Manuel Bustos deja la política

Primero fue el estallido del caso Mercurio, de corrupción urbanística en Sabadell, el que obligó hace año y medio a Manuel Bustos a dejar la alcaldía de la ciudad. Ahora es la investigación judicial alrededor de los presuntos sobresueldos pagados por la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) a 40 alcaldes durante su etapa como presidente la que ha puesto fin a su carrera política. “A la espera del desarrollo de los procesos judiciales, pensando en el bien colectivo y con la voluntad de no perjudicar a los compañeros del PSC ni de otras formaciones políticas, he tomado la decisión de desvincularme totalmente de la política y, por tanto, renunciar a todos los cargos institucionales”, ha anunciado esta tarde Bustos en su Facebook.

Después de dejar la alcaldía, y por consiguiente, la presidencia de la Federación de Municipios, Bustos solo mantenía su cargo como regidor en el Ayuntamiento de Sabadell y como diputado en la Diputación de Barcelona. De hecho esta administración es donde desde hace dos años percibía su sueldo: 83.546 euros brutos anuales, a lo que hay que sumar 1.296 euros mensuales por asistencia a los plenos municipales.

En su investigación, los Mossos han detectado que durante 2011 y 2012 —cuando la FMC estaba bajo el mando de Bustos— se repartieron unos 300.000 euros en pagos mensuales fijos. Los agentes consideran que se trataban desobresueldos y no de dietas, que suelen tener un importe variable en función de los desplazamientos o asistencias a las reuniones. Las retribuciones incluso se cobraron en agosto o cuando la entidad estaba bajo una gestora por las elecciones municipales de 2011, cuando se renovaron los miembros.

Sobre esta polémica, Bustos asegura que “no eran sueldos encubiertos”. “Todos hemos cobrado por el trabajo hecho y declarándolo a Hacienda”, dice en su escrito. Además defiende que los alcaldes cobraran en verano. "Solo hace falta repasar la hemeroteca sobre la polémica de los Top Manta, el PIRMI, las guarderías..., que demuestran la actividad permanente de la FMC, también en periodo estival".

El ex alcalde socialista también se refiere a las conversaciones interceptadas por los Mossos en que intenta ocultar a este diario las retribuciones de los cargos directivos de la FMC. Bustos admite que quería “evitar que salieran publicadas las cifras que cobrábamos para evitar la fácil y comprensible demagogia sobre lo que cobran los políticos”. Bustos asegura que está siendo "objeto de una persecución" y que detrás de la operación Mercurio hay unos "estrategas que quieren hundir" el PSC.

Bustos no ha concretado cuando se formaliza su despedida, pero Sabadell no celebrará pleno municipal ordinario hasta septiembre. La Diputación, en cambio, sí tiene pendiente una sesión plenaria a finales de julio.

Esquerra abandona la FMC

Esquerra ha decidido seguir los pasos de Convergència y abandonará el Comité Ejecutivo de la FMC. Actualmente el partido cuenta con cinco alcaldes —Solsona, Olost, Monistrol de Montserrat, Llinars del Vallès y Guissona— en el dicho órgano, que es el afectado por la investigación judicial. La portavoz republicana, Anna Simó, ha anunciado que su partido ha pedido una asamblea extraordinaria de la FMC para que se constituya una junta gestora que se encargue de comandar la entidad hasta las elecciones municipales de 2015, cuando se renovarían sus miembros.Para convocar esta asamblea se requiere la aprobación por parte del Comité Ejecutivo o la petición del 10% de los asociados.

Los republicanos van más allá y piden que solo exista una única entidad municipalista y no dos como actualmente: la FMC, vinculada a los socialistas, y la Asociación Catalana de Municipios, que se mueve en la órbita de Convergència. La portavoz de ERC precisó que no buscan “la fusión” de ambas entidades, sino que lo proponen es que nazca un nuevo organismo con los mismos objetivos y tareas que las existentes —defender los intereses de los municipios—, pero que sea “lo más transparente posible”. La propuesta republicana pasa porque esta nueva entidad esté sometida al derecho público y a un mayor control público sobre sus cuentas. Además piden una auditoría externa sobre las cuentas de la entidad de últimos años.

Tanto la FMC y la ACM, a pesar de que se sustentan principalmente con fondos públicos (cuotas que pagan Ayuntamientos, Diputaciones y Generalitat), son en la práctica entidades privadas. Solo presentan sus cuentas a la Generalitat y al Registro Mercantil, pero no están fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas.