Un juzgado pide a la Politécnica el contrato de un curso de informática

El juzgado de instrucción número 32 ha pedido a la Universidad Politécnica que le entregue la documentación relativa a la contratación en 2007 de una empresa para impartir cursos de iniciación a la informática. Una adjudicación que, según la Fiscalía, pudo haberse realizado sin justificar la fórmula elegida para contratar. El auto, con fecha de 28 de julio, da diez días a la universidad para presentar los documentos "que le han sido requeridos en reiteradas ocasiones". De lo contrario, advierte de que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

El auto de la juez Rosa María Freire Pérez responde a la petición de la fiscal, que había solicitado "reiteradamente" los documentos sobre esa gestión. En concreto, pide los pliegos administrativos y técnicos, así como las memorias del expediente de contratación, haciendo especial hincapié en "la motivación específica para la contratación mediante negociado sin publicidad". Ello, afirma el escrito de la Fiscalía, "por cuanto examinada la documentación remitida resulta que se adjudicó un negociado sin publicidad a una empresa, pero no se justificaron los motivos del procedimiento administrativo". Continúa diciendo que "en esta larga instrucción, se ha solicitado reiteradamente la justificación sin que hasta el momento se haya incorporado a la causa".

El procedimiento de diligencias previas se abrió a raíz de una denuncia particular por supuesta malversación de caudales públicos presentada en noviembre de 2011. La Universidad Politécnica reconoce su existencia y asegura que "está a disposición del juzgado correspondiente y cumplirá sus requerimientos". Según el centro, la causa se refiere a una subvención que el Ministerio de Industria concedió en 2007 para un proyecto dirigido por Manuel López Quero, doctor ingeniero de Montes y profesor de la universidad. "La subvención fue justificada en su día al ministerio. Posteriormente, el Tribunal de Cuentas dio por correcto el procedimiento utilizado", señaló este miércoles la universidad en una respuesta por escrito.

La adjudicación se produjo por el procedimiento de concurso negociado sin publicidad, según un informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad que analizó las finanzas correspondientes al ejercicio de 2008 de la Politécnica y de sus entidades dependientes. "No consta que se consultara a más empresas. Se elige a la adjudicataria por ser 'la única empresa en el mercado con total experiencia en este tipo de trabajos". La normativa de contratos con la Administración pública establece que ese procedimiento sin publicidad puede utilizarse, por ejemplo, cuando en concurso abierto nadie ha presentado su oferta o cuando, por razones técnicas, la tarea solo se puede encomendar a un único empresario.

La empresa en cuestión, con sede en Almería y vinculada al sector inmobiliario, según indica el informe de la Cámara, fue contratada para impartir cursos de iniciación a la informática. El presupuesto de licitación fijado en el pliego administrativo y en el contrato que ahora pide la juez fue de 491.260 euros. "Es inimaginable que la universidad pública con más catedráticos y profesores titulares en ciencias de la computación de España pague esa cantidad a una empresa de un grupo inmobiliario por cursos de iniciación a la informática", argumentaba el denunciante en su escrito de 2011.

La propia Cámara de Cuentas señaló en un informe hecho público la semana pasada que la Fundación General de la Universidad Politécnica, encargada también de gestionar proyectos de investigación, había hecho pagos a familiares de profesores responsables de esos proyectos. Al menos 310.000 euros fueron a parar a los bolsillos de esposas e hijos de coordinadores. Los familiares cobraron entre 10.000 y 40.000 euros por tareas de colaboración, como copiar textos de Power Point o traducir documentos técnicos. El informe revelaba también gastos por valor de 50.000 euros "sin justificar y en ocasiones privados", como viajes en época de vacaciones, que la universidad justificó por la imposibilidad de algunos profesores de realizar esos desplazamientos, necesarios para los proyectos de investigación, en período lectivo.

La fundación de la Politécnica, que en sus alegaciones había calificado de "sensacionalistas" algunas de las observaciones del órgano fiscalizador, anunció el pasado martes la apertura de un expediente informativo para aclarar lo ocurrido. Puntualizó, sin embargo, que los casos de pagos a familiares eran "un número reducido" —la Cámara analizó 29 convenios de 519, más 39 operaciones de otros acuerdos, y encontró este tipo de pagos en seis de ellos— y que la responsabilidad de justificarlos debidamente no recaía en la fundación, sino en los profesores encargados de dirigir los proyectos de investigación.