Urbanismo inicia la modificación del plan del Cabanyal con la oposición en contra
El vicealcalde Alfonso Grau declara que si el Ministerio de Cultura pide cambios, se harán Los grupos del PSPV, Compromís y EUPV recurrirán el plan si ven que hay prevaricación Salvem el Cabanyal solicita intervenir en el pleno del viernes para exponer su rechazo
El Ayuntamiento de Valencia echó a rodar ayer la modificación del plan urbanístico del Cabanyal, suspendido por una orden del Ministerio de Cultura de 2009 porque expoliaba el patrimonio de este singular barrio marinero. El Gobierno de Rita Barberá renunció hace un mes a la vía judicial contra la orden ante una nueva derrota y cerró un “acuerdo político” con el Gobierno de España que le concede oxígeno suficiente para llegar hasta elecciones sin renunciar, al menos sobre el papel, a prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la playa.
La Comisión de Urbanismo acordó ayer, con los tres grupos de la oposición en contra, sacar a información pública la modificación del plan durante 45 días, es decir en pleno agosto. Se prodrán presentar alegaciones hasta mediados de septiembre.
Para la oposición, la modificación del plan es una cortina de humo cuando no una operación de maquillaje. “Apenas varía en un 2% el plan suspendido, destruye 600 edificios y, en definitiva la trama urbana del barrio”, resumió el portavoz socialista Joan Calabuig. El Grupo Socialista, al igual que el de Compromís y de EU, advirtió al equipo de gobierno local de que su maniobra puede tener consecuencias penales pues entienden que el nuevo plan no evita el expolio porque mantiene la prolongación de la avenida y la demolición de nuevos edificios. “Si se incumple la ley a sabiendas”, añadió el edil socialista Vicent Sarrià, pueden incurrir en un delito de prevaricación. Los socialistas no se creen el acuerdo político exhibido por Barberá “enviado por correo electrónico, sin encabezamiento y que se apoya en un informe técnico ministerial que nadie aporta”.
Para Amadeu Sanchis, portavoz de EU, la modificación “es ilegal” y sorprende que desautorice la orden a la que supuestamente quiere adaptarse —en la memoria del nuevo proyecto se alude a la inargumentada condición de expolio de la orden—. La suspensión del plan original del Cabanyal no obligaba a paralizar las licencias en la zona, sostuvo el edil de EU, que defendió que debería de haberse aplicado el PGOU en vigor y pidió a la Generalitat que se subrogue las competencias urbanísticas de Valencia. Amenazó además al Consistorio con denunciarlo a los tribunales porque existen sentencias que atribuyen mala fe a las administraciones públicas por exponer al público proyectos vitales en agosto, un mes inhábil a todos los efectos.
Como el resto, Compromís incidió en que estos retoques incumplen la orden de 2009, que sigue en vigor porque, en su opinión, está bien fundamentada. “Barberá dijo una vez que por el Cabanyal estaba dispuesta a ir a la cárcel. Decirle que por el Cabanyal Compromís no tendrá dudas en denunciar por los delitos que haga falta”, concluyó Ribó.
El vicealcalde cargó contra la oposición por amenazar con acciones legales. “Estamos ajustándonos a lo que dice la ley y estoy cansado de aguantar semejante actitud de chulería”, se quejó.
La modificación del plan arranca con su exposición al público y la presentación de alegaciones. Luego se remitirá a la Generalitat se añadirán informes preceptivos y por último se remitirá al Ministerio de Cultura. “Y si dicen que hay que modificar algo, lo haremos”, aseguró Grau.
Salvem El Cabanyal, plataforma ciudadana que ha combatido el plan original en los tribunales, se propone tomar la palabra en el pleno del viernes y se concentrará ante la sede municipal.
La fundación World Monuments Fundation (WMF) manifestó ayer a través de su web que mantiene su decisión de incluir el barrio en el programa Watch, “lamentando y denunciando la posible destrucción de un barrio popular protegido y renunciando al potencial patrimonial que su rehabilitación supondría para la ciudad de Valencia”. Criticó que, pese a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que valida la orden ministerial, el Consistorio tramite un nuevo plan que mantiene la prolongación de la avenida en menoscabo del barrio.
La imperiosa necesidad de licencias
La presión de los vecinos del Cabanyal sobre el Gobierno local es sofocante. El Ayuntamiento de Valencia hizo una interpretación restrictiva de la orden ministerial de 2009 y entendió que si se paralizaba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal también se suspendía la concesión de licencias de obra y actividad.
El equipo de gobierno local que comanda Barberá hizo oídos sordos a un informe de la Abogacía del Estado de 2010. El dictamen decía que cualquier licencia de actividad que se pidiera debía concederse, siempre que no atentase contra la integridad patrimonial del barrio.
La Abogacía tiró por tierra la interpretación que hizo el Ayuntamiento de Valencia, que congeló cualquier actividad, cualquier licencia para reformar una casa o abrir un negocio en el barrio.
La Abogacía matizaba, tras meses de quejas vecinales por la congelación de licencias, que “unicamente se denegaran las de demolición o transformación que afecten a la conservación del conjunto histórico... (sic)”. Ninguna otra.
Van cuatro años de parón en un barrio de por si degradado y las protestas de vecinos y comerciantes se han intensificado y suponen un fuerte desgaste para el PP, sobre todo, con todos los grupos de la oposición exigiendo que se vuelvan a conceder.
Falta poco para elecciones y el gobierno local necesita revertir la situación sin desautorizar su gestión de los últimos años. Grau evidenció ayer en su comparecencia pública que levantar la suspensión de licencias es vital para el Consistorio. “Nos gustaría que la primera decisión del ministerio fuera levantar la paralización de licencias”, admitió sin rodeos el vicealcalde Alfonso Grau.
Hasta 2013, tres años después de las suspensiones, el Ayuntamiento no contó con una sentencia que apoyase su interpretación de la orden. Un juzgado de Valencia desestimó el recurso de una vecina del Cabanyal contra la denegación de una licencia para derribar su casa. La sala consideró la concesión de licencia un acto de ejecución del planeamiento.
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