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El alcalde de O Barco adjudicó servicios municipales sin contrato durante años

El juez investiga si García delinquió al dar las concesiones de la limpieza y la ORA La intervención formuló 69 reparos suspensivos por los pagos a Limpival

El regidor de O Barco, a su llegada a una reunión del PSdeG en Ourense en enero pasado.
El regidor de O Barco, a su llegada a una reunión del PSdeG en Ourense en enero pasado.NACHO GÓMEZ

Durante un lustro, los 15.000 vecinos de O Barco de Valdeorras (Ourense) pagaron multas y tasas por aparcar sus vehículos en las calles a una empresa que no tenía contrato con el Ayuntamiento. Simultáneamente y durante 30 meses, el gobierno local socialista abonó más de 300.000 euros públicos a la empresa que limpiaba edificios municipales y que también tenía el contrato caducado. Estas dos prórrogas, supuestamente irregulares, han imputado ahora al regidor, Alfredo García, un histórico cargo del PSdeG-PSOE que gobierna esta villa ourensana desde hace 14 años encadenando sólidas mayorías absolutas.

Tras una denuncia del grupo municipal del PP, el juez indaga presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en dos concesiones —la ORA y la limpieza de instalaciones— prestadas sin sustento legal. El próximo 21 de octubre, García deberá explicar al instructor por qué mantuvo ambos servicios sin contrato durante tanto tiempo.

En 2009 y mediante un decreto de alcaldía, el Ayuntamiento firmó con Limpiezas Valdeorras (Limpival) un contrato de 104.000 euros y un año de duración. Era improrrogable. Sin embargo, esta empresa mantuvo la concesión hasta mayo de 2013, habiendo recibido durante ese período el triple de dinero estipulado en el contrato. En la documentación recabada por el juez figura un informe de fiscalización de noviembre de 2010 en el que ya se alertaba a los políticos locales de que el abono periódico de esas facturas provocaría el sobrepaso de los “importes previstos para un contrato menor de servicios o incluso negociado”. Esa advertencia no fue la única. Estos pagos reiterados fueron tumbados por la intervención mediante 69 reparos suspensivos que el alcalde ignoró y levantó mediante un proceder legal.

Además del servicio de limpieza, la ORA también está bajo la lupa de la justicia. Dornier, SA, una sociedad perteneciente a la multinacional Empark, firmó en 2005 su primera concesión en O Barco. Dos años después fue prorrogada hasta 2009 y desde entonces y durante cinco años, la empresa gestionó la zona azul sin contrato.

Dornier tampoco ingresó en las arcas municipales el canon anual derivado del cobro de tasas por aparcar en la vía pública ya que, tras vencer el contrato, declaró pérdidas en sus cuentas, incluso tras ampliar la zona azul hasta las casi 600 plazas públicas de aparcamiento que actualmente están sometidas a la ORA en la localidad ourensana. Y es que, por contrato, las pérdidas eximían del pago. A pesar de los números rojos y tras un lustro en el limbo legal, Dornier mantuvo su interés y en junio de 2014 volvió a ganar la concesión entre airadas protestas de PP y BNG, los dos grupos de la oposición.

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