García se escuda en la falta de personal

Alfredo García, que también es vicepresidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y portavoz del PSdeG en este organismo, reconoce el limbo legal en el que ha mantenido los dos contratos municipales investigados, pero achaca la anómala situación a la ausencia de técnicos o secretaria en la institución local, lo que le habría impedido formalizar la renovación durante cinco años.

“Todo huele a estrategia”, afirma el socialista. El alcalde, un hombre de carácter firme que controla con solidez el socialismo local, defiende que está siendo víctima de oscuras maniobras del PP para desprestigiarle ante la proximidad de las elecciones locales. En los comicios de 2011, los populares recortaron distancias y el PSdeG pasó a gobernar la localidad con nueve ediles frente a siete del PP y uno del BNG.

“En este país hay problemas de corrupción y cuando hablo de corrupción, me refiero a gente que se lleva dinero y parece que interesa mezclar todo para que parezca que estamos en ese mismo problema”, advierte. “No hubo beneficio hacia ninguna empresa y eran servicios que había que prestar necesariamente”, asegura. Desde que recibió la imputación, García insiste una y otra vez en que todo quedará en nada “porque es lo mismo que ya denunciaron anteriormente”. Y es que no es la primera vez que el caso aterriza en los juzgados. El pasado año, la fiscalía de Ourense investigó los hechos pero archivó las diligencias tras concluir que el gobierno de O Barco actuó “al margen de la legalidad por omisión de sus funciones respecto a la ORA generando una situación sin cobertura legal que no supone que dicha conducta sea delictiva”.

Los populares sostienen que el alcalde ha mantenido “a sabiendas una actitud claramente prevaricadora” para favorecer a las empresas, ya que mediante esas prórrogas irregulares, presuntamente, “evita que este tipo de contrataciones estén sujetas a las exigencias y requisitos legales de un contrato de cuantía mayor”. La denuncia incluso afirma que el concurso convocado este año en el que la empresa de la ORA volvió a ganar la concesión fue un paripé. “No es cierto que no pudiesen renovar los contratos por la falta de técnicos porque durante ese mismo período de tiempo el alcalde impulsó otros procedimientos administrativos”, matiza el portavoz del PP, Moisés Blanco. “¿Por qué unos sí y otros no?”, pregunta el popular.