Ayudas para comida, en peligro por “descuido administrativo”

Las familias más necesitadas de 43 municipios andaluces corren el riesgo de quedarse sin la ayuda extraordinaria destinada por Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales a la compra de alimentos. De estos pueblos, 17 tienen más de 1.000 habitantes. Pero el caso más destacable es el de la Diputación de Málaga, responsable del trámite de 26 pequeños municipios que pueden perder los fondos porque la entidad ha presentado la documentación fuera de plazo. La Junta estudia fórmulas para corregir la situación, que la Diputación atribuye a un error.

Los fondos que corresponden a las 43 localidades ascienden a 116.000 euros y están destinados a garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Transcurridos los plazos previstos en la norma y tras la revisión de expedientes, la Junta ha detectado que 17 municipios de cinco provincias (siete de Málaga, cinco de Granada, dos de Córdoba, otros tantos de Sevilla y uno de Huelva) no han cumplido los trámites y podrían perder 99.584 euros. Dos de ellos son pueblos con Ayuntamientos de más de 10.000 habitantes, como Santa Fe (Granada) y Manilva (Málaga).

Pero el caso más reseñable, no por la cantidad sino por el número y la entidad responsable de la tramitación, es el de la Diputación de Málaga, que tenía que gestionar los expedientes de 26 pueblos de entre 142 y 984 habitantes y que carecen de estructura administrativa para hacerlo. Pero el retraso en la presentación de la documentación ha hecho que estos no puedan acceder a los fondos que les corresponden y tampoco a los que dejarán otros municipios de mayor tamaño por posibles renuncias.

"No se puede entender", lamentó el director general de Administración Local, Francisco Javier Camacho, quien se afana ahora en buscar una solución para evitar que sean las familias más desfavorecidas las perjudicadas por este “descuido administrativo”.

Camacho explicó que los fondos se destinan directamente a la compra de alimentos que distribuyen posteriormente los servicios sociales o las organizaciones dedicadas a estas labores. “No es una solución, pero es una medida de justicia social. No se entiende que una institución deje pasar los plazos para ayudas de este tipo. Si no sirve para esto una Diputación, ¿para qué sirve?”, se preguntó Camacho.

La responsable de la Diputación de Málaga Ana Mata atribuyó la situación a que “se interpretó mal” la fecha y calificó de “maliciosa” la actitud de la Junta. “Hubo un error en la publicación de plazos y se entendió que acababa el 3 de julio, fecha que cumplió la Diputación. El pasado año no hubo problemas, pero la Junta actúa de forma caótica y es necesaria una reunión de coordinación”, argumentó Mata, quien destacó que su entidad destina a estos fondos 30 veces más que la Junta.

La Consejería busca ahora una salida. “La solución no puede ser vulnerar la normativa”, adelantó el director de Administración Local, por lo que se encuentra en estos momentos barajando alternativas para asegurar que las familias reciben los alimentos.

Una de las posibles soluciones es la elaboración de un nuevo decreto que pasaría al primer o segundo Consejo de Gobierno para su aprobación, por lo que a final de mes podrían estar disponibles las ayudas.

“Se pretende evitar que sean los ciudadanos los que se vean afectados por este fallo cometido por estos ayuntamientos y, sobre todo, por la Diputación de Málaga, la única de Andalucía que no ha cumplido con su función de atender y cooperar con los pequeños municipios”, concluyó Camacho.