Ourense aprueba sus cuentas pese a los reparos jurídicos y cargos anulados
El interventor y el asesor legal del Ayuntamiento se ausentan de la votación
Sin el preceptivo informe de fiscalización y con advertencias del interventor y del asesor jurídico. Así aprobó ayer el gobierno socialista de Ourense los presupuestos municipales de 2014 que amparan los puestos a dedo tumbados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), entre ellos, los de la hija, el chofer o las dos secretarias del alcalde, Agustín Fernández. La aprobación se formalizó en Junta de Gobierno y con la ausencia de una edil, la única afín al exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez presente en este órgano, ya que la minoría del ejecutivo local —con solo 11 de los 27 concejales de la corporación— impidió la ratificación de las cuentas en el pleno hace una semana. El PP ya advierte que estudiará llevar la votación ante los tribunales si encuentra el más mínimo indicio de ilegalidad tras revisar el acta de la reunión. El grupo municipal reclamó ayer todos los informes del procedimiento para su análisis.
Durante esa Junta de Gobierno, el interventor y el asesor jurídico adjunto, alertaron a los concejales que después votaron a favor de que la aprobación no es legal tras la sentencia que anuló casi medio centenar de puestos a dedo de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), ya que el fallo del tribunal gallego afecta directamente al capítulo de presupuestos y al anexo de personal. El alto funcionario advirtió de “falta de concreción”, de la “no correspondencia” de la RTP y el anexo de personal y de la ausencia de un “informe de fiscalización preceptivo” que debe elaborar él mismo. Tras los avisos, ambos técnicos fueron invitados a salir de la reunión antes de proceder a una votación que toda la oposición mira con lupa.
El Superior estudia las críticas de una edil a la justicia
En un proceder insólito, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), acordó ayer “recabar más documentación” para analizar “en profundidad” si emprende “acciones”, tras las duras acusaciones de la teniente de alcalde y edil de Urbanismo de Ourense, Áurea Soto, y su abogado, Carlos Hernández, contra jueces y fiscales. La pasada semana y ante una inminente nueva imputación de toda la Junta de Gobierno local, afirmaron que el juez de instrucción número uno de la ciudad de As Burgas “no está actuando correctamente”, que el fiscal jefe se ha instalado en la “desidia” y que tres magistrados del Superior “no tienen un aura que les protege del delito”.
Pero las averiguaciones retrocederán hasta el verano de 2013. Y es que hace exactamente un año, Soto ya acusó a los jueces de instrucción de “quebrar el Estado de derecho, intentar engañar y confundir el investigar con el condenar”. Entonces también afirmó que “no se puede permitir que los jueces decidan quién está y quién no en política” y concluyó que “lo mejor es que pase a gobernar la judicatura”. La edil acumula seis imputaciones judiciales derivadas de su actividad política en el Ayuntamiento.
Fuentes del máximo órgano de gobierno de los juzgados gallegos, del que forman parte el presidente del TSXG, los presidentes de las salas, los cuatro presidentes de las audiencias provinciales y siete magistrados, aclaran que el próximo mes de septiembre decidirán si esas palabras son un “intento de presión” contra la judicatura -podrían ser consideradas amenazas- lo que implicaría su traslado a la fiscalía. También valorarán si instan a la apertura de un expediente por parte del colegio de abogados contra el abogado de Soto.
El letrado de Soto matiza que la "responsabilidad" de las "críticas" vertidas la semana pasada en el salón de plenos del Ayuntamiento ourensano, es "exclusivamente" suya. Además afirma que "le apena" pero "no le sorprende" comprobar que "el corporativismo es lo único que mueve a los órganos de gobierno de la justicia". Hernández cuestiona el proceder de una parte de la judicatura, denuncia una "diferencia de trato de la fiscalía según que el investigado sea un cliente habitual o pertenezca a la categoría de VIP" y recomienda a la Sala de Gobierno del alto tribunal que "no busque en legislación reciente el título para sancionarme; tendrán que acudir a la franquista ley de orden público o de peligrosidad social".
Para el portavoz del gobierno, José Ángel Vázquez Barquero, “no falta ningún informe” y “no se habló de ilegalidades”. “No hubo discrepancia. Hubo debate. Ellos [el interventor y el jurídico] hicieron sus reflexiones sobre el procedimiento pero nosotros manejamos otros informes por escrito y verbales”, matiza. También explica que dos informes del secretario municipal y del oficial mayor amparan el procedimiento de aprobación de los presupuestos, incluido el anexo de personal afectado por la sentencia, en la Junta de Gobierno. “Entendemos que los informes necesarios eran sobre el procedimiento, y en ese sentido el del oficial mayor y el del secretario dicen que la Junta es competente”, defiende. En esos documentos se determina que la “triple acepción de función interventora, control financiero y presupuestario” del interventor “hace preceptivo su informe”, un documento ausente en la aprobación inicial formalizada por el alcalde y sus cinco concejales afines.
Las advertencias de los dos técnicos que asesoran en persona a la Junta de Gobierno y el caos legal generado por la decisión del TSXG en contra de la política laboral del gobierno, no han impedido la aprobación urgente de las cuentas en una decisión que la oposición tacha de “locura”. “Llevamos con los presupuestos prorrogados desde 2012 y no se entiende esta urgencia”, afirman.
Desde el gobierno se resta importancia al fallo judicial. Barquero matizó que “la sentencia no repercute” porque “la RPT no es un documento presupuestario”. Además aseveró que los “vicios” que llevaron al Superior a tumbar los contratos a dedo “son subsanables con carácter retroactivo” basándose en un informe firmado el pasado 15 de julio por el jefe de servicio de Personal, precisamente, uno de los puestos anulados mediante el fallo firme. La directora general de Personal, en unas declaraciones difundidas ayer por el Ayuntamiento, recalcó que “la sentencia es anulable” porque se trata de “un defecto formal, no de fondo, y por ello cabe la posibilidad de subsanación” a través de un trámite administrativo ya iniciado que trasladarán a la mesa de negociación sindical. Además recordó que “no es ilegal tener profesionales adscritos al gobierno” ya que todas las Administraciones gallegas emplean esta forma de contratación. El pasado viernes, tras difundir los medios la sentencia firme ocultada desde el 3 de julio, aclaró que pretende cumplir la decisión de la justicia sin ceses o despidos.
