Vila-real culpa al anterior alcalde del saqueo de la empresa Piaf
La sociedad facturó más de 14 millones de euros entre 2006 y 2011 Tenía un contrato de servicios de mantenimiento y salío adjudicataria de obras públicas
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vila-real, formado por los socialistas, Compromís y Esquerra Unida, responsabiliza al anterior alcalde, Juan José Rubert (PP), del "saqueo" de dinero público realizado en la legislatura anterior por contratos y facturación a la empresa Piaf, investigada en la trama Gürtel. Así ha concluido la comisión de investigación que arrancó hace un año y tres meses en el Consistorio y que ha analizado la relación del anterior equipo de gobierno con la citada empresa.
Según explicó ayer el presidente de la comisión, Alberto Ibáñez (Compromís), la investigación se abrió ante la sospecha de que “durante años se ha estado tirando dinero” y por los “vínculos” de la sociedad con el PP y las investigaciones por financiación irregular.
La empresa Piaf facturó algo más de 14 millones de euros a Vila-real entre 2006 y 2011 por el contrato de mantenimiento que tenía con el consistorio y la realización de obras adjudicadas en concurso público. En las conclusiones, dadas a conocer ayer, Ibáñez destaca la "facturación irregular y fuera de precios de mercado", lo que es "prueba de la mala gestión y desidia con la que se trabajaba diariamente con esta empresa". "Puede que sea legal, pero no está bien políticamente", dijo en relación con pagos supuestamente hinchados.
La factura del sillón
Como ejemplo citó la factura para arreglar el sillón del alcalde. Para arreglar una rueda, dijo, hicieron falta cuatro personas y un camión de diez toneladas que hizo seis viajes. El coste fue de 460 euros.
La comisión de investigación se abrió después de que la Fiscalía de Castellón archivara una denuncia del actual equipo de gobierno contra Rubert por autorizar, días antes de ceder la alcaldía, el pago de casi 600.000 euros a Piaf por facturas que el actual alcalde, José Benlloch (PSPV) tildó de irregulares. La autorización permitió cobrar a la empresa a través de la fórmula de endoso bancario (una entidad adelantó el dinero).
El Ayuntamiento debía pagar después al banco, pero Benlloch paralizó los pagos al estimar que eran improcedentes. La fiscalía archivó la investigación porque, al no haber desembolso municipal, no hubo daño para las arcas. Ibáñez ha criticado que Rubert no haya aclarado estas y otras facturas con Piaf, ya que solo remitió por escrito que las explicaciones ya las había dado al fiscal. El equipo de gobierno estudia si acudir de nuevo a los juzgados.
