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Ayuntamiento y Comunidad de Madrid rescinden sus proyectos ‘wifi’ con Gowex

La ciudad pagó 60.000 euros a la empresa por el wi-fi gratuito en 12 plazas

El Gobierno regional iba a poner en marcha este mes un servicio similar en el metro

Un hombre pasea junto a un cartel de Gowex.
Un hombre pasea junto a un cartel de Gowex. REUTERS

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, ambas en manos del Partido Popular, han anunciado hoy que rescindirán sus contratos con la empresa Gowex, que este fin de semana reconoció que había falseado sus cuentas de los últimos cuatro años, hinchando sus resultados, y solicitó el concurso de acreedores por no pagar sus deudas.

El presidente regional, Ignacio González, ya advirtió ayer de que adoptaría esta medida “inmediatamente”. Su consejero de Transportes, Pablo Cavero, ha anunciado hoy la cancelación del proyecto piloto para ofrecer conexión inalámbrica a Internet (wifi) de forma gratuita en los andenes y pasillos de Metro; este servicio iba a entrar en funcionamiento a finales de esta semana o principios de la próxima en Nuevos Ministerios y se extendería a nueve estaciones más en los próximos meses. Según Cavero, la cancelación del contrato no tendrá “ningún coste económico” para la empresa pública, que buscará otro operador para ofrecer ese servicio. La pretensión inicial del Gobierno regional era "cederle el espacio" a la compañía tecnológica a cambio de su servicio para comprobar su funcionamiento.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha señalado esta mañana que los abogados municipales “están estudiando en estos momentos los contratos con Gowex para determinar las acciones legales correspondientes”. “Creo que son pocos”, ha añadido la regidora. El concejal de Izquierda Unida Jorge García Castaño ha solicitado al Ayuntamiento y a sus empresas públicas un listado de esos contratos, y las subvenciones y ayudas dadas a la empresa.

El Ayuntamiento y la empresa firmaron en octubre de 2012 un acuerdo para ofrecer wifi gratuito en 12 plazas de la capital (Mayor, Santo Domingo, Olavide, Callao, Ópera, Felipe II, Prosperidad, Humilladero, Santa Bárbara, de los Cubos y de la Paja, y en el bulevar de la calle de Fuencarral entre las glorietas de Bilbao y Quevedo). Entró en vigor el 1 de enero de 2013 y finalizaba el 31 de octubre de 2014; el Ayuntamiento debía abonar por este servicio 64.190 euros.

Dentro de ese contrato, estaba incluido también el servicio en dos centros de innovación tecnológica: el Smart Lab en la avenida Monforte de Lemos y el On Rails de la calle Lago Titicaca. El Ayuntamiento cuenta también con un servicio de wi-fi en las bibliotecas públicas, pero lo presta otra empresa.

Gowex es patrocinador del servicio de wifi gratuito en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes desde finales de 2010. Aporta una cantidad que el Ayuntamiento no ha desvelado a cambio de colocar su logo en los autobuses, pero tanto la infraestructura como el servicio son públicos y no se verán afectados, según fuentes municipales.

Botella anunció hace dos semanas su intención de extender la cobertura de wifi en calles y plazas a toda la ciudad, sin ofrecer eso sí plazos, cantidades económicas o cualquier otro detalle del proyecto. Hoy ha explicado que su intención es poner en marcha el proyecto el año que viene; los pliegos del concurso público aún se están redactando, de forma que el hundimiento de Gowex “no tiene por qué retrasar” el proyecto.

Está por ver, en cualquier caso, si habrá algún operador interesado en ofrecer estos servicios municipales y regionales. Más allá de su rentabilidad, ahora en cuestión, estos proyectos tienen importantes trabas legales. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (integrada ya en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) vigila desde hace tiempo muy cerca estas iniciativas para evitar que la Administración incurra en competencia desleal con las empresas telefónicas.

El principal requisito es que la conexión no sea accesible desde viviendas, y que su velocidad sea inferior a los 256 kilobytes por segundo. Esta última limitación (es 40 veces más lenta que el servicio de pago estándar) afecta muy negativamente al interés de los usuario potenciales. El Ayuntamiento de Málaga fue multado en 2010 con 300.000 euros por incumplir estas condiciones.