Justicia niega el indulto a un jefe de policía que hizo una detención ilegal

El Ministerio de Justicia ha denegado el indulto al suboficial jefe de la Policía Local de Algete (21.000 habitantes), Gabriel Trejo González, de 51 años, que puede verse abocado a dejar su puesto el próximo septiembre cuando la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre su situación. Pese al fuerte apoyo recibido, ahora se enfrenta a una inhabilitación absoluta de 16 años al ser condenado por dos delitos de detención ilegal. El condenado ha solicitado por segunda vez la medida de gracia al Gobierno central.

La destitución de Trejo ya es una mera decisión de los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. El Ministerio de Justicia ya ha notificado a estos jueces, que fueron los que le juzgaron, que se le ha denegado el indulto. También se le ha dado traslado a Trejo de esta circunstancia, que en lugar de aceptarla sin más ha pedido de nuevo el indulto. La ponente no ha tomado ninguna decisión sobre una eventual ejecución de la sentencia. La ha pospuesto hasta septiembre. Si al final decide que se cumpla su fallo, deberá remitir un auto de ejecución al Ayuntamiento de Algete. En ese momento, el suboficial quedará apartado automáticamente de su puesto. Y de por vida, ya que se trata de una inhabilitación absoluta que implica la pérdida de todos los cargos públicos.

Según fuentes policiales, Trejo ya ha entregado el móvil oficial. “Ahora es momento de reordenar mi vida y buscar otra salida profesional ya que se ha acabado la carrera policial”, destacó Trejo en declaraciones a este periódico. El suboficial se encuentra ahora de baja laboral, ya que no se ve con ánimo suficiente para dirigir una plantilla de 50 agentes. También está escribiendo un libro en el que cuenta todo lo que le ha pasado y cómo, según asegura, determinadas personas han acabado con su trayectoria profesional. Lo que todavía no ha entregado, a la espera de que se ejecute el fallo judicial, es el arma reglamentaria. “No confió prácticamente nada en esta segunda solicitud de indulto pero tengo que intentar todo lo que esté a mi alcance”, concluyó Trejo.

Los hechos se produjeron en las fiestas patronales de Algete el 13 de septiembre de 2010. Hacia las 4.20 de ese día, se produjo una pelea en la plaza de la Constitución en la que estaban presentes algunos policías locales. Tres de los que se peleaban eran vecinos del cercano municipio de Paracuellos del Jarama. Los agentes que estaban en la zona separaron a los contendientes, pero ante el cariz que estaban tomando la disputa pidieron refuerzos.

En ese momento llegó Gabriel Trejo quien, tras hablar con los participantes en la pelea, esposó a uno de los vecinos de Paracuellos y lo metió en el coche patrulla. Después buscó a su hermano y lo introdujo también en el vehículo. De allí, fueron trasladados a dependencias policiales. La sentencia de la Audiencia Provincial considera probado que nadie cacheó ni retiró los objetos personales a los detenidos. A los 10 minutos llegó el suboficial y ordenó retirar los grilletes a los detenidos.

Trejo interrogó a los dos arrestados en su despacho y, tras tomar unas notas en su ordenador, les dijo que se podían marchar. Como estaban borrachos, no podían conducir. Además, reconocieron que tenían miedo de salir a la calle. Para evitar problemas, se coordinó con la Policía Local de Paracuellos. Los agentes de Algete les llevarían hasta el final del término municipal, donde les recogerían los homólogos de la población vecina. Eso se produjo alrededor de las 5.30 de la madrugada.

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial apreciaron que el suboficial había practicado dos detenciones fuera de lo que marca la ley. Y ello, pese a que los propios afectados jamás denunciaron al mando policial. “Ninguno de ellos sufre resquemor alguno hacia la Policía Local de Algete e, incluso, agradecieron a los agentes que se ocuparon de su traslado a Paracuellos”, añadió la sentencia.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso de Trejo y mantuvo la sentencia de la Audiencia Provincial. Mantuvo que, al tratarse de un funcionario, su obligación era garantizar y preservar los derechos de los detenidos. “De todo ello se llega a la inexistencia de vulneración constitucional en la decisión de la Audiencia Provincial, que ha fijado las penas mínimas legalmente previstas”, concluyeron los magistrados del Supremo.

La sentencia de la Audiencia Provincial también incluye el pago de una indemnización de 2.700 euros a los dos hermanos detenidos.