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Boi Ruiz niega el colapso de urgencias y lo reduce a picos “puntuales”

Los ingresos en el servicio este verano han aumentado un 1,3% respecto a 2013

Centenares de personas ayer en la multitudinaria asamblea del hospital de Bellvitge.

Las revueltas que han puesto en jaque esta verano a la sanidad catalana —el cierre de camas y el colapso de urgencias en los hospitales— también han marcado el inicio del curso político en el departamento que dirige el consejero Boi Ruiz. El titular de Salud volvió a negar ayer ante la Comisión de Salud del Parlament que los servicios de urgencias estuviesen saturados, tal y como denuncian trabajadores y usuarios de los centros sanitarios. Ruiz achacó de nuevo el colapso a picos “puntuales” exclusivos de los grandes hospitales. “Hablamos de las imágenes [con pacientes en los pasillos] de Bellvitge y Vall d'Hebron, pero eso no son las urgencias de los 64 hospitales que tenemos”, zanjó.

Aunque el consejero negó la mayor, otros responsables del departamento sí reconocieron ayer que, a pesar de que la atención en urgencias se redujo un 1, 4% con respecto a los meses estivales del año pasado, los ingresos en el servicio aumentaron un 1,3% este verano. El director asistencial del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Antoni Juan, asumió que los tiempos de espera en los boxes de urgencias son “un problema que hay que afrontar de manera rigurosa”. Ruiz, por su parte, se mantuvo firme en la argumentación que abandera desde principios de verano: “Que estén esperando en urgencias no es que estén desatendidos”, se justificó, e intentó sacar hierro al asunto advirtiendo que “esto ha pasado siempre”. De hecho, frente a las denuncias de pacientes que habían estado hasta cinco días en urgencias esperando una cama en planta, Ruiz se escudó en que, según sus datos, “solo tres de cada 10.000 pacientes” han tenido que esperar más de 72 horas.

El consejero también negó que la clausura de camas planificada por los hospitales para el verano —hasta 3.000 en agosto— conlleve un cierre estructural de plazas, como temen sanitarios y sindicatos. El titular de Salud se limitó a explicar que la clausura es “transitoria” y que, en base a su autonomía de gestión, “cada hospital toma las medidas oportunas en función de sus requerimientos”. La presión asistencial de algunos centros este verano obligó a reabrir unas 160 camas que permanecían cerradas.

En una comisión colmada de reproches de la oposición por la opacidad con la que ha gestionado la planificación de verano, Ruiz sí reconoció que “hay cosas que corregir”, pero “no por un tema presupuestario, sino organizativo y de modelo”, apostilló. El consejero, que también fue acusado de querer “desmantelar” el sistema público con su política de recortes y derivaciones en los hospitales del ICS, prometió, entre otras medidas, colocar pantallas en las salas de espera de urgencias para monitorizar el servicio y que los pacientes puedan ver cuándo les toca su turno.

Con todo, mientras Ruiz libraba su batalla en el Parlament, usuarios y trabajadores de la sanidad catalana, protagonistas de las protestas que incendiaron el verano, respondían en directo al consejero desde el hospital de Bellvitge. “No creo que Boi Ruiz haya dicho alguna verdad, nosotros ya no le creemos nada”, exclamaba el presidente de la Junta de Personal del centro, Ramón Montoya. Lo hizo con un micrófono desde el propio bar del hospital, rodeado de los centenares de personas de Barcelona, Tarragona, Sabadell y Girona que participaron en la primera gran asamblea en favor de la sanidad pública.

Autogestión del Hospital de Bellvitge y una manifestación simultánea por toda Cataluña fueron las propuestas más festejadas para organizar “la lucha contra la camorra siciliana-catalana”. Como medidas inmediatas, también propusieron un buzón web para que los afectados puedan denunciar, de forma gratuita y anónima, las derivaciones a privados, listas de espera o cualquier otro tipo de irregularidad que suceda en un hospital público. Para facilitar el acceso a las personas que no dominen internet, se habilitará también una línea de teléfono 900. El objetivo final es juntar evidencias suficientes para elevar a la justicia lo que califican de “secuestro de la sanidad pública”.

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