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La Comunidad ‘legaliza’ la M-501 con un informe ambiental posterior

La autovía fue construida en 2006 y el Tribunal Europeo la calificó de ilegal

Carretera de los pantanos, la M-501 (Madrid).

Antes de construir una autovía o desdoblar una carretera por zona protegida se redacta un proyecto técnico, luego un estudio de impacto ambiental, posteriormente se revisan las alegaciones de los afectados (vecinos, ecologistas, municipios...) y, finalmente, se redacta una declaración de impacto ambiental (DIA) con las medidas correctoras. Si la declaración es positiva, se aprueba el proyecto y se construye la infraestructura. Se evitan o minimizan así los daños ambientales. Eso, en la teoría. Porque en el caso de la M-501 (entre Quijorna y Navas del Rey, 18 kilómetros) se ha hecho justo al revés. En 2006, la Comunidad aprobó construir la carretera por “interés general”, luego fue condenada por los tribunales europeos y españoles y ahora redacta la DIA a petición de un juez. La autovía, que obligó a talar centenares de encinas, lleva abierta años. Ayer, el Boletín Oficial de la Comunidad daba cuenta de que la declaración de impacto había sido aprobada: ocho años después que el proyecto técnico. Los ecologistas se echan las manos a la cabeza.

El Tribunal de Justicia Europea consideró ilegal en 2011 la infraestructura por contravenir las directivas sobre conservación de hábitats naturales y de impacto ambiental. Dieciséis años antes, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había intentado construirla, pero la declaración de impacto y un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo desaconsejaron. Gallardón se guardó el proyecto. Pero fue sustituido por Esperanza Aguirre, que lo desempolvó ante las quejas de los alcaldes de la zona, que consideraban muy peligrosa la carretera que había entonces y reclamaban el desdoblamiento. Además, tenían planes urbanísticos muy amplios y necesitaban buenos accesos. Aguirre declaró así el proyecto de “interés general” y empezó las obras. La documentación fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2012 ante la petición de Ecologistas en Acción de eliminar la carretera.

El CSIC desaconsejó llevar a cabo las obras de duplicación en 2000

“No tiene sentido hacer una evaluación ambiental de un proyecto ya ejecutado. La idea del estudio es evitar el daño con anterioridad”, sostiene la coordinadora de Ecologistas en Acción para Madrid, Ángeles Nieto. El Supremo ya había declarado también ilegal la autovía unos meses antes de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, respaldando una interpretación anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008. La carretera recorre el Parque Regional del Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó entonces en el aire el desmantelamiento de la carretera con su auto de abril de 2012 al solicitar una Declaración de Impacto Ambiental antes de tomar una decisión final. “Resulta indispensable, con carácter previo a plantear una ejecución material del fallo para reposición de la zona afectada a su anterior estado[…], que la demandada [la Comunidad] proceda a dar cumplimiento a los trámites procedimentales que se declararon omitidos[…]”, reza el auto. Una vez presentada la documentación al tribunal, la Comunidad debe comunicárselo a la Comisión Europea.

“Cuando la Comunidad comunique que ya ha realizado los trámites omitidos, el tribunal va a decir que no hay incumplimiento del Derecho y no desmantelará la carretera”, avanza Nieto.

El nuevo estudio respalda la vía porque el “territorio ya está fragmentado"

Ecologistas en Acción critica que los magistrados hayan “hecho suya” la interpretación que el Gobierno regional realizó de la sentencia: “Establecía que, en todo caso, los terrenos se restituirán a su estado inicial. El Gobierno entiende que los jueces dicen que se cumpla el procedimiento ambiental [la DIA], pero lo que dice es que la carretera debía desmantelarse”. La organización recurrirá al Supremo.

“Había una discrepancia y se solventó”

El director general de Evolución Ambiental, Mariano González, asegura que la Declaración de Impacto Ambiental dibuja un panorama más halagüeño del previsto por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2000 y por la propia Consejería de Medio Ambiente en 1998: “Con el paso de los años, se ha demostrado que las previsiones sobre los daños que causaría la M-501 eran demasiado pesimistas”.

González sostiene que es un argumento “objetivo” no sujeto a interpretaciones: “Ahora hay más parejas de águila imperial, menos mortandad en la fauna, y no ha habido una evolución exponencial de la población”. El director general califica los impactos de la infraestructura como “compatibles y corregibles mediante medidas correctoras”.
El Gobierno regional resolvió en 2006 la polémica entre las consejerías de Transporte y Medio Ambiente que llevo al Gobierno regional a solicitar la intervención del CSIC. “Había una discrepancia y se solventó de acuerdo a la ley”, sostiene González, que subraya el apoyo de los municipios de la zona para la construcción de la carretera: “Lo pidieron los Ayuntamientos, del PP como del PSOE”.

Medio Ambiente no considera imprescindible haber elaborado un plan previo entonces y resalta la reciente evaluación ambiental como un estudio sin precedentes: “Es muy interesante analizar un proyecto a posteriori, desde que se hace hasta que se ejecuta pueden pasar años”. Pese a los reveses judiciales del Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo, González entiende que las sentencias no suponen el desmantelamiento del proyecto sino su modificación: “El Supremo ha dicho que lo hicimos mal, pero nos ha dado la oportunidad de corregirlo. El Tribunal Superior de Justicia nos exige que hagamos los trámites que no hicimos, y lo que hemos hecho es adecuar el procedimiento a la norma”.

Ecologistas en Acción considera que la evaluación de Medio Ambiente se limita a plasmar los argumentos de Transportes. “Deberían mediar entre el informe del promotor y las alegaciones, pero en la Declaración no hay ninguna valoración independiente”. González defiende la independencia del estudio: “Lo han hecho funcionarios. En todo caso es problema del modelo de evaluación y habría que buscar un órgano independiente como la Comisión Nacional de Competencia”.

La nueva declaración de impacto del Gobierno no ve obstáculos en el proyecto de duplicación. “La valoración de la mayoría de las afecciones ha sido de carácter compatible, siendo asumibles por el medio”, reza el informe, que entiende limitado el impacto por ser un desdoblamiento: “No se trata de una nueva infraestructura sobre el territorio, sino que se valora la duplicación de una vía ya existente y un territorio ya fragmentado”. Un parque regional y una ZEPA.