El reparto regional de la PAC deja a Andalucía con 300 millones menos

El recorte en los fondos europeos de la Política Agraria Común (PAC) va a tener en Andalucía un impacto mayor del que se preveía en enero, cuando se conoció el presupuesto global. El Gobierno andaluz estima que el modelo de regionalización propuesto por el Ministerio de Agricultura provocará unas pérdidas del 18,65% en las ayudas directas del Régimen de Pago Único. Teniendo en cuenta que este capítulo ascendió el último año a 1.711 millones, el recorte sería de 319 millones anuales durante el periodo de la nueva PAC, 2015-2020. Esa cantidad se uniría a los ya conocidos 211 millones que Andalucía dejará de recibir en desarrollo rural, con lo que la reducción total superará los 500 millones.

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, trasladó este miércoles a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA y a la federación de cooperativas Faeca la preocupación de la Junta por la propuesta del ministerio que, como teme buena parte del sector, supondrá un trasvase de fondos desde Andalucía a otras comunidades autónomas. Básicamente, existe coincidencia en las reivindicaciones andaluzas, aunque Asaja ha mostrado desde el principio diferencias en cuestiones como la modulación o la redistribución de las ayudas.

Víboras ha pedido por carta a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, la convocatoria de una conferencia sectorial para abordar el modelo de regionalización. La conferencia se ha convocado para el próximo día 8, pero en el orden del día el ministerio no ha incluido las propuestas andaluzas.

Básicamente, el Gobierno de la nación no ha tenido en cuenta las reivindicaciones sobre las ayudas asociadas y el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones. Así, el recorte que estima la Junta contempla en primer lugar la reducción lineal del 8,64%, aplicada ya en este año de transición a todos los agricultores sin excepción, a pesar de que la Junta había pedido que se excluyera de este recorte a los perceptores que cobran menos de 5.000 euros, como permite la normativa europea, para que el ajuste fuera más equitativo. Hay que tener en cuenta que en Andalucía, 207.000 de los algo más de 270.000 agricultores y ganaderos que reciben ayudas europeas cobran menos de 5.000 euros anuales.

A eso hay que sumar la reducción del 10% por el nuevo diseño del modelo de ayudas propuesto por el ministerio. De ese porcentaje, un 6% se corresponde con el desacoplamiento (subvenciones desvinculadas de la producción) y las nuevas ayudas asociadas. Definitivamente, no se ha aceptado incluir en estas ayudas a sectores como el olivar en pendiente, la uva pasa o el trigo duro, cultivos que, según la Junta, cumplen los requisitos que marca la Unión Europea para recibir estos pagos adicionales. Es decir, que sean cultivos de baja rentabilidad y en riesgo de abandono.

Especialmente inquietante es la situación para las más de 300.000 hectáreas de olivar andaluz en pendiente (con una cota superior al 20%) que podrían ser inviables sin ese incentivo añadido. “Hay que buscar un modelo homogéneo y no discriminatorio y que respete la diversidad productiva de cada región”, indicó Agustín Rodríguez, de la UPA, que advierte del impacto de esta medida en el olivar de Jaén, Córdoba y el bajo Guadalquivir.

Otro 2% se va a detraer del fondo para ayudas a los jóvenes agricultores y un 1,65% se debe a la reducción del presupuesto de la PAC. Para la consejera Elena Víboras, se trata de un modelo que “perjudica a los sectores andaluces frente a los de otras comunidades”. Y, en relación con las ayudas acopladas, pone ejemplos como el de la remolacha, un cultivo en el que la ayuda se aplicará por volumen de producción y no por la rentabilidad de los cultivos, como ocurría hasta ahora. O el ovino de carne, que ya no tendrá un trato diferenciado respecto al de la leche, cuando es menos rentable y es, precisamente, el que más peso tiene en la región.

Andalucía tampoco ha tenido éxito en su petición de aplicar una reducción del 30% a los beneficiarios de la PAC que cobran por encima de 150.000 euros. El ministerio ha optado por aplicar sólo el mínimo del 5% que exige el Reglamento Europeo. En contraste al apoyo a los grandes perceptores de ayudas europeas, la Junta echa de menos medidas que favorezcan a las pequeñas y medianas explotaciones. Por eso ha pedido que se cree un grupo de trabajo de alto nivel para evaluar la aplicación del Pago Redistributivo, una modulación de las ayudas en función de la superficie, para beneficiar a las pequeñas explotaciones.