Imputada la mujer del cerebro del desfalco en San Fernando

La esposa y la suegra de Clemente Ruiz, el cajero municipal acusado de haber hecho desaparecer más de siete millones del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), tendrán que declarar como imputadas el próximo viernes 11 de julio ante el juzgado de instrucción de esta localidad. La juez las cita, a petición de la fiscalía, como presuntas autoras de un delito de blanqueo de capitales. La principal hipótesis es que colaboraron conscientemente para que el rastro del dinero sustraído haya desaparecido.

El caso se reactiva ahora cinco años después de haberse detectado el robo. Fue el Ayuntamiento, gobernado entonces por el andalucista Manuel María de Bernardo, el que se apresuró a denunciar la sustracción de este dinero cuando la Cámara de Cuentas de Andalucía detectó las primeras irregularidades. Desde el primer momento las principales sospechas cayeron sobre el cajero Clemente Ruiz y su compañera María José Lebrero, funcionarios municipales, que llegaron a ser detenidos acusados de haber creado un sistema para quedarse con el dinero que se ingresaba en la caja, sin que nadie lo detectara.

Ruiz siempre ha defendido su inocencia y, a pesar de los informes policiales que destacaban su alto tren de vida en comparación con su sueldo, él siempre argumentó que sus pertenencias y las de su familia las había adquirido con su sueldo y los beneficios de un negocio inmobiliario. En anteriores declaraciones, la mujer aseguró que su marido había cobrado una herencia de 240.000 euros, lo que explicaría que pudiera tener bienes de valor superior al de las cosas que podía comprar sólo con sueldo.

Ni la policía ni la fiscalía le creen. De hecho, sospechan que contó con la colaboración de su familia, su mujer y su suegra, de ahí que la juez haya aceptado llamarlas a declarar ahora como imputadas. El ministerio público cree que pueden ser autoras de un delito recogido en el artículo 301 del Código Penal, que castiga usar fondos a sabiendas de que su origen es ilícito.

La instrucción no terminará con estas declaraciones. Queda todavía encontrar el dinero desaparecido. Y la investigación se encamina al papel que ejerció una familia marroquí, amiga de Clemente Ruiz y su esposa. Los informes policiales relataban fiestas de más de 345.000 euros y tratamientos estéticos de 50.000 euros que pudieron ser financiados por el funcionario isleño. Los siete miembros de esta familia fueron imputados hace ahora un año pero, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no han sido llamados a declarar.

La lentitud de la instrucción dificulta aproximar una fecha para este juicio. La investigación penal, de momento, ha descartado colaboración política en este desfalco, aunque el robo sí ha tenido consecuencias para los dirigentes del Ayuntamiento. El entonces alcalde andalucista, Manuel María de Bernardo, dimitió hace unos meses tras haber sido declarado responsable contable de la sustracción de dinero público por el Tribunal de Cuentas.