La Audiencia cita a Carlos Fabra el 3 de septiembre por su ingreso en prisión

La Audiencia Provincial de Castellón ha citado al expresidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el próximo 3 de septiembre para comunicarle el ingreso en prisión tras declarar firme la sentencia que le condena a cuatro años por cuatro delitos contra la Hacienda Pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003. Es probable, sin embargo, que Fabra pueda paralizar su entrada en la cárcel si solicita el indulto.

Cuando las penas son cuatro años de prisión o menos, la fiscalía y los jueces suelen decantarse por frenar la ejecución de la pena en tanto se resuelve la petición de la medida de gracia. En ese tipo de supuestos se considera que el perdón puede quedar desvirtuado, en caso de que se conceda, por el tiempo que el reo ya ha pasado en prisión, dado el tiempo que el Ejecutivo puede tardar en contestar.

La suspensión de la entrada en prisión se produjo en el caso de otros dos políticos que, una vez rechazado el indulto por el Gobierno, han ingresado en la cárcel en los últimos días. Ha ocurrido con el exministro y expresidente balear Jaume Matas, que ya duerme en la cárcel de Segovia; y con el exalcalde de Torrevieja y exdiputado valenciano Pedro Ángel Hernández Mateo, que lo hace en la de Campos del Río (Murcia), ambos condenados por corrupción.

Todo indica que Fabra, a quien el Tribunal Supremo confirmó hace poco la pena, seguirá sus pasos. Aunque en su momento negó que fuera a pedir el indulto, su círculo más cercano ha emprendido una recogida de firmas en Castellón y su provincia de apoyo a la solicitud.

Ese mismo día, el 3 de septiembre, la Audiencia también requerirá a Carlos Fabra para el pago de la indemnización y la multa (de 693.074 euros cada una), según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La Audiencia cita el mismo día a su exesposa, María de los Desamparados Fernández Blanes para que pague la multa que le fue impuesta dejando pendiente lo relativo a la indemnización para la ejecución de la sentencia. Respecto a Fernández, para la que el Tribunal Supremo rebajó la condena de dos a un año de prisión, el tribunal acuerda que se obtengan sus antecedentes penales y que se trasladen a las diferentes partes del procedimiento para que se pronuncien sobre la concesión de beneficios de la suspensión de la pena impuesta.