Baltar ve positivo el fallo judicial que desmonta las razones de su ERE

José Manuel Baltar insiste en las razones de ahorro para justificar el ERE que aplicó a 25 trabajadores temporales de la Diputación de Ourense y que tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) como el Tribunal Supremo al que recurrió consideran “no ajustado a derecho” basándose, precisamente, en que no queda demostrada la justificación económica. Con este despido colectivo el presidente de la institución ourensana pretendía ahorrar en torno a 800.000 euros anuales en personal pero el alto tribunal le obliga a indemnizar con 45 días por año trabajado —y no por los 25 con los que los despidió— a los extrabajadores, lo que supone el desembolso de medio millón de euros más a las arcas provinciales en este año.

Pese a ello, Baltar hace hincapié a través de un comunicado de prensa en que el expediente de regulación “fue una necesidad y un acierto” considerando que “supone un ahorro de 165.000 euros este año y de 758.000 a partir de 2015”. Apelando a estas cifras, valora “positivamente” la sentencia que desmonta su planteamiento economicista.

El presidente ourensano muestra su satisfacción porque el TS no admitió la nulidad que reclamaba CC OO y la institución no queda obligada a readmitir a los despedidos. Baltar “lamenta”, sin embargo, que el alto tribunal español no considerase acreditada la causa económica y concluye que esa “interpretación del Supremo puede tener el efecto de premiar la mala gestión”. Deduce que si la Diputación, “con una reducción de ingresos”, continuase gastando e incurriese en déficit “estaría autorizada a llevar a cabo los despidos”.

El hijo-heredero del exbarón del PP gallego (pendiente de sentencia por un presunto delito de prevaricación basado en el enchufismo) insiste en corregir a su padre. Baltar Blanco sostiene que si no hubiera reducido los gastos de personal la institución se habría visto “obligada a asumir más recortes o a multiplicar la deuda hasta extremos insostenibles”. Junto a ello, entiende que la sentencia “deja claro” que la tramitación del expediente y la negociación colectiva previa a los despidos “fueron totalmente correctas” y que el criterio empleado para seleccionar a los despedidos “se ajustó a la ley, sin que se produjese ningún tipo de discriminación”.