El Consell plantea medidas de ahorro y rechaza recortes
Mònica Oltra reclama a la Generalitat que explique qué propuestas ha hecho al ministerio
La Comunidad Valenciana ha propuesto en el grupo de trabajo de racionalización del gasto público del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) una treintena de medidas para lograr ahorros, que van en la línea de la eficiencia y de no aplicar recortes. Según indicaron fuentes de la Consejería de Hacienda, las propuestas valencianas incluyen una decena de medidas genéricas, centradas en revisiones y ajustes, como la negociación de los precios de compra, un plan de mantenimiento de edificios o la mejora de la gestión de residuos.
Ajustar la climatización de los edificios, actualizar los equipos informáticos, contratar de forma global la revisión de los vehículos del parque móvil, controlar el apagado de la iluminación en zonas no ocupadas o reducir las impresoras, son otras de las propuestas. El mayor número de propuestas se refieren al ámbito sanitario, en el que la Generalitat plantea una central de compras nacional para lograr mejores precios en los productos farmacéuticos, externalizar el menor número posible de pruebas de laboratorio, o un contrato único de los servicios de mantenimiento integral de imagen digital. Otra propuesta sanitaria es la elaboración de un convenio que contemple la financiación y compensación de los fármacos de dispensación hospitalaria y de la asistencia sanitaria pública por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a funcionarios mutualistas que han optado por la red sanitaria pública.
En materia educativa, el Gobierno valenciano plantea la recolocación personal docente suprimido en la misma provincia, que las universidades puedan agrupar facultades y servicios comunes, fomentar la movilidad del profesorado entre facultades, y la aplicación del plan plurianual de financiación del sistema Universitario Público Valenciano 2010-2017.
En el ámbito de la justicia, la Generalitat aboga por una mayor utilización del sistema de videoconferencia para reducir desplazamientos de fiscales a sedes judiciales, por adecuar el número de jueces a cargas de trabajo, o por potenciar figura de jueces de adscripción territorial para cubrir vacantes.
El Consell anunció que rechazaba hacer recortes en sanidad, educación y servicios sociales cuando el ministerio le reclamó reducir unos 1.100 millones de euros. Ayer mismo, la diputada de Compromís Mònica Oltra exigió al Gobierno de Alberto Fabra que hiciera públicas las medidas propuestas al ministerio.
