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El 25% de las escuelas públicas de Barcelona concentra alumnos vulnerables

El Departamento de Enseñanza clasifica a 314 centros catalanes como “de máxima complejidad”

Colgadores de una escuela de primaria de Barcelona que muestra la diversidad cultural.
Colgadores de una escuela de primaria de Barcelona que muestra la diversidad cultural.CARLES RIBAS

Sants ha sido tradicionalmente un barrio obrero y popular, pero no de los más vulnerables socioeconómicamente. En los últimos años la crisis está haciendo mella en muchos hogares y la escuela los refleja. En uno de los centros del distrito comentan que si hace cinco años los alumnos de familias con dificultades eran el 35%, ahora llegan ya al 70%. Esta escuela ha sido incluida en la lista de 314 centros educativos públicos de toda Cataluña considerados como de “máxima complejidad” por el perfil socioeconómico de los alumnos y sus familias. De estos, 62 están en Barcelona, lo que supone un 25% del total de 247 escuelas e institutos públicos de la capital.

La clasificación se ha elaborado teniendo en cuenta variables relacionadas con los padres (su profesión, nivel formativo, si están en paro y si perciben la renta mínima de inserción) y con el tipo de alumnado (porcentaje con dificultades de aprendizaje y porcentaje de inmigrantes). La lista, que consta en una resolución del Departamento de Enseñanza con fecha de 14 de mayo, se ha hecho pensando en el conocido como Decreto de Plantillas, que regula, entre otras cosas, cómo se selecciona el profesorado, pero que ha generado mucha polémica porque permite a los directores fijar el perfil de la mitad de los profesores que ocuparán las vacantes y decidir qué tipo de profesor interino quieren contratar, independientemente de su puntuación en la bolsa, que es como ahora se cubren las plazas.

El decreto de plantillas, aprobado en marzo, ya avanzaba que Enseñanza debía revisar la clasificación de los centros. Hasta ahora el Departamento usaba tres tipos de clasificación diferentes, que se han unificado en una sola. Detectar los de máxima complejidad era un paso previo para aplicar algunos de los puntos del decreto, como por ejemplo, que los profesores funcionarios destinados a estos tipos de centro acumularán más puntos en su cartera de méritos, así que tendrán más ventajas, por ejemplo, a la hora de pedir traslados. Además, cuando se produzca una vacante en estos centros especiales, los directores podrán decidir el perfil hasta el 100% de las plazas (el 50% en el resto de centros).

Directores de centros escolares y expertos reclaman más recursos para no crear guetos

Pero aparte de estas ventajas, los centros de máxima complejidad en su mayoría no recibirán recursos adicionales. Solo han obtenido algún profesor adicional o asesoramiento especial los 72 que han participado en las auditorías pedagógicas por sus malos resultados. Actualmente solo tienen un tratamiento especial los 104 centros conocidos como de Atención Educativa Preferente (CAEP), también incluidos en la lista de 314 de la resolución. Desde una de estas escuelas de Girona explican que tienen un porcentaje más alto de profesores, más recursos económicos y que los interinos no están obligados a aceptar una oferta cuando se les ha destinado a este tipo de centros. En estos casos los funcionarios también tienen más puntos y los directores ya tienen cierto poder para elegir a los interinos.

Pero en el momento de los recortes, se quejan de que la tijera ha pasado igual por todos los centros. La dirección de este CAEP asegura que en tres años han perdido tres profesores y una tercera parte de las horas del Equipo de Atención Psicopedagógica (EAP), formados por psicólogos, pedagogos y asistentes sociales que ayudan a los alumnos con dificultades. “Todo recurso se echa a faltar”, lamenta su directora.

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En la escuela de Sants se quejan de haber perdido un profesor de Primaria y media jornada del aula de acogida. “Antes podíamos hacer muchos desdoblamientos para trabajar con alumnos con más dificultades, porque no es lo mismo dar clase para 22 que para 11”, tercia la directora, quien lamenta el efecto de los recortes. “Todo lo que hemos conseguido los profesores y las escuelas en 30 años lo hemos perdido en uno. En muchos aspectos nos hemos quedado desnudos, especialmente en lo que afecta a la atención de los alumnos más vulnerables”.

Las escuelas públicas no recibirán  recursos adicionales para afrontar el problema

Desde un instituto del norte de Barcelona, que también ha pasado a ser clasificado como de máxima dificultad, explican que los recortes les han afectado proporcionalmente más que a otros centros. “En nuestras aulas se dan más casos de alumnos con dificultad, de niños desatendidos o con problemas de alimentación y falta de recursos para comprar libros y material”, abunda el director.

Con el enquistamiento de la crisis y el hundimiento de cada día más economías familiares, los directores y expertos piden revertir los recortes e inyectar más recursos económicos y humanos para evitar que las escuelas públicas se conviertan en guetos. “Sí que hay riesgo de crear guetos, pero si te dan más recursos las diferencias entre los centros desaparecen”, defiende la directora de la escuela de Sants. “Las dificultades son de los padres, pero ello no determina la inteligencia o la capacidad de los chicos, solo influye en la falta de recursos para comprar material o para el comedor. Pero con más dinero, esto se diluye”, añade.

Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, experta en temas educativos, coincide en ello, pero abre una nueva vía alertando de que también existe el peligro de que la escuela pública se polarice entre las que concentren los alumnos vulnerables y las que no. Palacín reclama a la Generalitat un cambio en la gestión y fijar un mínimo de plazas para alumnos vulnerables en centros públicos y concertados. “A lo mejor quedarían cinco alumnos con dificultades por clase y se quitaría así presión a algunas escuelas. Pero hay que pedir más corresponsabilidad tanto a la concertada como a la pública, porque hay algunas escuelas que son como oasis blindados y esto la Generalitat no lo puede permitir”, remacha Palacín.

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