El Supremo valida la orden ministerial que protege del expolio El Cabanyal

El Tribunal Supremo confirmó ayer que la orden aprobada por el Ministerio de Cultura en 2009 para proteger el barrio de El Cabanyal de un plan municipal que expoliaba su casco histórico, se adoptó conforme a derecho y es plenamente válida. El alto tribunal ha rechazado el recurso de casación que la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia presentaron contra otro fallo, en el mismo sentido, de la Audiencia Nacional. Las dos administraciones han combatido desde el principio la norma ministerial. La Generalitat llegó incluso al Tribunal Constitucional pero a última hora desistió.

La orden implicaba la suspensión inmediata del plan urbanístico, "en tanto se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de éste como conjunto histórico".

El Consistorio de Valencia anunció el 20 de junio —dos días después de que el Supremo se reuniera para deliberar y fallar sobre el recurso—, que desistía de un recurso presentado dos años atrás porque había alcanzado un “acuerdo político” con el Gobierno para reformular el plan urbanístico para esta zona de la capital. Barberá vendió el pacto como cosa hecha después de dos años de negociaciones con el PP gobernando la Moncloa. Cultura precisó que se trataba de “un principio de acuerdo”, supeditado a lo que indicaran informes técnicos del ministerio y de organismos independientes.

La Sala Tercera del Supremo rechaza ahora el recurso de la Generalitat, que argumentó que el Estado se había extralimitado con la orden ministerial e invadido competencias que no le son propias. Los abogados de la Generalitat sostenían que la actuación del Estado en esta cuestión era “excepcional y subsidiaria”, sólo legitimada si la Comunidad Valenciana no actuaba en defensa del bien protegido. La resolución del alto tribunal responde que "los casos de expoliación del patrimonio cultural, artístico y monumental son una competencia exclusiva atribuida por la Constitución al Estado".

Preguntada al respecto, la alcaldesa de Valencia alegó que desconocía el contenido de la sentencia. “Ni la he visto, estaba reunida. No puedo decir nada, no sé nada, no puedo comentar nada",aseguró a la salida de una entrevista con el embajador de Singapur en España. Quien si salió al paso del fallo judicial, por medio de un comunicado, fue el el número dos de Barberá. El vicealcalde, Alfonso Grau, le restó importancia: “La sentencia carece en estos momentos de trascendencia práctica puesto que el Ayuntamiento y la Generalitat ya habían acordado, con carácter previo al fallo, los términos en que se producirá la adaptación del plan del Cabanyal”. Grau insistió en que el Ayuntamiento de Valencia “seguirá realizando con el máximo empeño lo necesario para poder desarrollar estas actuaciones”.

En la oposición, el portavoz del Grupo Municipal Socialista de Valencia, Joan Calabuig, pidió a la alcaldesa que no lo retrase más y adapte el plan especial de reforma interior del Cabanyal porque, en su opinión, “lo único que logra con sus juegos es retrasar la solución y castigar a los vecinos y vecinas”.

Para Amadeu Sanchis, del Grupo de EU, el fallo del Supremo obliga al Gobierno local a archivar el nuevo plan esbozado por Barberá. Según Sanchis, esta resolución judicial blinda la trama urbana del Cabanyal “frente a los intentos del Gobierno del PP de, con argucias legales y no legales, confundir a la opinión pública, introduciendo la posibilidad de mantener viva la prolongación de Blasco Ibáñez”. El coordinador de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Valencia, Eduardo Gómez, responsabilizó al Ayuntamiento y a la Generalitat “de judicializar un proceso sobre el Cabanyal que nunca debió comenzar".

La nueva propuesta de Barberá mantiene la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, con 48 metros de ancho, y reduce en un 35% los inmuebles afectados por las demoliciones en la zona BIC. También recorta de cinco a tres las alturas de los edificios previstos.

La adaptación que propone Barberá incluye la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, lo que, según la plataforma Salvem El Cabanyal, es una solución igual de expoliadora que la original. “Lo tengo hablado con la vicepresidenta Soraya Sáenz y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal”, remarcó entonces la alcaldesa.

Salvem El Cabanyal, plataforma que ha luchado contra el plan en los tribunales, asoció en un principio la retirada del recurso del Supremo por parte del Ayuntamiento con una nueva derrota judicial. “La alcaldesa no ha conseguido la validación patrimonial ni del antiguo plan urbanístico ni del actual, con la finalidad de adaptarlo a las exigencias de la orden ministerial”, manifestaron. La organización, que ha convocado una protesta en octubre contra el nuevo plan del PP, insistió ayer en que el Consistorio reconsidere el proyecto y dé voz a todas las partes implicadas del barrio. “Pedimos que presente un proyecto de participación ciudadana”, reivindicaron. Ayer se dió a conocer una nueva plataforma del barrio.