La AVPD avisa de un uso “torticero” del derecho al olvido en casos de corrupción

El director de la Agencia vasca de Protección de Datos, Iñaki Pariente, ha reconocido este lunes que la sentencia a favor del derecho al olvido dictada en contra de Google por la justicia europea está dando "sus primeros problemas" en la aplicación de la misma. La sentencia ha provocado un "incremento de las consultas" de la ciudadanía vasca en la agencia para informarse sobre el derecho al olvido, ha destacado. Pariente, que ha acudido hoy al Parlamento de Vitoria,  ha reconocido que la sentencia puede ser utilizada "torticeramente" ante la posibilidad de que haya personas vinculadas a casos de corrupción que pidan ser borradas, pero también ha destacado que la sentencia da "una escapatoria" a Google para no hacerlo, que sean de "relevancia pública".

En todo caso, el director ha asegurado que estarán "vigilantes" con la manera en que el buscador aplica la sentencia. El responsable de la agencia estatal, José Luis Rodríguez, también ha avisado a principios de este mismo mes del riesgo de que exista un "sobrecumplimiento" de los dictados de la justicia europea.

Pariente ha entregado a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, la memoria de su institución de 2013, en la que se refleja que las infracciones de las administraciones públicas vascas han pasado de 22 en 2012 a 11 el pasado ejercicio. La agencia explica esta importante reducción por dos motivos: el primero, que se realizan consultas previas relacionadas con nuevas normativas de manera informal que evitan la actuación de los responsables de esta institución. "Una llamada a tiempo evita muchos problemas", ha destacado. El segundo, que existe un "mayor respeto a la protección de datos" en las administraciones públicas vascas, que afrontan las sugerencias de la agencia con un afán "colaborador", según su responsable.

En este sentido, la administración reacciona cuando la agencia emite una resolución en su contra. "Cuando les decimos que tienen que cambiar, lo hacen de manera fulminante, instantánea", ha asegurado el director. Muchas infracciones tienen una "resolución sencilla", subraya, porque se realizaron por "puro desconocimiento".  Entre los casos concretos, ha destacado varias resoluciones vinculadas a la videovigilancia. La agencia sancionó en enero al Ayuntamiento de San Sebastián por sus actuaciones en el transporte público en materia de videovigilancia.

Sobre la tendencia de las instituciones a plantear la denuncia, a través de listados públicos, de entidades o personas que están soslayando la legislación, Pariente ha remarcado quela "publicación en listas accesibles al público es algo muy difícil", por lo que se trata de un debate que "exige un estudio". Eso sí, ha subrayado que las "personas jurídicas no tienen derechos" en materia de protección de datos, por lo que en los casos como el reclamado por el Parlamento al Gobierno, de elaborar listados públicos de entidades bancarias que no pagan lo que les corresponde como propietarios de viviendas en una comunidad de vecinos, "no es un problema que afecte a la protección de datos".