_
_
_
_
_

Un informe de extranjería cuesta hasta 190 euros más según el municipio

L’Hospitalet cobra 103 euros por certificados que en Barcelona son gratuitos

Una familia de inmigrantes bolivianos en Cataluña.
Una familia de inmigrantes bolivianos en Cataluña.Massimiliano Minocri

Sonia Granda ha renunciado al sueño de reunir a su familia en España. Se quedó a medio camino cuando, en 2009, ella y su marido lograron traer a tres de los seis hijos que tenían en Ecuador. "Era muy caro hacer los trámites y cumplir los requisitos, así que solo nos alcanzó para reagrupar a los mayores", recuerda. Con la crisis, se le hizo más duro sostener dos hogares y la idea de juntar a sus ocho hijos bajo el mismo techo —tuvieron otros dos en España— se fue diluyendo. La muerte de su esposo el año pasado la deshizo para siempre. "Si entonces ya fue tan difícil, hoy ni me atrevo a pedir información", lamenta.

Y podría serlo aún más si en vez de vivir en Masnou, lo hiciera en L'Hospitalet de Llobregat. Certificar que su vivienda reúne las condiciones para la reagrupación le costaría 103 euros. En Masnou, es gratis. En Cataluña, los inmigrantes desembolsan hasta 190 euros más por un informe de extranjería en función de donde residan porque los Ayuntamientos pueden fijar con libertad el importe de estas tasas bajo el amparo del principio de autonomía local.

De las 10 localidades catalanas con más extranjeros, solo Barcelona y Lleida renunciaron a cobrar por estos documentos. En L'Hospitalet de Llobregat, donde un 21% de la población es extranjera, los informes de arraigo cuestan 59,30 euros y los de adecuación de la vivienda, 103. El teniente alcalde de Convivencia, Alfons Bonals (PSC), asegura que estos importes buscan cubrir el coste de un servicio para el que emplea a cinco personas: "El presupuesto anual para estos trámites es de 200.000 euros y el año pasado solo se recaudó el 75%. El resto lo puso el Ayuntamiento".

El municipio tramitó 879 informes de arraigo y 997 de reagrupación en 2013. "Cada Ayuntamiento tiene una situación económica diferente", defiende en referencia a los que no cobran nada. "No es una competencia local y no estoy tan seguro de que debamos subvencionar cosas que deberían hacer otras Administraciones".

Los informes de extranjería pueden ser de arraigo social, de esfuerzo de integración o de adecuación de la vivienda para la reagrupación. De los municipios consultados por EL PAÍS, Sitges tiene la tasa más elevada: 190 euros por este último trámite. Otros, como Rubí, no exigen ninguna para los de arraigo pero sí para los de reagrupación, que en esta localidad alcanzan los 104 euros. "En el primer caso se trata de personas en riesgo de exclusión. En el otro, de gente que tiene recursos como para traer a su familia así que lo pueden pagar", asegura un portavoz del Gobierno local.

El director general para la Inmigración del Departamento de Bienestar Social, Xavier Bosch, alega que en estos casos "solo se puede hacer una recomendación y debería hacerla las asociaciones de municipios". La Federación de Municipios de Cataluña dice que eso sería "cargarse la autonomía local". Cuando la Generalitat asumió en 2011 esta competencia, encargó a los Ayuntamientos "recoger los datos para ahorrarle esfuerzos al ciudadano" y se reservó la facultad de "emitirlos", según Bosch. "Son dos actuaciones diferentes", insiste y con este argumento, su departamento empezó a cobrar en febrero de este año una tasa adicional de entre 20 y 35 euros.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Al director de Intervención Social de la Cruz Roja en Cataluña, Oscar Barbero, lo que más le preocupa es "la indefensión": "El arraigo social lo necesitan los inmigrantes irregulares para conseguir la residencia. Ya de por sí les es difícil conseguir la documentación para solicitarlo, así que el coste debería ser el mínimo".

La vicepresidenta de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina), Mercedes Baca, afirma que quienes insisten en la reagrupación sin cumplir las condiciones "suelen tener niños pequeños que dejan a cargo de personas con las que tienen vículos familiares muy débiles... están desesperados". Pide que se recuerde que se "está divididiendo familias". Como la de Sonia Granda, cuyos tres hijos menores de edad tuvieron que recibir a más de 9.000 kilómetros de distancia la noticia de la muerte de un padre al que no habían visto en los últimos seis años.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_