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Vivir de la habitación de invitados

Cientos de familias alquilan estancias de sus pisos para llegar a fin de mes

Los hoteleros estiman que hay 12.000 apartamentos ilegales en Barcelona

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Rosa María Sánchez vive en el Ensanche de Barcelona y alquila habitaciones para llegar a fin de mes.

La vivienda de Rosa María Sánchez tiene una ubicación de ensueño para cualquier turista que quiera pasar unos días en Barcelona. Está a un tiro de piedra del paseo de Gràcia, de la playa de la Barceloneta y del templo de la Sagrada Familia. En la décima ciudad con más visitantes del mundo, Sánchez decidió alquilar por días dos de las tres habitaciones de su piso a través de la plataforma de Internet Airbnb. “Con estos ingresos puedo sobrevivir. Me quedé viuda y tengo una hipoteca de 20 años desde hace 13”, explica. Sin embargo, Sánchez se encuentra con que la Generalitat está castigando a quien incumple con la normativa catalana, que prohíbe que se arrienden habitaciones.

La capital catalana ha construido en las últimas dos décadas un destino turístico que se ha colado en las primeras posiciones de casi todas las clasificaciones mundiales. “Todo el mundo ama Barcelona”, publicaba en mayo The Guardian, que elaboró una clasificación que la situaba como la sexta marca más potente del mundo, por delante de San Francisco o Río de Janeiro. El último informe de Mastercard la colocaba como décimo destino de todo el planeta, con 8,4 millones de turistas internacionales anuales. Airbnb, la primera plataforma de comercialización de apartamentos basada en el modelo peer to peer (particular a particular), señala que Barcelona se disputa con Londres la tercera plaza entre sus usuarios. “Nuestra oficina está en Barcelona no solo por su potencia turística, sino también por su faceta innovadora y emprendedora”, explica el director general de Airbnb en España, Jeroen Merchiers.

La Generalitat, sin embargo, ha sido la primera Administración de la Unión Europea que ha multado con 30.000 euros a la compañía, junto a otras siete del mismo sector, por comercializar en su plataforma viviendas que la legislación catalana considera ilegales. Son pisos no dados de alta en el Registro de Turismo de Cataluña y, sobre todo, habitaciones en viviendas habituales. “Bajo el nombre de economía colaborativa no se puede alterar las reglas de juego, que deben ser las mismas para todo el mundo”, advirtió el consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, quien amenazó con impedir el acceso al dominio de Airbnb desde Cataluña en caso de que no retire la oferta ilegal de su página. “Nos ha sorprendido que venga de un país que está dentro de la Unión Europea una insinuación de ese tipo”, lamenta Merchiers, que reclama que la Generalitat regule las habitaciones en domicilios particulares para uso turístico. “Esperamos poder trabajar con el Ayuntamiento y la Generalitat para que haya leyes que sean más adecuadas a la realidad”, asegura.

Airbnb pide a la Generalitat que regule la oferta de dormitorios

Rosa María Sánchez hace un tiempo que ya nota la presión de las Administraciones. Sostiene que gracias al dinero que se dejan sus huéspedes puede pagar el agua, la luz y el gas. “Hay casos similares, incluso peores, de gente mayor que pueden mantener su casa y seguir yendo al mercado por esos ingresos”, se queja. La crisis ha supuesto que cientos de familias se hayan planteado la misma opción que Sánchez. El Gremio de Hoteles de Barcelona, que tiene un departamento para identificar apartamentos ilegales en la ciudad, estima que hay unos 12.000 pisos operando sin licencia.

Ante las sanciones de la Generalitat, un puñado de ciudadanos ya se está organizando para reivindicar la figura de los “anfitriones”. La semana pasada se concentraron en la plaza de Sant Jaume y elaboraron un escrito para el alcalde, Xavier Trias (CiU). En él, sostienen que “compartir su casa ayuda a los residentes de Barcelona a ganar un dinero extra para pagar sus facturas” y poder “quedarse en el barrio que aman”. Enric, que sí pide el anonimato, empezó a alquilar su vivienda mientras conseguía sacar a flote el negocio que acababa de poner en marcha, una sala para eventos que no terminaba de arrancar. Para él, con pareja y dos hijas, no es “una opción fácil”, pero les permitió salir adelante durante una época. Airbnb encargó un estudio a Dwif Consulting que luego corroboraron profesores de Iese y Esade que señalaba que el 60% de los anfitriones de la plataforma destina esos ingresos a “los gastos domésticos más importantes”, y que un 53% han podido pagar la hipoteca o el alquiler gracias a esa actividad.

Los apartamentos acusan a los hoteles de querer mantener un “monopolio”

La decisión de la Generalitat, en todo caso, reabrió la guerra entre hoteleros y apartamentos turísticos. Los primeros aplaudieron la sanción de la Generalitat y pidieron a las Administraciones mano dura. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos turísticos de España (Fevitur), en cambio, se quejó de que los hoteleros solo quieren que se promulguen normas “que sean imposibles de cumplir y que les permita mantener su monopolio del alojamiento en España”.

Sin embargo, es complejo afrontar la proliferación de esa oferta. “Por un lado, algo hay que hacer, porque se añaden camas al mercado y tiene un impacto sobre el sector legal, pero por otro es difícil poner puertas al campo”, explica el consultor de Magma Turismo Bruno Hallé. El profesor de Esade Carles Torrecilla, sin embargo, opina que hay “demasiada obsesión por la calidad”, cuando debería procurarse un “equilibrio” de varios segmentos. A su juicio, Barcelona debe poder cubrir una demanda que está pidiendo el producto que le da Airbnb. “La legislación hace que la oferta sea difícil de adaptarse a ciertos requerimientos de la demanda”, asegura el profesor, quien alerta del peligro de que una normativa exigente “incentive el proteccionismo” en el sector.

Un sector bajo la lupa

Los hoteleros barceloneses consideran que la historia de éxito de la ciudad en el campo turístico está lejos de agotarse, y se proponen pasar de los 7,5 a los 10 millones de turistas anuales. Ello permitiría absorber una oferta de camas que no hace sino crecer cada año. Pero el sector se ha marcado otro frente: frenar la oferta irregular de apartamentos turísticos. Una de las principales acusaciones que realizan los hoteleros es que los caseros no declaran impuestos. “No podemos vivir en una oferta de fraude continua”, afirmó Joan Molas, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, quien presentó un manifiesto “contra la economía sumergida”.

Rosa María Sánchez, sin embargo, niega que los anfitriones de Airbnb no declaren sus ingresos. “Cada año, antes de que tenga que hacer la declaración de la renta, la gente de Airbnb me manda una carta con el certificado en el que constan todas las ganancias que me ha supuesto la actividad”, asegura Sánchez, quien opina que “dan más problemas los apartamentos que están vacíos y se comercializan sueltos”. Un gestor de viviendas turísticas que prefiere no ser identificado explica que el sistema empleado por Airbnb disuade la actividad sumergida, puesto que los pagos se realizan obligatoriamente mediante una transferencia bancaria.

La patronal de los apartamentos turísticos afirmó esta semana en un comunicado que está “totalmente de acuerdo” con que hay que luchar contra la “economía sumergida” y que la normativa debe favorecer el “desarrollo reglado” de la actividad, pero lamentó “la demagogia” del sector hotelero. La patronal sostiene que su actividad consiste en alquilar viviendas, “las mismas que usa una familia para vivir, por lo que los requisitos deben ser los mismos que los de una familia española, estos son: la cédula de habitabilidad o la licencia de primera ocupación”.