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Zoido traslada la oficina para la defensa de la ciudadanía a un edificio sin Internet

La oposición en el Ayuntamieto de Sevilla acusa al gobierno de querer desmantelar el servicio

Margot Molina
Juan Ignacio Zoido, en Sevilla.
Juan Ignacio Zoido, en Sevilla.julián rojas

La oficina para la defensa del ciudadano del Ayuntamiento de Sevilla, un servicio encargado de mediar entre los residentes y la Administración municipal, está inoperativa desde el pasado 11 de julio, cuando el gobierno de Juan Ignacio Zoido decidió trasladarla al pabellón Citroën, aún a sabiendas de que el edificio carece de conexión a Internet por problemas técnicos. El espacio estaba ocupado antes por la Agencia Local de la Energía, dependiente de la delegación municipal de Medio Ambiente, que cambió su ubicación debido, precisamente, a la falta de conexión a la Red.

"Zoido cree tan poco en la necesidad de la oficina del defensor del ciudadano que, no solo puso al frente a una persona errónea, sin consenso social para ese puesto; sino que no la ha publicitado para que los vecinos sepan de su existencia. Además, con este cambio de ubicación demuestra que ni siquiera está dispuesto a que el servicio funcione porque no le da los medios necesarios", apunta el portavoz municipal del PSOE, Juan Espadas.

Para el representante de IU en el Ayuntamiento, Juan Manuel García, se trata de una muestra más del "proceso de deterioro que sufre esta institución desde que el Partido Popular llegó al gobierno municipal". "A pesar de que se trata de un servicio muy importante porque defiende los intereses de los ciudadanos, Zoido lo ha convertido en el concejal número 21 del PP. Su presidente, José Barranca, se ha dedicado solo a defender la labor del gobierno municipal", añadió García.

La oficina, que preside el exmilitar José Barranca, acumula desde hace más de un mes las quejas que los ciudadanos presentan en papel y las que realizan vía telefónica; aunque no las que llegan por correo electrónico, el medio más usado habitualmente por los sevillanos para denunciar la falta de respuesta ante sus requerimientos al Ayuntamiento. Las quejas más frecuentes son sobre los retrasos en la resolución de recursos presentados ante la Gerencia de Urbanismo y la Agencia Tributaria, la poda indiscriminada de árboles, el mal estado de las calles y la responsabilidad de la Administración local en las caídas de los viandantes en la vía pública.

El Ayuntamiento, que ha reconocido la situación en la que se encuentra el servicio, apuntó este viernes que se trata de un problema en el que están trabajando. "Esperamos que pronto haya Internet en el pabellón", comenta un portavoz de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

La oficina, en la que trabajan tres funcionarios, está paralizada puesto que ni siquiera puede tramitar las quejas que le llegan directamente en papel ya que todo el proceso de consulta con el departamento al que se refiera cada queja se realiza vía correo electrónico. De forma que la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, conocida como oficina para la defensa del ciudadano, está abierta pero inoperativa y las demandas de los sevillanos se amontonan a la espera de que el Ayuntamiento solucione el problema de la conexión a Internet.

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Esta situación se suma al malestar que provocó en la oposición el nombramiento, en septiembre de 2011, del militar jubilado José Barranca como defensor del ciudadano —cargo sin remuneración económica—. El grupo municipal de Izquierda Unida, respaldado por el del PSOE, pidió el cese de Barranca porque en 2006 apoyó públicamente al teniente general José Mena, entonces jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, cuando amenazó con una intervención del Ejército en Cataluña al considerar que su Estatuto ponía en peligro la unidad nacional. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento sevillano, mantuvo a Barranca en el cargo, lo que motivó que los representantes de PSOE e IU abandonaran la comisión del defensor del ciudadano, en la que según sus estatutos deben estar representantes de todos los grupos municipales.

En el último ejercicio, la oficina del defensor del ciudadano tramitó 244 expedientes, de los cuales resolvió 197. Los 47 restantes, en espera aún de la contestación del departamento municipal al que esté dirigida la reclamación, se sumarán este año a los que tampoco recibirán respuesta debido al retraso que acumula ya el servicio.

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Sobre la firma

Margot Molina
Ha desarrollado su carrera en El PAÍS, la mayor parte en la redacción de Andalucía a la que llegó en 1988. Especializada en Cultura, se ha ocupado también de Educación, Sociedad, Viajes y Gastronomía. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado, entre otras, la guía de viajes 'Sevilla de cerca' de Lonely Planet.

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