Aburto cierra la puerta a endurecer el acceso a las ayudas sociales
PP vuelve a insistir en que hay inmigrantes que abusan de las prestaciones
Primero de septiembre y una de las polémicas que ha sacudido el verano en Euskadi parece no terminar. Mientras el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan María Aburto, cerró este lunes la puerta a introducir cualquier cambio en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el PP volvió a defender que hay inmigrantes que abusan de la prestación y alegó que la ayuda no está cumpliendo con uno de sus objetivos, la integración.
“La RGI soporta en estos momentos la dignidad de 65.000 familias en Euskadi y cambiarla significaría que nuestra dignidad como sociedad estaría también cuestionada”, defendió Aburto, preguntado tras participar en el curso de verano de la UPV Dilemas demográficos y políticas sociales, sobre las acusaciones de varios dirigentes del PP hacia colectivos de inmigrantes.
El consejero destacó que, además, lo que le corresponde a la administración y a sus dirigentes es analizar “qué se puede hacer” para garantizar el sistema de prestaciones. Aburto aseguró que su Departamento apuesta por un “mantenimiento decidido de las políticas sociales”, para lo que animó a debatir cuestiones como la “eficacia en la gestión”, la solidaridad, los presupuestos o la fiscalidad. Pero el debate sobre modificar la RGI “no está abierto”, zanjó Aburto.
La RGI provoca “que aquí venga gente de todo el mundo”, dice De Andrés
Por el contrario, el diputado general de Álava y vicesecretario de la formación en Euskadi, Javier de Andrés, abogó por la elaboración de una política de inmigración “seria, que no sea atractiva para que aquí se presente gente de todo el mundo”. De Andrés, en una entrevista en Radio Vitoria, exigió un cambio en la RGI que “impida” la llegada de inmigrantes “simplemente con el objeto de cobrar esa renta”.
No es la primera vez que De Andrés plantea un cambio en la prestación, el diputado general de Álava fue uno de los primeros miembros del PP vasco en salir en defensa y respaldar las tesis del alcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien acusó en julio a marroquíes y argelinos de vivir de las ayudas sociales.
Aburto además se mostró preocupado por el futuro de los alrededor de 370 trabajadores de la planta de Arcelor Mittal de Zumárraga. Los sindicatos denunciaron la semana pasada que la compañía prevé el cierre temporal de las instalaciones. El consejero deseó que “esa situación pueda modificarse”.
Los trabajadores mantuvieron una reunión ayer por la tarde con los responsables de la planta. La dirección propuso, según el responsable de la Federación de Industria en Gipuzkoa de CC OO, Enrique Baratta, impulsar medidas de flexibilidad en los turnos en los turnos de trabajo para evitar el cierre. “Salimos relativamente esperanzados”, aseguró Baratta.
