Barrachina debe tres años de IBI de las instalaciones de la Piscina Valencia

Hosva, la sociedad que explota la piscina municipal de Valencia, propiedad del restaurador Jesús Barrachina e hijos, no ha pagado al Ayuntamiento de Valencia el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de parte de 2011 y los ejercicios completos de 2012 y 2013. En total, alrededor de 150.000 euros si se suman los intereses y recargos, según datos de principios de 2014.

No es la única deuda del grupo de restauración con la ciudad. Hosva, la mercantil que gestiona desde hace décadas la instalación deportiva municipal, el salón de banquetes Alameda Palace y el restaurante Les Graelles, tiene pendiente el pago del canon local de los años 2010, 2011 y 2012, así como algunos meses de 2009, factura que asciende a 366.000 euros, según ha cuantificado el propio Ayuntamiento.

El Consistorio, que preside la popular Rita Barberá, ha recibido además requerimientos de embargo de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social por los impagos de las tres mercantiles —Hosva, Barrarnal y Alameda Palace—, por lo que está al corriente del incumplimiento de las obligaciones del grupo de restauración.

La ley de contratos del sector público obliga a estar al día en los pagos con las Administraciones Públicas antes de contratar con la empresa. Incluso estos impagos son motivo para cancelar una concesión, según el artículo 60 de la citada ley. “No podrán contratar con el sector público las personas (…) no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias”. De hecho, ése ha sido el argumento, esgrimido por el mismo Gobierno local de Valencia para iniciar el proceso de cancelación de la concesión del Teatro El Musical al empresario y ventrílocuo José Luis Moreno.

Los requerimientos no han impedido, sin embargo, que el Ayuntamiento de la capital contratase servicios de catering por unos 687.000 euros con las empresas de la familia Barrachina entre 2009 y 2014, cuando se conocían los impagos del canon y de cuotas tributarias y a la Seguridad Social. El Gobierno local pagó en 2011 a la empresa del grupo Barrarnal 52.000 euros por una cena organizada con motivo de la cremà, de 800 menús, a precios que oscilaban entre los 85 a los 62 euros.

Consol Castillo cree que la alcaldesa ha utilizado una doble vara de medir

El Partido Popular valenciano también ha sido un cliente de las mercantiles de Barrachina, que se ha encargado de varias noches electorales por encargo del partido. Según la contabilidad del PP a la que ha tenido acceso este diario, los populares han facturado a Barrachina unos 108.000 euros por los servicios contratados entre 2002 y 2009.

El Consistorio, según recordó hace unos días Barberá, inició a principios de año las gestiones para rescindir el contrato de concesión por 25 años a Hosva por incumplimiento de las obligaciones por parte de Barrachina. La regidora anunció hace una semana que el Gobierno local ha solicitado informes al Consell Jurídic Consultiu —es preceptivo— sobre la posible cancelación y deslizó la posibilidad de separar en concesiones diferentes la explotación del servicio deportivo del de hostelería. El Ayuntamiento garantiza la continuidad del servicio en todas las instalaciones de la concesión en tanto se resuelva el proceso.

Compromís, a través de su concejal Consol Castillo, ha denunciado los impagos de Barrachina con el Consistorio. La edil acusa a Barberá de utilizar una doble vara de medir para “sus amigos” y el resto de ciudadanos. “No puede ser que la alcaldesa proteja a un empresario que no cumple con sus obligaciones desde hace más de cuatro años y que además le haya dado contratos municipales sin cumplir con la legislación”, añade.