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Compromís insta al Consell a demandar al Gobierno por la “infrafinanciación”

Morera y Ferri piden al Consell que inicie el procedimiento por el incumplimiento de la ley

Ferran Bono

El portavoz de Compromís en Les Corts, Enric Morera, y el diputado autonómica de la coalición Fran Ferri han exigido este viernes al Gobierno valenciano que inicie el procedimiento legal para "revertir la injusta situación de infrafinanciación" que sufre por parte del Estado.

Morera ha señalado que las balanzas fiscales han demostrado que los valencianos sufren un déficit fiscal de 2.018 millones de euros que podría superar los 5.000 millones si se utilizara la metodología de flujo monetario que avala el Instituto de Estudios Fiscales. Es decir, el dinero real que llega a la comunidad Valenciana. Además, es la única autonomía que aporta más de lo que recibe, a pesar de que la su renta per cápita en inferior a la media española.

Por todo ello y dado que el ministro Cristóbal Montoro hace oídos sordos continuamente a las peticiones de la Generalitat, Compromís propone que el Consell inicie un requerimiento el Ministerio de Hacienda reclamando una financiación justa, y si no se atiende la solicitud en tres meses, el Consell debe interponer una demanda por el procedimiento contencioso-administrativo.

Ferri explicó que el fundamento legal de esta actuación es la vulneración de los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) respecto a la Comundad Valenciana, porque no existe equilibrio económico, ni capacidad de financiación de servicios públicos fundamentales, ni solidaridad territorial, ni suficiencia de recursos para competencias propias, ni lealtad institucional.

Además, prosigue Comrpomís, se incumple el artículo 15 de la LOFCA, ya que no se está garantizando un nivel mínimo de servicios públicos, porque Educación, Sanidad y Protección Social tienen un presupuesto de 10.088 millones de euros y los ingresos se quedan en 8.276 millones, lo que supone un déficit de 1.800 millones de euros.

También declaran que el Gobierno, presido por Mariano Rajoy, está incumpliendo la disposición adicional séptima de la ley 22/2009 sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas que establece la revisión quinquenal del sistema de financiación, "que no se ha cumplido ni se tiene intención de cumplir".

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Al margen de este procedimiento, según Morera, la Abogacía de la Generalitat "también debe estudiar si es posible la apertura de la vía constitucional por la vulneración del principio de igualdad que supone este infrafinanciación".

El Consell "no puede continuar con la estrategia de llorar y quedarse de brazos cruzados" ante el "desprecio" del Ejecutivo de Mariano Rajoy, así que "es el momento de plantarse y actuar", recurriendo ante los tribunales, ha apuntado Morera.

Basándose en estos fundamentos legales, desde Compromís consideran que a través de los tribunales se puede exigir al Gobierno central el reconocimiento de la deuda histórica generada entre 2002 y 2011, calculada en 13.500 millones de euros según la comisión de expertos de Les Corts.

También estiman que se puede reclamar una dotación provisional para el año 2014 de 1.800 millones para garantizar servicios básicos y que cualquier revisión del sistema de financiación tenga efectos retroactivos a 1 de enero de 2014, porque afirman que no se ha cumplido la revisión establecida en la ley 22/2009.

Català acusa a la coalición de "judicializar la política"

La portavoz del Consell y titular de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, ha acusado a Compromís de "judicializar la política" después de que la coalición haya exigido al Gobierno valenciano que "lleve a los tribunales" al Ejecutivo de Mariano Rajoy, por la "discriminación financiera" a los valencianos.

Català, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell y en respuesta a preguntas de los periodistas, ha manifestado que "la forma más inmediata de conseguir algo urgente, como es el cumplimiento del objetivo de déficit de este año y el sostenimiento de todo el eje social de la Generalitat, es un pacto con el Estado, un fondo de compensación, mecanismos que se puedan articular y sobre los que estamos trabajando y negociando con el Ministerio y con el Gobierno de España".

"Esa es la vía inmediata para resolver un problema que es inmediato en la Comunitat Valenciana", ha resaltado la portavoz, quien no cree que sea "correcto judicializar absolutamente la política".

Al respecto, ha apuntado que hay "una tendencia sospechosa y peligrosa a judicializar todo el ámbito de la gestión política". "No nos gustaría que un grupo que tiene responsabilidad se dedique sistemáticamente a judicializar todo", ha apostillado Català, quien cree que esto supone "hacer política vía tribunales".

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Sobre la firma

Ferran Bono
Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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