El Consell niega que Fabra invite a no respetar contratos como hizo Calatrava
Al Ejecutivo “no le tiembla el pulso” para denunciar al arquitecto, dice la portavoz
¿Pueden interpretarse como la justificación de un incumplimiento de contrato las declaraciones del presidente Alberto Fabra defendiendo la actuación de la Generalitat en el caso del Centro de Convenciones, cuando él era alcalde de Castellón y se pagó lo que pedía Santiago Calatrava pese a las modificaciones que encarecían el encargo, porque era "importante" poder contar con una obra del arquitecto? La portavoz del Consell, María José Català, respondió este viernes, tras el último pleno del curso, que la Generalitat colaborará con la justicia también en ese caso y que Fabra se limitó a señalar que en su momento “entendió que todas las actuaciones eran correctas”.
"¿Pero lo que hace Fabra no es invitar a no respetar contratos en ciertos casos, cuando los propios técnicos de la Generalitat avisaban entonces de que Calatrava se había excedido de las condiciones y no había que pagarle?". Català respondió: "No se está invitando a nada”. La portavoz añadió que “en esta legislatura todos los procedimientos son muy estrictos" y reiteró: “No nos temblará el pulso, sea Calatrava o sea quien sea”.
Ximo Puig: “Fabra pidió a Camps una obra de Calatrava y quedó una maqueta”
La consejera portavoz tuvo que responder a varias preguntas en relación con la investigación judicial que ha llevado a la imputación del arquitecto Santiago Calatrava por haber cobrado de la Generalitat en 2009 un total de 2,7 millones por el diseño de un Centro de Convenciones en Castellón que no se ha construido, así como en relación con la demanda que finalmente ha decidido presentar el Consell contra el arquitecto por la defectuosa instalación del trencadís de la cubierta del Palau de les Arts. “Al Consell no le tiembla el pulso para denunciar, sea Calatrava o sea quien sea”, proclamó Català, después de indicar que no ha habido ningún tipo de prevención con el arquitecto valenciano a la hora de firmar “ningúna denuncia o reclamación” a su despacho “por la ejecución incorrecta de alguna obra en la Comunidad Valenciana”.
La investigación judicial sobre el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón y la actitud de Fabra, al justificar la decisión de pagar a Calatrava lo que exigía porque el proyecto podía “dinamizar el sector empresarial y la economía local”, suscitaron reacciones desde el ámbito político. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, en unas declaraciones en Vinarós, dijo sobre el jefe del Consell: “Él como alcalde es responsable de esa decisión. Una decisión profundamente equivocada y que se basaba en aquella afirmación del señor Camps de que todas las ciudades debían tener una obra de Calatrava. Fabra exigió a Camps tener una obra de Calatrava y lo que finalmente quedó fue una maqueta”.
El presidente de los arquitectos de Castellón critica la adjudicación directa
También hubo reacciones desde el ámbito profesional. Así, el presidente del Colegio de Arquitectos de Castellón, Jaime Prior, criticó la adjudicación directa de aquel proyecto a Calatrava: “Ni la entendimos en su día, ni la seguimos entendiendo hoy”. El presidente de los arquitectos de Castellón reconoció que le pareció “mucho dinero” la cantidad que percibió Calatrava por el diseño del edificio, aunque puntualizó que la supresión de baremos de referencia ha hecho que no puedan hacerse comparaciones. “Estamos en contra de las adjudicaciones directas y esperamos que no se lleven a cabo nunca más”, comentó Prior. “Somos unos enamorados de un concurso público honesto, no sometido al dictamen del precio y guiado por un buen jurado que decida quién es el más capacitado para llevar a cabo una obra”.
Como de la agenda de casos judiciales relacionados con la gestión de la Generalitat tardará en desaparecer la trama Gürtel. la portavoz del Consell tuvo que responder también si el Gobierno autonómico tiene intención de personarse en la investigación sobre el saqueo de la organización de la visita del Papa en 2006, una de las piezas de ese asunto de corrupción. Català dijo que no porque el Consell “no tiene información de las diligencias que se están practicando ni ha habido ofrecimiento de acciones”. En el caso de que se demostrara que ha habido quebranto de las arcas públicas —”que no se ha demostrado”, puntualizó—, el retorno de ese dinero “estaría garantizado por el ministerio fiscal”.
L’Àgora y L’Oceanogràfic, 66 millones en 20 años
La privatización de la Ciudad de las Artes y las Ciencias se limitará a L’Oceanogràfic, que ya está gestionado por una empresa privada, y L’Àgora. Así lo confirmó este viernes la portavoz del Consell, la consejera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, tras la última reunión del Ejecutivo que preside Alberto Fabra antes de las vacaciones (el próximo pleno será el 29 de agosto). Català explicó que el pliego de condiciones aprobado prevé un periodo de gestión de 15 años, prorrogable a cinco años más. “El valor estimado es de más de 66 millones de euros en todo el periodo, incluida la posible prórroga”, añadió la portavoz, en alusión al negocio estimado de esos dos edificios del complejo. En referencia a esa cifra se establecerían cánones fijos y variables.
“Se publicará en los próximos días, posiblemente la próxima semana”, explicó Català sobre el pliego de condiciones, que prevé, entre otros aspectos, que la adjudicataria colabore con Ciudad de las Artes y las Ciencias, SA (Cacsa), comercializando entradas conjuntas y proponiendo “ideas y contenidos” para L’Hemisfèric y el Museu de les Ciències. Asimismo prevé que explote servicios de restauración, además de la venta de “objetos de recuerdo” en todo el recinto. Català destacó que el resto del complejo seguirá siendo gestionado por la empresa pública, que mantendrá “en términos generales” su actual plantilla.
Entre los acuerdos adoptados por el Consell destacó también el nuevo decreto que regula la jubilación forzosa del personal sanitario. Català explicó que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló la anterior orden que lo regulaba lo hizo por “cuestiones formales” y que estas se han subsanado. La primera de ellas es dar rango de decreto a la norma, además de ser fruto de una negociación en la mesa sectorial de Sanidad y de contar con el informe favorable del Consell Jurídic Consultiu. El nuevo decreto prevé la jubilación forzosa a los 65 años, para la que se podrá pedir una prolongación “de año en año” con un límite en los 70. La regulación de la jubilación se enmarca en el plan de ordenación de recursos humanos de las instituciones sanitarias que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad para favorecer el mecanismo de relevo.
También aprobó el Consell en su última reunión antes de las vacaciones un decreto que afecta al área de la propia Català. Se trata de la norma que regula la Formación Profesional Básica, una modalidad de ciclos formativos destinados a alumnos de 15 a 17 años que hayan cursado el primer ciclo de Secundaria Obligatoria o, de manera excepcional, el segundo curso de ESO, así como a personas que superen los 17 años y no cuenten con título alguno de FP o de estudios secundarios.
La consejera explicó que para el próximo curso la oferta de FP básica superará las 7.500 plazas en 446 grupos. Esta oferta sustituirá los anteriores módulos voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial. Serán 130 programas de cualificación básica, 299 grupos de FP básica y 17 grupos de educación especial. Catalá desgranó la financiación que recibirá del ministerio para la implantación de esta nueva modalidad de FP, que cuantificó en 5,2 millones en 2014, 15,9 millones en 2015, 31,86 en 2016 y 22,2 en 2017. “El Gobierno valenciano está satisfecho de esta financiación”, dijo Català, “porque repercutirá en la mejora de la calidad educativa”.
