La juez Alaya amplía la imputación del exconsejero de Innovación Martín Soler

Pese a que a mediados de agosto elevó la causa al Tribunal Supremo, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, no ha cesado la instrucción. En un auto emitido este lunes, la magistrada amplía la imputación contra el exconsejero de Innovación Martín Soler y lo cita de nuevo a declarar por su papel en la subvención otorgada a la empresa Avantia Ticsa. El ex alto cargo deberá comparecer ante la juez el próximo 22 de septiembre a las 12.45.

La juez Alaya señala en su escrito que, "realizando un repaso de las medidas cautelares sobre los imputados que han declarado", aprecia que al exconsejero no se le imputó "expresamente" la autorización de pago, en marzo de 2010, de una subvención de 450.000 euros a dicha empresa. Una ayuda, recuerda la juez, concedida por la Consejería de Empleo con cargo a los fondos de la de Innovación. Soler compareció ante la juez el pasado 17 de junio y se le imputó dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En su anterior comparecencia, Soler se acogió a su derecho a no declarar, entre otros motivos, porque “no se ha incorporado a las actuaciones” el atestado de la Guardia Civil sobre el IFA e Idea. Así lo argumentó su defensa en un escrito presentado en el juzgado y en el que alegó que el exconsejero “nunca” tuvo conocimiento del informe en el que la Intervención General de la Junta alertaba de presuntas irregularidades en los ERE.

Este informe es la base del auto de imputación. Según Alaya, Soler recibió el 4 de noviembre de 2009 el análisis definitivo de la Intervención sobre el ejercicio de 2008 de la agencia Idea. “[El informe] volvía a poner de manifiesto y concluía que el procedimiento administrativo utilizado por Empleo, transferencias de financiación de explotación, no se consideraba adecuado para financiar el gasto público realizado”, señala la juez. Pese a ello, Soler siguió “abonando las subvenciones”. Su defensa mantiene que “no llegó a recibir personalmente ni conoció en aquel momento” dicho documento. Lo vio, mantiene, con ocasión de su comparecencia en la comisión de investigación sobre los ERE del Parlamento.

En el escrito, en el que solicita “la remoción de su imputación”, el letrado alegó que “ni Soler ni ningún consejero tiene entre sus funciones y cometidos la lectura y revisión de los informes de naturaleza técnica que emite la Intervención, pues esa es una labor que compete al personal adscrito al efecto”. Por esta razón, señaló, “imaginar” que Soler vio dicho informe es, “más allá de situarse en el terreno de la pura y conjetural sospecha, desconocer el verdadero funcionamiento” de la Administración. Sobre el contenido del informe, la defensa alegó que la Intervención advertía de que el procedimiento de las transferencias de financiación “no se considera el adecuado” pero no recomendaba “ninguna medida, absolutamente ninguna, respecto al programa 31L”.