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Fraude en Empleo

La fiscalía añade tráfico de influencias y prevaricación a los delitos de los cursos

El ministerio público pide que declaren como imputados funcionarios y responsables de la Junta

Una mujer sale de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo, en Málaga.
Una mujer sale de una oficina del Servicio Andaluz de Empleo, en Málaga.garcía-santos

Supuestos documentos falsos; asistencia a clase de alumnos ficticios; posible suplantación de la identidad de tutores; falta de capacitación de algunas empresas para la formación profesional; irregularidades en la concesión y el control de subvenciones públicas; gastos que no se habrían producido; e incumplimiento generalizado del compromiso de contratación. Estas son las presuntas irregularidades detectadas por la policía en los cursos de formación para el empleo de la convocatoria de diciembre de 2010 en Málaga, en la que la fiscalía aprecia indicios de cinco posibles delitos: falsedad, estafa, fraude en subvenciones, prevaricación y tráfico de influencias, estos dos últimos vinculados a cargos públicos y hechos públicos este jueves.

Así consta en el escrito del ministerio público remitido el pasado 2 de junio al juzgado para que investigue esas supuestas anomalías halladas en los cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para parados de esa convocatoria de 2010. Según informó la fiscalía a través de una nota, entre otras pruebas se reclama la declaración como imputados de los funcionarios y responsables del organismo de la Junta que otorgó los fondos y de los empresarios beneficiados de los mismos. La instrucción ha recaído en el juzgado número 8 de la capital, que será quien decida qué diligencias ordena.

Investigación de subvenciones de la Dirección de Empleo

Una de las decisiones adoptadas por la Fiscalía de Málaga en relación al caso Edu es remitir a los ministerios públicos de Almería y Sevilla las supuestas irregularidades halladas por los policías de la UDEF en programas de formación para el empleo de estas provincias. Esas posibles infracciones serían "similares" a las detectadas en Málaga, es decir, vinculadas a cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) para parados, que incluyen compromiso de contratación.

Lo que atañe a Almería y Sevilla está incluido en el informe de ampliación elaborado por los agentes de Madrid (tiene fecha de diciembre de 2013) a raíz de la denuncia inicial del caso, que partió de la Seguridad Social y en un principio se limitaba a Málaga. Las supuestas irregularidades que afectan a Almería serían “significativas”, según la fiscalía, y en el expediente que se manda a esta provincia están incorporados los testimonios de particulares recabados hasta ahora por la policía.

En cuanto a las diligencias que se trasladan a Sevilla, se basan en la investigación policial sobre resoluciones de la Dirección General de Empleo de 2011 por las que se subvencionan ciclos formativos de estas características. Forman parte del programa presupuestario 32D y habría varios beneficiados. Supuestamente, una misma persona habría obtenido ayudas a través de varias sociedades y entidades por un importe total de 14,6 millones de euros, según han determinado las pesquisas de los agentes. Esta parte del procedimiento se delega en la fiscalía sevillana porque la sede de este organismo de la Junta se encuentra en esta ciudad.

El desgaje que hace el fiscal de Málaga de las actuaciones en función de las provincias afectadas por el supuesto fraude en los cursos de formación para el empleo se justifica en el objetivo de “facilitar la investigación” de estos hechos. En Málaga ya se encuentran en un juzgado.

El conocido como caso Edu, que estalló el pasado abril en medio de una fuerte tormenta política, se centra en una resolución del 15 de diciembre de 2010 de la dirección provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), publicada en el BOJA el 3 de enero de 2011. Las subvenciones se enmarcan en el programa 32D. La partida afectada es de 1,72 millones de euros y las posibles irregularidades se extienden a 17 de las 20 entidades y personas físicas que resultaron beneficiadas de esas ayudas para impartir programas de FPO, que incluyen un compromiso de contratación durante unos meses para un porcentaje de alumnos.

El origen de las diligencias de la fiscalía, abiertas en mayo de 2013, es un informe de la sección de investigación de la Seguridad Social adscrita a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional. Ese documento denunciaba “graves incumplimientos” en los requisitos que marca la ley sobre ayudas públicas, y además de una infracción “generalizada” del compromiso de contratación por parte de quien daba esos ciclos formativos, se aludía a una supuesta falta de solvencia y de experiencia en formación de algunas sociedades, así como a la práctica de “caza de subvenciones”.

La investigación inicial de los agentes se completó con otro informe, fechado el 16 de diciembre de 2013, que ampliaba las posibles infracciones a las provincias de Almería y Sevilla. El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha decidido remitir a las fiscalías territoriales de cada provincia la parte de la investigación que les atañe, decisión incluida también en el escrito enviado al juzgado. Es decir, la investigación judicial en Málaga se limita exclusivamente a la convocatoria de 2010 realizada en esta provincia.

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El último análisis de la UDEF sobre el caso Edu está datado el 6 de abril y además de un estudio de los distintos expedientes afectados por la resolución que está en el punto de mira, incluía el testimonio de las personas que efectuaron esos planes de formación y de los docentes de los ciclos. Según trascendió tras hacerse público el caso, la policía ha tomado declaración a más de 200 personas en distintos municipios de la provincia.

Las diligencias de investigación de la Fiscalía de Málaga incorporan tanto el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre las subvenciones del SAE destinadas a Formación para el Empleo de los ejercicios 2009 y 2010, como el escrito elaborado por la unidad de policía adscrita a la Fiscalía Superior de Policía sobre el mismo. Estos documentos fueron enviados al ministerio público malagueño en virtud de un decreto de su homólogo regional dictado para poner orden en las distintas investigaciones que hay en Andalucía sobre cursos de formación.

“Nosotros siempre colaboramos con la Justicia”, dijo el consejero andaluz de Educación, Luciano Alonso, en una comparecencia en Madrid tras ser preguntado por la posible citación como imputados por este caso de responsables de la Junta. Esta consejería tiene las competencias de formación profesional para el empleo desde abril de 2013.

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