Fabra fía su suerte en las autonómicas a un gesto de Rajoy de 1.000 millones

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que fió el éxito de la legislatura a un cambio del sistema de financiación autonómica, ha decidido jugar su última carta. Ante la constatación de que el nuevo sistema no entrará en vigor este año y que el Ministerio de Hacienda no piensa aflojar el torniquete de la financiación, Fabra lanzó ayer un órdago: el PP valenciano y su Consell se declararon en rebeldía. “No caben más sacrificios por parte de los valencianos”, aseguró el presidente tras los nuevos recortes exigidos por el Gobierno. Fabra reclama un fondo de nivelación de 1.000 millones al Ejecutivo de Mariano Rajoy para compensar el déficit entre lo que paga el Estado y los gastos del Consell en sanidad y educación antes de las elecciones autonómicas y tener alguna oportunidad de conservar el poder.

La actitud y el discurso del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, exigiendo el martes en Valencia nuevos ajustes encendió los ánimos del PP valenciano, que salió en tromba a decir ¡basta!

“Tenemos un problema de falta de ingresos, y eso lo tiene que resolver el Gobierno de España, evitando que haya situaciones injustas porque nadie entiende por qué en otras comunidades se cubren los gastos de educación y sanidad y en la nuestra no”, explicó el presidente de la Generalitat.

La estrategia del diálogo utilizada choca ahora con el discurso combativo

El problema del PP valenciano es, además, electoral, porque si se mantienen y repiten los impagos de la Generalitat —que también afectan a los ayuntamientos— las posibilidades de remontar el descalabro de los comicios al Parlamento Europeo serán prácticamente nulas. Así lo transmitieron en Génova la coordinadora general del PPCV y consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, y los presidentes provinciales del partido en una reunión para analizar los resultados electorales en la Comunidad Valenciana. Génova tomó nota pero advirtió que la solución es competencia del Gobierno.

La pretensión del Consell y de los populares valencianos es que el Ministerio de Hacienda cree un fondo de nivelación que cubra los gastos de sanidad, educación y bienestar social de aquellas autonomías infrafinanciadas. La Generalitat solo cubrirá este año el 89% de estos servicios con la financiación autonómica, mientras que la media estatal está en el 107% y hay regiones en el 129%. Para cubrir el desfase, la Generalitat necesita unos 1.000 millones de euros adicionales, mientras que el Ministerio de Hacienda pretende que el Consell recorte 1.300 millones adicionales este año para cumplir con el objetivo de déficit del 1%.

“No caben más sacrificios, más claro no lo puedo decir”, prosiguió Fabra en una visita a las obras del hospital de Llíria, “Se nos tiene que ver como una Administración fiable, seria y responsable, pero también que sabe reivindicar lo que necesitan los valencianos para tener los mismos servicios e igualdad de oportunidades”, remachó el presidente.

El Consell reivindica y Hacienda exige que recorte 1.300 millones de euros

La alcaldesa de Valencia también se sumó al discurso reivindicativo frente al Gobierno de Mariano Rajoy. Un discurso que, hasta el descalabro electoral del 25-M, tenía como punta de lanza al presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus. Ayer, Barberá, que el martes se mostró complaciente con Beteta, se escudó tras el Gobierno valenciano a la hora de valorar las exigencias del Ministerio de Hacienda a la Generalitat. “Ya ha contestado clarísimamente el Consell que no hay margen”, continuó Barberá, “En educación y sanidad se ha tocado hueso y ahí no hay nada más que rascar y los servicios públicos no se van a tocar”.

Al coro de voces críticas con sus correligionarios del Gobierno también se sumó el portavoz parlamentario del PP, Jorge Bellver, que admitió su desacuerdo con las exigencias del Ministerio de Hacienda y la inconveniencia de las declaraciones de Beteta. “No es la postura que debe tomar un secretario de Estado”, apostilló Bellver.

“La sanidad, la educación y las políticas sociales son intocables y no habrá ni un solo ajuste más porque la garantía de los derechos de los ciudadanos está por encima de todo”, remachó el vicesecretario político del PP regional, César Sánchez.

A pesar de la contundencia de las afirmaciones, los populares valencianos tienen complicada la construcción de un relato propio. Primero, porque hasta ahora el jefe del Consell había eludido el discurso reivindicativo y preferido el trabajo de despacho a la pancarta. Y, segundo, porque la semana próxima se enfrentan a una nueva prueba de fuego: la decisión de solicitar, o no, un nuevo aplazamiento (sería el cuarto) al Congreso de los Diputados en la tramitación de la reforma del Estatut d’Autonomía de 2011 que reclama mayores inversiones al Estado en la Comunidad Valenciana.

En ese contexto, Bonig se lanzó ayer contra la oposición por rechazar la propuesta del PP de sentarse a negociar una reforma amplia del Estatut. Una decisión que justificaría la retirada de la tramitación en el Congreso de la modificación estatutaria aprobada sin votos en contra en las Cortes Valencianas en 2011. Sin embargo, la negativa de la izquierda coloca al Consell frente al espejo.