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La empresa Megabus pagará 200 euros a los viajeros afectados

La compañía anuncia el pago de indemnizaciones y cuestiona el procedimiento policial

D. C. S.

Los 62 pasajeros afectados por la cancelación de la ruta Barcelona-Londres operada por la compañía Megabus, que se quedaron tirados en la autopista AP-7 el pasado domingo, recibirán una indemnización de 200 euros. Así lo comunicó ayer el operador, que también aseguró que reembolsará a los usuarios los costes del viaje y de alojamiento que no pudieron utilizar, después que quedaran retenidos en un área de servicio de Maçanet de la Selva tras la detención del conductor. Los Mossos d'Esquadra habían detectado en un control rutinario que este circulaba con un disco tacográfico falso, que en realidad era de un compañero.

Megabus admite que el detenido conducía con el disco erróneo, pero aseguró que se trató de un descuido: este había introducido su disco pero sin retirar el del compañero que había conducido el autobús de Londres a Barcelona. También confirma que el vehículo partió sin la autorización de ruta "por un cambio forzado de último momento".

Una de las afectadas, Irene Sobrino, aseguró ayer que la compañía todavía no les ha comunicado nada acerca de la indemnización y denunció que Megabus se negó a ofrecerles un transporte alternativo.

Según la investigación interna del operador de autobuses low cost, "no se habían sobrepasado los límites de conducción ni de trabajo", si bien sí "habrían habido dos infracciones técnicas accidentales, como consecuencia de descuidos voluntarios". Los Mossos d'Esquadra creen que el conductor iba intercambiando el disco para aparentar que no superaba el horario permitido de conducción.

La compañía entiende que la detención efectuada por la policía autonómica fue "despropocionada" y aseguró que se están manteniendo conversaciones entre la Generalitat y la Unión Internacional de Transporte por Carretera para analizar el caso. En su comunicación, Megabus se hizo eco de un informe que advierte que en 2013 los Mossos d'Esquadra efectuaron 4.957 controles sobre camiones de carga extranjeros, en los que se detectaron 490 infracciones.

Las compañías, aseguró ayer el operador británico de autobuses, se ha quejado de que esos controles fueron demasiado largos y se hicieron en localizaciones inadecuadas. En el caso de transporte de viajeros, la patronal reclama que se deje llegar a sus destinos a los vehículos para minimizar el impacto.

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Sobre la firma

D. C. S.
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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