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La presión del Ayuntamiento lleva al cierre a un tercio de los clubes cannábicos

20 asociaciones de Barcelona han bajado la persiana y otras 29 lo harán en los próximos días

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Fachada del club cannábico Barnabis, en Ciutat Vella, cerrado ayer por orden del Consistorio.

Una de cada tres asociaciones de consumo de cannabis de Barcelona deberá bajar la persiana en los próximos días. El Ayuntamiento ha ordenado durante la última semana a 49 clubes de autoconsumo que cesen su actividad en 48 horas, después de que la Guardia Urbana detectara “deficiencias en su funcionamiento y problemas de convivencia con los vecinos”. Una veintena de entidades dejaron de funcionar entre el martes y la mañana del miércoles. Las otras 29 aún están dentro del plazo.

Las clausuras son el resultado de la primera fase del dispositivo Sativa, por el que la Guardia Urbana inspeccionó el pasado mes de julio las 145 asociaciones cannábicas que operan en la capital catalana. El cuerpo policial ha puesto la lupa en dos cuestiones: que los clubes hayan comunicado su constitución al Consistorio y que no causen molestias a los vecinos. Benito Granados, el inspector del distrito de Ciutat Vella, informó ayer que durante la segunda etapa los agentes realizarán nuevas revisiones, pero con el foco puesto en aspectos “más secundarios”.

El dispositivo forma parte de la “actuación urgente” que el Ayuntamiento inició en junio para poner orden en un sector que mueve cinco millones de euros al mes y que tiene prohibido lucrarse. Además, vetó la creación de nuevas asociaciones durante un año y prepara una regulación que presentará en septiembre.

De la veintena de clubes cerrados, 13 tuvieron que ser precintados por la Guardia Urbana, ya que no acataron la orden de cese de la actividad. Una decena operaba en Ciutat Vella y los otros tres, en Horta-Guinardó. Entre los primeros estaba la asociación 420, en la calle de Notariat, que decidió continuar abierta y presentar una querella contra tres funcionarios del Consistorio por prevaricación, coacciones y atentado contra el derecho de asociación.

El teniente de alcalde, Joaquim Forn, aseguró este miércoles que 420 “estaba en su derecho”, pero que la Administración no puede permitir que el vacío legal “convierta a Barcelona en una ciudad adecuada para actividades ilegales relacionadas con la venta y el consumo de cannabis”. Forn afirmó que esta entidad había sido la única en la que se interceptó a menores de edad y que contaba con un bar de concurrencia pública, algo para lo que no tenía licencia.

La clausura de una tercera parte de los clubes cannábicos de Barcelona ha generado reacciones encontradas entre las dos grandes agrupaciones del sector. La Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Cataluña (Fedcac), que representa a 26 clubes, acusó al Ayuntamiento de realizar una “persecución” a este tipo de establecimientos por “razones políticas”. Fedcac, que tiene entre sus miembros a algunos afectados por el dispositivo, criticó la actitud de las autoridades, que “por un lado dialogan con nosotros” y por el otro “nos cierran los locales”.

La Federación de Asociaciones Cannábicas de Cataluña (Catfac), en cambio, descartó que haya “una cruzada del Ayuntamiento” contra los clubes. Su portavoz defendió este miércoles que el objetivo es “poner orden”. Sin embargo, consideró que el Consistorio ha actuado “a destiempo”. El representante de Catfac, que cuenta con 25 miembros, explicó que “primero se debería de haber establecido una regulación y luego, ya se podrían haber hecho las inspecciones”. Aseguró que está de acuerdo con que la Administración controle que no se desarrollen prácticas como la apología a la marihuana o su venta a turistas, pero que la forma en que se ha llevado a cabo este operativo solo “añade más inseguridad” a las entidades.

El inspector de la Guardia Urbana en Ciutat Vella aseguró que muchas asociaciones cannábicas de su distrito “formaban un modelo de negocio”, con cantidades de socios “superiores a las razonables”. Algo que, según explicó, despierta sospechas de que escondan venta a turistas que se inscriben una vez y luego se van de la ciudad. Algunas de las asociaciones clausuradas cuentan con más de 5.000 socios.

El Ayuntamiento ultima una normativa que establezca los requisitos para abrir un club de consumo de cannabis. Esta debería estar acabada en septiembre. Forn, explicó que expertos en el ámbito médico y farmacológico colaboran en su elaboración y que la prioridad del Consistorio es la convivencia: “Muchas veces estas asociaciones esconden una actividad que puede perjudicar la salud de los vecinos, como el humo que sale por el patio de luces”.

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