El alcalde de Ourense señala a un exedil del BNG en su declaración ante el juez

El alcalde socialista de Ourense, Agustín Fernández, imputado por presunta prevaricación en dos causas judiciales, adjudicó junto a otros ocho ediles del gobierno bipartito entre socialistas y nacionalistas de 2008, una obra de 593.000 euros a una empresa de la que era director financiero un miembro de la ejecutiva local del PSdeG que en las siguientes elecciones municipales formó parte de la candidatura del partido, mediante un procedimiento urgente y secreto sin “leer, repasar o comentar nada con nadie” del expediente que los ha llevado ante la justicia. Justo antes de prestar hoy declaración ante el juez, defendió ante los medios de comunicación que “se actuó correctamente y dentro de la más estricta legalidad”.

Fernández, que entonces era concejal de Economía y Hacienda, declaró ante el juez que aquella Junta de Gobierno no revisó el expediente –que carecía de informes técnicos y jurídicos– porque ese es el proceder habitual. El regidor afirmó que “confían” en el concejal encargado del asunto a aprobar, en este caso el exedil del BNG Andrés García Mata, y por eso omitieron cualquier comprobación. Su argumentación coincide con la empleada la pasada semana por el exalcalde, el socialista Francisco Rodríguez, imputado también en este caso, y que descargó responsabilidades en los nacionalistas. Fernández también aseguró que la junta no recibió advertencia alguna sobre posibles irregularidades por parte del interventor o el asesor jurídico. Luis Tros, el asesor jefe del Ayuntamiento, aseveró al juez que advirtió por oral a uno de los ediles de que no cabía un procedimiento urgente y sin publicidad para una obra de ese importe. La legislación establece un límite de 200.000 euros. Tros está imputado por los presuntos delitos de fraude y exacciones ilegales

El instructor, tras una denuncia de la formación política de la oposición Democracia Ourensana, también detectó un supuesto amaño para otorgar la obra a dedo a una determinada constructora de la provincia. La investigación destapó que dos de las tres empresas invitadas en secreto por el Gobierno local (Ocasa y Betunes) en realidad son la misma y que la tercera (Opain) está presidida por el hijo del dueño de Ocasa y participada por esta. Según el juez, las memorias de las ofertas empresariales registradas en el Ayuntamiento con escasos minutos de diferencia, eran casi idénticas e incluso compartían fallos de impresión. Finalmente, la adjudicataria de la obra fue Ocasa, de la que es directivo José Ramón Fernández Morgade, miembro de la ejecutiva del PSdeG en la ciudad de Ourense y número 14 en la lista socialista de las últimas elecciones. Si alguno de los actuales concejales dimitiese, Morgade sería el siguiente con sillón en la corporación municipal.

Las declaraciones de los miembros de aquel gobierno bipartito continúan este viernes, con las pruebas testificales de la actual teniente de alcalde socialista, Marga Martín, imputada también en otro caso por supuesta malversación de caudales públicos y cooperación para estafa, así como a los exconcejales del BNG, Andrés García Mata, Isabel Pérez y Marta Arribas.