El Ayuntamiento investiga un caso de espionaje en el contrato de limpieza
Analiza presuntos avisos de funcionarios a empresas para evitar multas millonarias
El Ayuntamiento de Madrid (PP) ha abierto una investigación sobre un posible caso de espionaje y connivencia entre personal municipal y una de las empresas adjudicatarias del contrato de limpieza viaria de la capital.
Correos electrónicos a los que ha tenido acceso EL PAÍS —aportados por un denunciante que prefiere el anonimato para evitar represalias— parecen indicar que un responsable municipal avisaba de la visita de los inspectores del Ayuntamiento con horas de antelación a la empresa encargada de limpiar las calles de una zona de la ciudad.
De esta forma, sus operarios podían esmerarse y evitar las penalizaciones que el Ayuntamiento aplica como sistema de control a las concesionarias que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Esas multas, que en realidad son detracciones del pago por el servicio, superan en ocasiones el millón de euros al mes.
El gobierno municipal, que preside Ana Botella (PP), licitó en abril de 2013 un contrato de limpieza viaria para unificar los 39 entonces vigentes en uno solo que se ocupara de barrer las calles, eliminar pintadas y conservar mobiliario urbano, zonas verdes, arbolado, áreas infantiles, etcétera. Debía entrar en vigor el 1 de agosto por un periodo de ocho años, dividido en seis lotes (correspondientes a sendas zonas de la ciudad) y con un importe total de 2.317 millones de euros.
El precio final de adjudicación fue de 1.943 millones, una rebaja del 16% sobre el importe de licitación gracias a la competencia entre empresas interesadas. Ganaron la concesión Ferrovial (lote 1), Sacyr (lotes 2 y 3), OHL (lote 4) y Fomento de Construcciones y Contratas (lotes 5 y 6).
IU: “El PP sabe que hay chivatazos”
La concejal de Izquierda Unida Raquel López considera que este caso, de confirmarse finalmente y respetando en todo momento la presunción de inocencia de los supuestos implicados, probaría una denuncia en la que insiste desde hace tiempo tanto este grupo político como los propios trabajadores de las contratas de limpieza.
“Que hay chivatazos es un secreto a voces que el Ayuntamiento debía conocer al igual que lo conocíamos nosotros, que lo pusimos en su conocimiento, de igual forma que lo hicieron los sindicatos en varias reuniones”, señala López.
La concejal censura, además, otras supuestas prácticas irregulares de las concesionarias: “Que las empresas estaban cobrando por contratar un número determinado de trabajadores y que, sin embargo, tenían varios cientos menos de los comprometidos tampoco lo ha querido controlar este Ayuntamiento, que lo que ha hecho es beneficiar los intereses de las empresas privadas que hacen el agosto a costa de los servicios públicos de la ciudad”.
López añade: “En este caso, de demostrarse todo lo denunciado, también se ilustran las negativas consecuencias del poder que el Partido Popular ha dado a las grandes empresas, que se enriquecen a costa de la prestación de servicios públicos que son derechos y no privilegios”. “Por tanto, exigimos al equipo de gobierno que ponga en marcha los mecanismos necesarios para evitar estas prácticas y así se lo haremos saber, al tiempo que pediremos explicaciones políticas”, concluye la concejal de Izquierda Unida.
Hasta entonces, los contratos de limpieza viaria incluían unos requisitos mínimos de trabajadores y medios técnicos. El Ayuntamiento cambió entonces el sistema, eliminando ese criterio y aplicando en su lugar uno de calidad del servicio. Estableció 68 indicadores que las concesionarias tenían que cumplir y que vigilarían 300 inspectores municipales. Lo importante no es ahora cuántos operarios hay vaciando las papeleras sino que las papeleras estén vacías. O, cuando menos, que lo estén cuando pase el inspector.
En caso contrario, se detrae hasta el 20% del pago mensual del servicio. En septiembre de 2013, por ejemplo, se les quitó 1,4 millones de euros (un 7,6% del pago comprometido) por no alcanzar la calidad convenida. En octubre, fueron 1,1 millones (un 6,4%).
En noviembre, los trabajadores de las concesionarias convocaron una huelga indefinida ante el anuncio de despido de 1.400 empleados (el 28% de la plantilla).
Como ya no había un requisito mínimo de trabajadores y los contratos se habían adjudicado con rebajas de hasta el 35%, varias empresas aprobaron un expediente de regulación de empleo (ERE). La huelga duró 13 días y provocó un gran daño político a Botella. Se cerró con la retirada del ERE.
Desde entonces, el Ayuntamiento se ha cuidado de que no haya despidos ligados a los nuevos contratos de servicios públicos (no son sólo de limpieza viaria sino también de mantenimiento de farolas, semáforos, calzadas y aceras, etcétera). Y ha seguido descontando dinero a las empresas por incumplimientos de los criterios de calidad.
En enero se detrajo el 5,4% del pago mensual, en febrero el 3,7%, en marzo el 4%, en abril el 3,5% y en mayo el 3,8%. Estos porcentajes son la media de los seis lotes, pero en algunos casos la penalización llegó hasta el 8,3% y en otros se quedó en el 1,8%.
Las multas dependen de la efectividad de las inspecciones periódicas de los funcionarios; al haber sólo 300 para toda la ciudad, no pueden estar todos los días en todas partes, por lo que el factor sorpresa de la inspección es vital.
Según la denuncia, el trabajador investigado anticipó por correo electrónico a dos contactos dentro de la concesionaria en qué distritos y qué zonas se realizarían las inspecciones apenas unas horas después, y qué indicadores de calidad (por ejemplo, si las calles están adecuadamente baldeadas) se vigilarían. Los dos correos a los que tuvo acceso EL PAÍS son de marzo y abril.
El Ayuntamiento procedió en un primer momento a comprobar si había indicios de verosimilitud que merecieran indagar, para descartar que pudiera ser una venganza personal contra un funcionario que, hasta entonces, tenía un expediente intachable.
Cumplido este paso, fue interrogado al respecto por responsables de la Dirección General de Limpieza y Zonas Verdes del Ayuntamiento. Se concluyó, según señalan fuentes municipales, que “existen razones para proceder a una investigación más profunda”, por lo que el área de Hacienda y Administración Pública ha abierto diligencias previas.
El funcionario ha sido apartado cautelarmente de sus funciones mientras se toma declaración a otros trabajadores y se examinan sus comunicaciones con las concesionarias (abundantes, puesto que formaba parte de su trabajo tratar con ellas a diario).
Si la investigación Administrativa confirma los indicios detectados, y estos son constitutivos de delito, el caso se dejará en manos de la justicia.
La investigación prevé, además, poner en conocimiento de los responsables de la concesionaria afectada estas circunstancias de forma inmediata, para intentar establecer de esta manera el alcance de la supuesta trama dentro de la empresa.
