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El PP ficha para el ‘caso Invercaria’ a un abogado imputado en otra causa

El letrado Wenceslao Moreno está acusado de apropiación indebida y falsedad

El nuevo abogado del PP en el caso Invercaria, Wenceslao Moreno.
El nuevo abogado del PP en el caso Invercaria, Wenceslao Moreno.

El Partido Popular andaluz ha fichado al abogado Wenceslao Moreno de Arredondo para representar su acusación popular en el caso Invercaria y otras nueve causas que investigan la gestión de sendas empresas públicas de la Junta como RTVA o Egmasa. El PP ha convertido el caso Invercaria en bandera de su cruzada contra la corrupción política, justo por debajo del caso ERE y las investigaciones que examinan los cursos de formación del Gobierno andaluz.

Desde la semana pasada la argumentación jurídica de esta formación en estas 10 causas corresponde a Moreno, un veterano abogado que cobró notoriedad hace dos décadas por el caso Ollero y que ahora ha resultado imputado en el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla por apropiación indebida, alzamiento de bienes, falseamiento de cuentas, imposición de acuerdos abusivos y falsedad en documento mercantil.

Para Moreno trabaja la esposa del diputado a Cortes Ricardo Tarno, alcalde de Mairena del Aljarafe y expresidente del PP de Sevilla. Tarno y Moreno son vecinos en el Zaudín, una urbanización de lujo a las afueras de la capital andaluza. El PP se enteró de la imputación de Moreno por la llamada de este diario. “¿Cómo?”, preguntó sorprendida la secretaria general del partido en Andalucía, Dolores López Gabarro. A continuación, solicitó tiempo para responder porque debía “estudiar el asunto”.

El PP no ve que la imputación de su abogado decretada por un juez sea un inconveniente para ejercer la denuncia en casos de supuesta corrupción. “Se ha contratado a un señor con suficiente capacidad y experiencia, habilitado por el Colegio de Abogados, y con un despacho con multitud de clientes. Él tiene otros asuntos que resolverá como estime conveniente”, afirmó un portavoz del PP andaluz. Fuentes del partido achacaron la contratación del letrado a un intento de repartir las causas judiciales entre varios bufetes, ya que hasta ahora estaban todas concentradas en uno.

Moreno tampoco ve que su imputación sea un obstáculo y rechazó que su contratación haya estado vinculada a que la esposa del regidor de Mairena trabaje para él. “Tarno no tiene nada que ver porque es de los que se han ido, no de los nuevos [dirigentes del PP]”. A continuación, restó importancia a su imputación: “Denunciar es muy fácil y nunca se archiva del tirón”, alegó.

Moreno sustituye en la decena de causas del PP al bufete García Navarro y Fuster Asociados. Este despacho mantiene la acusación del PP en el caso ERE. Uno de los dos socios, Luis García Navarro, actuó en 2002 como secretario de la empresa Al Ballut Dehesas de Calidad, beneficiada con dos ayudas de la Junta por 2,6 millones. Tras investigar este desempeño, la fiscalía archivó las diligencias.

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La causa por la que está imputado Moreno se remonta a 2011, cuando un arquitecto denunció en los tribunales a Moreno junto a la también abogada Pilar Rodríguez, y cuatro administradores de la sociedad Andaluz S. A. por la venta de un terreno en pleno barrio de Triana. El juez Óscar Sáiz archivó la denuncia a finales de 2011, en consonancia parcial con la opinión del fiscal de Delitos Económicos, Emilio Llera, hoy consejero de Justicia. Sin embargo, el denunciante apeló el archivo ante la Audiencia de Sevilla, y esta le dio la razón de manera parcial el pasado octubre. La decisión de los jueces de la Sección Séptima de la Audiencia reactivó el caso y cuatro de los seis acusados, entre ellos Moreno, han prestado declaración como imputados ante Sáiz. El magistrado no ha especificado los delitos que imputa a los acusados, pero tras el imperativo de la Audiencia el juez ha asumido la acusación por los cuatro delitos que incluía la querella presentada por el arquitecto. “Procede depurar los hechos en la misma expuestos, incluidos los que afecten o puedan afectar al apartado D que el fiscal exonera de su petición de revocación”, determinó la Audiencia en su auto del pasado 3 de octubre.

La estrategia política del PP andaluz desde que Juan Manuel Moreno se convirtió en presidente el pasado marzo ha rebajado el protagonismo de la denuncia de la corrupción política en la Junta, pero es un arma que sigue impregnando su discurso político casi a diario, entre otros motivos, porque la agenda judicial es la que es. “La corrupción sigue siendo una realidad palpable en Andalucía, pero es verdad que dentro de la estrategia del PP es una pata más” de la oposición que ejerce este partido, aseguró la número dos de los populares.

Tras los resultados de las elecciones autonómicas de marzo de 2012, que el PP ganó pero de manera insuficiente, en este partido se ha ido abriendo paso el debate de que toda la presión sobre el Gobierno andaluz no se puede ejercer sobre el mismo punto a raíz de los casos de corrupción que investigan los jueces. La sensación en este partido es que no tienen ya el mismo coste político para el PSOE.

En esta estrategia de denuncia constante, la personación jurídica en 10 causas de corrupción es un elemento fundamental para dosificar la información de manera conveniente y así sacar el mayor rédito en las próximas elecciones municipales. El juez Juan Gutiérrez instruye las nueve causas que examinan la gestión de las nueve empresas públicas como EPSA, en paralelo a Invercaria, que ya supera los 20 imputados pese a que la instrucción solo ha analizado cuatro de 40 empresas, lo que da idea de su tamaño.

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