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Cinco euros por cada crucifijo que salga de los edificios públicos

La Asociación Valenciana de Ateos arranca una campaña por el laicismo

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Crucifijo en un aula del colegio público Macías Picavea de Valladolid, retirado por orden judicial tras la denuncia de un padre.

Por cada símbolo religioso que sea retirado de las instalaciones de un organismo financiado con dinero público, la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores pagará cinco euros. La campaña "Descuelga un crucifijo por los servicios públicos", pretende "incentivar razonada y económicamente" el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado que define la Constitución. Escuelas, hospitales, cuarteles, juzgados, ayuntamientos... cientos de edificios son susceptibles de acogerse a una campaña que, con un presupuesto total de 2.500 euros, espera retirar 500 crucifijos.

La asociación entregará los crucifijos a las órdenes religiosas

"Queremos devolver los símbolos religiosos a su lugar natural, que son las iglesias, los templos o los conventos. Los crucifijos que recojamos los depositaremos en instituciones religiosas que es donde tienen que estar", explica Antonio Pérez Solís, presidente de la asociación. Según el barómetro del CIS de abril de 2014, el 26,1% de la población española se declara no creyente o atea.

El procedimiento de recogida de los símbolos parece sencillo. "La campaña incluye cualquier organismo estatal, autonómico o local que realice su función en la Comunidad Valenciana. El responsable del centro es quien contactará con la asociación. No podemos pedir a un empleado que descuelgue el crucifijo porque no tiene la facultad de hacerlo y se mete en un lío", explica Solís. "¿Estarán por la labor los directores de los centros? Pues no lo sabemos", confiesa. La asociación pagará cinco euros por cada símbolo que se les entregue pero exige que haya estado colgado y que no se sustituya por uno nuevo. El presidente de la asociación reconoce que será complicado tener la garantía de que no se vuelvan a poner porque su organización "no va a hacer de policía".

La jurisprudencia ha obligado ya a retirar símbolos religiosos de los organismos públicos

Además de defender la aconfesionalidad del Estado reflejada en la Constitución, la campaña defiende la laicidad porque "cualquier persona puede llevar símbolos o textos sagrados de su confesión donde quiera que vaya sin necesidad de que el Estado se los proporcione". La Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores recuerda que "los símbolos religiosos no tienen ninguna funcionalidad objetiva que ayude a prestar un servicio público mejor o de forma más eficiente".

El presidente de la asociación, Antonio Solís ha recordado que la jurisprudencia española y europea ha obligado ya a retirar símbolos religiosos de los organismos públicos y que son las zonas rurales las que más continúan haciendo uso de ellos en dependencias públicas. Pese a ello, otras sentencias han resuelto que la presencia de crucifijos no vulnera el derecho de los padres a la libre educación. "Imagínate un hospital con 100 habitaciones. Si quita sus crucifijos, tendrá 500 euros para destinarlos a mejorar el servicio. Es una cantidad simbólica y sabemos que no va a incitar demasiado", ha augurado Solís.