.

La cruz de Amboage era más pequeña que la de O Castro pero compartía la misma naturaleza falangista y era el blanco favorito de las pintadas independentistas. La polémica quedó empequeñecida por el trasiego que ya supuso, en julio de 2002, quitar la enorme estatua ecuestre de Franco que presidía la entrada a Ferrol por la plaza de España. Se la llevaron en una jaula, entre aplausos y abucheos, y la aparcaron ocho años en la entrada del Museo Naval hasta que el Ministerio de Defensa, en marzo de 2010, se decidió a esconderla dentro de un recinto militar, tapada por una lona, para alejarla de turistas y curiosos que se dejaban caer para hacerse una foto. El Gobierno ferrolano ya retiró el escudo preconstitucional de la escalinata del consistorio y otro más de la biblioteca. Queda pendiente uno que preside la puerta del edificio de Aduanas, en Ferrol Vello.

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