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La multa por las 'vacaciones fiscales'

Un órdago sin cartas a la Unión Europea

Instituciones vascas y Confebask pactaron la defensa de los incentivos

Pedro Gorospe
Los consejeros Ricardo Gatzagaetxebarria y Josu Erkoreka, en primer plano, en la reunión del pasado miércoles del Consejo Vasco de Finanzas en la que se pactó el reparto de la multa de la Unión Europea.
Los consejeros Ricardo Gatzagaetxebarria y Josu Erkoreka, en primer plano, en la reunión del pasado miércoles del Consejo Vasco de Finanzas en la que se pactó el reparto de la multa de la Unión Europea.L. RICO

Al final a las instituciones vascas les han pillado las señas y los trucos. Después de una larga década jugando al mus con la UE, ocultando las cartas, contando verdades a medias, pasando literalmente de las resoluciones judiciales y enfadando a funcionarios y cargos públicos de tres diferentes comisarios de la Competencia europea, el Gobierno y las diputaciones se van a retratar el próximo miércoles pasando por caja para pagar una multa de 30 millones de euros.

El órdago sin cartas que lanzaron a la UE cuando la justicia comunitaria ratificó que las instituciones vascas tenían que recuperar las ayudas ilegales, las denominadas vacaciones fiscales, les va a costar a los contribuyentes vascos esos treinta millones más los costes derivados de las minutas de los abogados y el descrédito de una comunidad autónoma que los funcionarios comunitarios estuvieron a punto de considerar en rebeldía.

Si en 2001, cuando la Comisión Europea consideró ilegales las ayudas, el Gobierno vasco y las diputaciones hubieran dado un paso atrás no habría multa. “Si en vez de apostar y porfiar hubieran apelado a la prudencia institucional debida, esto no hubiera pasado”, asegura un ex diputado del PNV.

Ese año la UE abrió el expediente de las vacaciones fiscales y el 20 de diciembre lo cerró declarando ilegales los regímenes de incentivos fiscales que estuvieron en vigor en Álava, Guipúzcoa y Bizkaia entre 1993 y 1995 —Bruselas ya había declarado ilegales, en julio de ese año, los posteriores a esta fecha—. Todas las alarmas se dispararon en Euskadi.

Si hasta entonces las instituciones seguían caminos, no divergentes, pero si paralelos en cuanto a la defensa jurídica de sus causas abiertas en los tribunales vascos y españoles, a partir de ese año, la Hacienda del Gobierno vasco tomó las riendas del asunto y convocó a las instituciones a una reunión al más alto nivel.

El entonces viceconsejero de Hacienda José Miguel Bilbao —también citado en la comisión de investigación de Epsilon e Hiriko— que fue repescado por Ricardo Gatzagaetxebarria para el mismo cargo esta legislatura, fue quien trasladó que, a partir de ese momento, la dirección letrada de todas las instituciones iba a ser cosa de Ignacio Sáenz-Cortabarria, —especialista en temas comunitarios—. Él ha dirigido la defensa de las administraciones vascas ante el Tribunal de Luxemburgo en todos los pleitos fiscales. “No hubo capacidad de maniobra ni de oposición, no era una sugerencia, fue una imposición”, aseguraron a este diario fuentes que vivieron el proceso en primera persona.

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Personas jurídicas frente a físicas

La fiscalía del Tribunal Superior vasco de Justicia va a abrir diligencias a la vuelta del verano para dilucidar si existen responsabilidades más allá de las políticas en la gestión del dinero público por parte de quienes con sus decisiones han propiciado la multa de la UE.

"La sensación que había y el clima que se extendía por parte del PNV en aquellos años era que esto iba a acabar olvidándose. Todavía en 2011 en una cena en Vitoria entre representantes institucionales el director de Hacienda de Álava, Josu Zubiaga (la diputación había vuelto al PNV) mantenía en público que no iba a haber que pagar ni un euro por el tema de las vacaciones fiscales", recuerda uno de los comensales.

