Un vertedero ilegal permanece activo durante 15 años en La Vega Baja

Durante el día, parece la superficie de un volcán dormido pero activo, solo que no huele a azufre. Por la noche es como contemplar fuegos fatuos. “Esto huele a residuo viejo, a combustión de goma, a basura acumulada muchos años ardiendo. Estamos a un kilómetro de viviendas, cerca de tres campos de golf que nuestros políticos defienden para atraer turismo, en zona de afección del parque natural de Sierra Escalona”, dice Vicente Pérez, de la asociación ecologista Vertivega: “No es normal que este verterdero lleve 15 años al aire libre sin que nadie haga nada”.

La foto de estas 15 hectáreas (150.000 m²) de basura es la imagen de la desidia administrativa respecto a las basuras de la comarca de La Vega Baja, la única de toda la Comunidad Valenciana sin un plan de residuos desarrollado. Toneladas y toneladas de basura acumuladas en El Pilar de la Horadada (Alicante) se secan al sol y entran en combustión a poca distancia de varias pinadas, mientras anualmente unas 250.000 toneladas generadas en la comarca valenciana más sureña van de un lado a otro de la provincia sin rumbo fijo.

“Esto una bomba de relojería”, opinó el diputado valenciano de Compromís, Juan Ponce, tras visitar el vertedero. “Obviando el riesgo de incendio, tenemos a gente respirando los humos de residuos en descomposición y plásticos quemados”, dijo este biólogo de un lugar en el que las columnas de basuras alcanzan los 15 metros.

Unos 800 vecinos temerosos del aire que respiran denunciaron el pasado julio al Seprona este vertedero, sin licencia desde 1996, pero cerrado en 1999 por orden judicial. El vertedero disfrutó de 13 años de licencia para verter en un lugar que arrendaba una empresa de la familia Fenoll, cuyo patriarca —Ángel— es considerado uno de los cabecillas del caso Brugal y magnate del negocio de la basura oriolana. Recientemente Ángel Fenoll fue condenado a 35 años de prisión por varios delitos fiscales.

Ninguna Administración, en ninguna estancia, ha abordado hasta ahora la problemática de este lugar. La Generalitat se ha interesado por él a raíz de la denuncia al Seprona, pero la solución a los problemas que plantean los vecinos no será pronta a tenor de la historia de los últimos 10 años.

En 2005, los 27 Ayuntamientos de la comarca, la Diputación y la Consejería de Medio Ambiente formaron el Consorcio de residuos que debía poner en marcha un plan que preveía, principalmente, un macrovertedero adjudicado a la mercantil Cespa-Ortiz, participada por Enrique Ortiz, el otro hombre clave del caso Brugal. Ortiz, Fenoll e incluso el expresidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, aparecen en las escuchas policiales del caso negociando la posible ubicación de unas instalaciones que rechaza gran parte de la comarca y que aún no han sido construidas.

Recientemente, la presidenta Luisa Pastor comenzó los trámites para resolver una contrata que no ha conseguido ponerse en marcha en una década y que hace tiempo que es imprescindible.