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El Constitucional abre la puerta a una oleada de litigios por el Patrimonio

Oposición y arqueólogos consideran que la sentencia afecta a siete zonas históricas de la capital

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La fachada del teatro Albéniz en la calle de la Paz.

Al menos siete edificios o zonas históricas de la capital verán reforzada su protección, según la oposición y los colectivos profesionales, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 17 de julio, que anulaba ocho puntos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, aprobada en junio de 2013. “El teatro Albéniz, Canalejas, la Quinta de Torre Arias, los edificios de la calle Corredera Baja de San Pablo, el Edificio España, Casa de Campo y el Palacio de la Música” son algunos de los ejemplos citados por Milagros Hernández, responsable de Cultura de la ejecutiva federal de IU, como posibles beneficiados por la decisión de los magistrados, que entienden que las excepciones incluidas por el Gobierno regional en esta norma invadían las competencias estatales.

La sentencia se produjo a raíz de un recurso interpuesto por 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto, que exigían la derogación de 10 puntos de la normativa. Ambos grupos piden al Ejecutivo de Ignacio González (PP) que revoque la norma y elabore un texto consensuado con los profesionales vinculados al patrimonio histórico. “Recurriremos a la Fiscalía caso por caso si no cumplen la sentencia”, advierte Hernández. La viceconsejera de Turismo y Cultura, Carmen González, considera que los proyectos citados “no están afectados por los artículos derogados” salvo, quizás, el teatro Albéniz. No obstante, reconoce que la Dirección General de Patrimonio “está revisando todas las decisiones que se han tomado en estos meses”. “La oposición está en su derecho de pedir la derogación de la ley, pero de los 45 artículos que conforman la norma, solo han sido declarados inconstitucionales ocho y no son los más fundamentales de la ley. Permanece en vigor más del 80% de la norma”, argumenta.

El recurso, sufragado por la sección de Arqueología del Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y la Asociación Madrileña de Trabajadores en Arqueología, basaba su planteamiento de inconstitucionalidad en la consideración del Bien de Interés Cultural (BIC) como requisito para la defensa de estos bienes contra la exportación y el expolio, competencias exclusivas del Estado. “La Comunidad considera que los BIC deben tener carácter excepcional y no relevante como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español y otras legislaciones autonómicas, lo que supone una ruptura con la norma común”, explica Javier García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y autor del recurso. “Siguiendo este precepto, disminuirían considerablemente el número de BIC, mermando la protección del patrimonio e incurriendo en el posible expolio y exportación de los bienes”.

IU llevará a la Fiscalía los casos afectados si no se cumple la sentencia

El Constitucional entendió que la norma autonómica otorgaba un menor grado de protección que la estatal y declaró nulos los artículos que definían los BIC, lo que, según los profesionales y la oposición, podría ayudar a conservar, por ejemplo, el teatro Albéniz al que el Gobierno regional (PP) denegó la consideración de Bien de Interés Cultural en mayo de este año, dejándolo sin ninguna protección como patrimonio histórico-artístico. “Esta sentencia va a favorecer al Albéniz porque ya no hace falta que los edificios estén calificados de excepcionales”, considera Alicia Torija, Vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Ahora será más fácil que el Albéniz salga adelante”. La viceconsejera de Turismo reconoce que “es posible que la sentencia afecte al Albéniz, pero, en cualquier caso —matiza— la decisión iba a ser revisada por los tribunales” porque ha sido recurrida por la Plataforma de Ayuda al Albéniz.

La consejería recuerda que la sentencia deja en vigor el 80% de la norma

La posibilidad de segregación parcelaria de Monumentos y Jardines Históricos también ha sido declarada inconstitucional por la sentencia, lo que, según la responsable de Cultura de IU, favorecería, entre otros, al Palacio de la música, que, explica, se han planteado “convertirlo en una tienda de ropa y un pequeño teatro”. González, niega, sin embargo, que se haya presentado un proyecto del estilo y “en cualquier caso”, afirma, “si los propietarios lo propusieran ahora, no se podría conceder”. La sentencia puede generar cierta inseguridad jurídica a los empresarios que pensaran invertir en los inmuebles que los colectivos que presentaron el recurso consideran afectados por el fallo del Constitucional.

El vocal del Colegio de Arqueólogos, Jaime Almansa, añade el único pero a una sentencia que ha sorprendido a todos los colectivos que formaron parte del recurso por la rapidez de los magistrados. “Como arqueólogo, estoy muy contento, pero el Constitucional llega hasta donde llega la Constitución. La abolición de la arqueología preventiva en todas sus vertientes no entra dentro de sus competencias. Nos tendremos que conformar con parar las obras que podamos después de que se inicien. Aunque lo deseable sería prevenir que esos procesos comenzaran para impedir que se dañe el patrimonio que aún no conocemos”. “La crisis ha salvado de alguna forma nuestro patrimonio porque ha parado la construcción, pero si mañana se vuelven a desbloquear grandes proyectos urbanísticos, la desaparición de los sondeos y los controles de movimiento de tierra, significaría que se pudieran saltar el informe de impacto ambiental”, añade.

La oposición reclama una nueva ley consensuada con todo el sector

“Los socialistas vamos a instar al Gobierno para que se derogue la ley y vamos a pedir la comparecencia de la consejera de cultura, Ana Isabel Mariño Ortega, con carácter de urgencia”, señala Maru Menéndez, diputada de la Asamblea de Madrid y senadora por el PSOE. “Lo suyo es volver a la casilla de salida”.

"Agotaremos todas las vías legales"

El teatro Albéniz, inaugurado en 1945 y situado a escasos metros de la Puerta del Sol, gozaba de protección urbanística desde 1997, pero sus propietarios (Moro, SA) acudieron al Tribunal Superior de Justicia para retirársela, alegando que el edificio carecía de “relevancia arquitectónica”. Los magistrados les dieron la razón en 2003, con sentencia firme en 2005, lo que permitía su derribo para hacer un centro comercial. El proyecto no fructificó y la empresa entró en concurso de acreedores en junio de 2012. El teatro ya había cerrado en 2008. El edificio se ofreció al mejor postor y nadie lo quiso. El 30 de enero de 2014, se lo quedó Kutxabank por cinco millones en una subasta judicial, a pesar de estar valorado en 9,2 millones. Comunidad y Ayuntamiento pudieron quedárselo a precio de saldo, pero no quisieron.

El problema era que los posibles compradores temían su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligaría a mantener su uso teatral. Cuando el Tribunal Superior de Justicia refrendó en 2005 que el inmueble carecía de valor arquitectónico para ser protegido, la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz acudió ante los magistrados con otro argumento: que debía ser blindado por su valor como teatro. En 2012, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno regional a estudiar su declaración como BIC al considerar que “reúne indicios sólidos para poder ser calificado como de una singularidad cultural y artística dentro de los teatros de la Comunidad”, pero a mediados de mayo de este año el Ejecutivo de Ignacio González (PP) denegó la máxima protección al teatro. “Si percibimos peligro inminente de derribo, pediremos una medida cautelar”, aseguraba entonces la portavoz de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz, Eva Aladro. “Vamos a agotar todas las vías legales para asegurar que el Albéniz no se convierta en un solar para una tienda de ropa o un hotel”.