Zubiaga pasó por el Tribunal de Cuentas al salir de la diputación alavesa, y ahora es viceconsejero con Estefanía Beltrán de Heredia en el Departamento de Seguridad. El órdago se mantuvo hasta el último minuto dando la impresión de que a las instituciones les daba igual una eventual multa. Un ex diputado de Hacienda relata la alegría que generó en 2008 la sentencia de las Azores, que en cierta manera protegía la capacidad normativa fiscal de las administraciones más pequeñas de los Estados. Esa tesis justificaría la defensa que se ha hecho de las personas jurídicas, aun en contra de las físicas, que acaban pagando la multa.

También justificaría que el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka calificara esa multa de "mal menor" ya que al menos la UE dejaba a salvo el fuero, la especificidad vasca, su capacidad normativa tributaria.

El PNV controlaba el Gobierno, y las diputaciones de Bizkaia y de Gipuzkoa, mientras que Álava estaba en manos del PP. La diputación alavesa, que apenas dos años antes había contratado los servicios de Cuatrecasas —decisión que adoptó el diputado peneuvista Carlos Peral— tuvo que rescindir sus servicios y Sáenz-Cortabarria comenzó dar instrucciones también en la casa de Ramón Rabanera.

El recurso de todas y cada una de las decisiones judiciales y administrativas relacionadas con esas ayudas se convirtió en el modus operandi, hasta que el 14 de diciembre de 2006 el Tribunal de Justicia de la UE dio la razón a la Comisión Europea y volvió a solicitar a España que recuperara las ayudas al considerarlas “incompatibles con el mercado común”. Además, pidió las listas de las empresas beneficiarias de las ayudas.

Ni siquiera en ese momento las instituciones se plantearon en serio iniciar la complicada recuperación de las ayudas. La minuta de Saenz-Cortabarria seguía subiendo en el entorno ya de los dos millones de euros, y la preocupación de la patronal vasca Confebask iba en aumento. Tenían razones para estar enfadados. Se habían acogido a un marco normativo legalmente implantado por las tres diputaciones forales y apoyadas por el Gobierno vasco y años después la UE cambia las reglas. El error no era suyo, pero en vez de buscar una solución Confebask optó por sumarse a la partida.

La presión de la UE empezaba a ser asfixiante y la preocupación de la patronal era que las listas con los nombres de las empresas y las cuantías recibidas acabaran en manos de Competencia o del Tribunal europeo que juzgaba el tema.

En otra cita al más alto nivel entre todas las instituciones y Confebask “el entonces representante ejecutivo de la patronal fue especialmente contundente y claro. Facilitar las listas a la UE será casus belli” amenazó en una reunión tensa ante los representantes de Hacienda de las cuatro instituciones.

Cambiar de estrategia a esas alturas del partido no parecía viable. Todos decidieron tirar para adelante con la esperanza de llegar a un acuerdo, quizás como el que en 1999 sellaron la administración central y la vasca con la paz fiscal, o que se olvidara. En los lentos pero seguros pasillos de la UE, las cosas no funcionan así.

En septiembre de 2009 el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) volvió a confirmar a decisión del Ejecutivo comunitario al rechazar los recursos presentados por las diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno vasco y la Confederación Empresarial Vasca (Confebask), y el 24 de noviembre de 2010 la Comisión anunció que “había solicitado al Tribunal que imponga una sanción” a las instituciones vascas por su reiterada negativa a recuperar las ayudas y obstruirlas sentencias de la UE.

Fieles a sus socios las diputaciones siguieron intentando de todo para eludir sus obligaciones. Desde enviar furgonetas llenas de documentación para que fueran los funcionarios europeos quienes los cribaran, hasta recuperar una cantidad inferior a lo que dictaba la UE y así ganar tiempo. El pasado mayo el tribunal de la UE confirmó la sanción. Poco antes se había acabado de recuperar la última de las ayudas en Gipuzkoa. La unidad de acción ya se había roto. Había dado paso al sálvese quien pueda con una institución de cada color político. Ya era demasiado tarde, demasiado caro.

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Sobre la firma

Pedro Gorospe
Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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