Los tres imputados por el accidente de metro se niegan a declarar

Los tres directivos y cargos técnicos imputados por el accidente de metro de 2006 en la línea 1 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se han negado a declarar este martes ante la juez instructora del caso Nieves Molina. "Era previsible", coinciden fuentes jurídicas, ya que han recurrido en apelación su imputación a la Audiencia de Valencia, que será la encargada de confirmarla o anularla. 

El exdirector de Explotación de FGV Vicente Contreras y el ex director técnico Francisco García Sigüenza han llegado juntos a la Ciudad de la Justicia para su declaración. Un poco antes ha franqueado los juzgados Francisco Orts, antiguo jefe de Estudios y Proyectos y tercer imputado en la causa reabierta el pasado enero tras dos archivos. 

Contreras, García y Orts, los únicos encausados  en la instrucción, habían sido citados en días diferentes pero recurrieron en apelación su declaración y solicitaron que se suspendieran sus declaraciones. La magistrada negó la solicitud pero los citó para el mismo día.

Fuera, los tres exempleados de FGV guardaron silencio a la entrada y salida de los juzgados. dentro en la sala y ante la juez y las partes se acogieron a su derecho a no declarar después de que le informasen de sus derechos.

Vicente Baeza, abogado de la Asociación de Víctimas del Metro, que junto con el resto de las partes, han accedido a la documentación remitida por la compañía de transporte pública sobre la planimetría de la Línea 1 de FGV y las actas del Comité de Seguridad, lamentó la falta de colaboración de la empresa de la Generalitat. "O son poco eficaces o actúan con mala fe", ha dicho en referencia a la dispersión y desorden del material enviado por Ferrocarrils.

"Ahora hay que esperar a lo que diga la Audiencia. Además tenemos que analizar las actas de seguridad y si se deriva algo de ahí", ha agregado. Baeza insiste en que FGV siempre ha insistido en que no existe una normativa específica que le obligue a colocar una baliza de frenado del tren en un punto en concreto; por eso entienden que no se la han saltado.

Pero el defensor de las víctimas entiende que el empresario está obligado a proteger la línea hasta de las posibles imprudencias del trabajador. De hecho, Baeza pidió a la magistrada que se aportase al juzgado el coste de dos balizas que hubieran protegido la curva y ésta no vio la necesidad. El asunto está recurrido.

Otro elemento que Baeza pone en cuestión es la programación de las dos balizas cercanas a la curva donde descarriló el tren, que estaban a 19 kilómetros por encima de la velocidad máxima recomendada. Según el abogado, Las dos curvas más cerradas de la Línea 1 están en el tramo entre plaza España y Patraix.