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Los socialistas llevan también al fiscal la gestión de fondos de desarrollo rural

La denuncia, sobre Ruralter en Chiva, se suma a otra que ya investiga la fiscalía

Los cuatro denunciantes, este miércoles, en la Ciudad de la Justicia en Valencia.
Los cuatro denunciantes, este miércoles, en la Ciudad de la Justicia en Valencia.Mònica Torres

La diputada socialista en las Cortes Valencianas Vicenta Crespo presentó este miércoles, junto a los secretarios locales del PSPV-PSOE en Buñol, Aurelio Palmer, y en Yátova, Arturo Sánchez, una denuncia ante la fiscalía de Valencia por irregularidades en la gestión de fondos de desarrollo rural en la zona 5, que corresponden concretamente a una ayuda europea para la creación de un “espacio joven comarcal” en Chiva. Según la denuncia, pueden haberse producido delitos de malversación y falsificación documental.

También firma el escrito Paloma Coiduras, la funcionaria cuya denuncia dio lugar hace un año a una investigación, sobre la gestión de expedientes de programas operativos de productores y de las líneas Ruralter de desarrollo rural, que permanece abierta.

La documentación que aportan los socialistas se centra en un expediente en concreto, que llevó al pago de 294.000 euros en las anualidades de 2011 y 2012 por una ayuda acogida a la convocatoria de 2009 del programa Ruralter Leader. Los denunciantes consideran que se trata de un caso que refleja un “modus operandi” que se aplicó de manera generalizada en la gestión de las ayudas europeas para el desarrollo rural. Por ello, tienen intención de ampliar posteriormente con otros casos la denuncia a la fiscalía.

Solicitada por la Asociación Interior para la Promoción Socioeconómica Hoya de Buñol Chiva, la ayuda para el “espacio joven comarcal” fue concedida tras ser seleccionada como subvencionable su propuesta por el grupo de acción local de la zona 5, la Asociación Llano de Chiva a la Plana de Utiel. Sin embargo, según recoge la denuncia, la entidad accedió a un 100% de financiación cuando eso solo era posible si el solicitante era un Ayuntamiento o un grupo de acción local; recibió los pagos de las anualidades sin informe favorable de supervisión ni proyecto técnico visado y encubrió supuestamente que el beneficiario real era el propio Ayuntamiento de Chiva, ya que este último cedió terrenos gratuitamente y la eximió de licencia.

El Ayuntamiento de Chiva pudo ser el auténtico receptor de la ayuda

Al Ayuntamiento de Chiva, como apuntan los socialistas, se le aprobaron otros dos expedientes en la convocatoria de 2009 por 300.506 euros y hasta seis por 883.545 euros en el Programa de Desarrollo Rural. En la convocatoria de 2010, presentó un expediente titulado “adecuación de edificio público para centro juvenil” que, según recoge el escrito, “puede estar también relacionado con el expediente que se denuncia”.

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El supuesto desvío de las ayudas a municipios gobernados por el PP y a usos y entidades que no se correspondían con las bases de ese tipo de programas, levantó una fuerte polémica en su momento, con acusaciones desde la oposición a la Generalitat de amiguismo y arbitrariedad en la distribución de los fondos.

La denuncia de los socialistas sobre la gestión de esa ayuda concreta en Chiva incluye supuestas irregularidades en el expediente, la admisión de la solicitud y la tramitación de la ayuda, pero también apunta irregularidades generales del proceso en la publicación de los beneficiarios o en la incompatibilidad de algunos de los responsables de los grupos de acción local, así como en la falta de control a posteriori sobre la ejecución de las obras o trabajos objeto de la subvención.

Desde hace más de un año, la fiscalía investiga irregularidades en la gestión por la Generalitat de 128 millones de euros en dos líneas de ayudas para el desarrollo rural, Ruralter Leader y Ruralter Paisaje, en el periodo 2008-2013. Esas ayudas estaban financiadas en parte por la Unión Europea y se habrían utilizado para fines impropios —como equipajes de clubes de fútbol, compra de ordenadores para parroquias o adquisición de instrumentos musicales—, o habrían ido a parar a destinatarios distintos de quienes las solicitaron. En la investigación que mantiene abierrta la fiscalía está interviniendo la policía a través de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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