La causa superará los dos millones de folios y afectará a miles de empresas

La dimensión del caso de las ayudas de la formación está definida por un dato astronómico: dos millones de folios que, apilados, superan los 200 metros de altura. Es la estimación que la juez Mercedes Alaya hace sobre el volumen inicial de la causa: “La documentación a escanear podría alcanzar los dos millones de folios”, subraya la instructora en una providencia del pasado 11 de julio. Para evitar que el descomunal volumen de información pendiente de investigar se transforme en nuevas habitaciones repletas de papel en el juzgado, Alaya ha ordenado a la Junta el escaneado de ese material.

Sin embargo, esta tarea ha incluido un cruce de reproches entre el Gobierno andaluz y la magistrada antes del verano para concretar la ubicación de los expedientes que reclama Alaya y el formato ideal para agilizar los trabajos y que los investigadores puedan acceder a la prolija información, que ya ha presentado problemas de acceso.

Para empezar, la juez reclama un “desplegable” o sábana que condense todas las ayudas y los miles de empresas beneficiadas durante toda una década, como un mapa orientativo. En este cruce de reproches, Alaya dio cinco días a la Junta para que le remitiera de una vez la información: “No habiéndose recibido ninguna de la información solicita a la Dirección General de Formación para el Empleo (...) haga entrega de forma inmediata y sin dilación alguna a los agentes de la Guardia Civil”.

Las cifras astronómicas en las causas de Alaya son habituales (227 imputados, 80 tomos, más de 300.000 folios en los ERE tras casi cuatro años de instrucción). Sin embargo, la dimensión de esta nueva causa deja pequeño cualquier sumario anterior. Y los riesgos son numerosos, pero el principal peligro que implica tal concentración de diligencias en una sola persona es la prescripción de delitos. En el caso ERE, la Fiscalía Anticorrupción alertó del “crecimiento desmesurado y no justificado” del volumen del caso. Para los fiscales, tantas investigaciones en paralelo provocan “una dispersión de los recursos humanos y materiales de la Administración de justicia” que causan la “demora” en la resolución de las investigaciones.

Si en los ERE el informe de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, supuso el pasado diciembre un espaldarazo técnico clave a las pesquisas, ahora Alaya se ha adelantado y ha querido contar con su opinión desde el principio. De este modo, para analizar las ayudas de la formación la juez cuenta desde el 12 de marzo con el auxilio de los mismos auditores que censuraron el procedimiento de pago en los ERE (las llamadas transferencias de financiación, que permitían agilizar los pagos a costa de sacrificar controles de fiscalización).

La Intervención del Estado ofreció a Alaya que contara con la Intervención General de la Junta, pero esta rechazó la idea y optó por tres de los cuatro auditores del Estado conocidos, ya que uno ha declinado por problemas de salud. A esta opinión técnica de los inspectores de Hacienda, Alaya suma el dictamen —muy crítico— de los inspectores de Trabajo del Ministerio de Empleo sobre las ayudas que el Gobierno andaluz concedió tras la desaparición de la multinacional Delphi en Cádiz.