La Guardia Urbana confisca más de 400 instrumentos a músicos callejeros

Aaron Avvakum, de 53 años y origen israelí, está harto de que la Guardia Urbana le confisque el amplificador y los malabares. Asegura que ya ha tenido que comprar sus instrumentos de trabajo al menos 10 veces y que ha tenido que invertir 4.000 euros para conseguir varios juegos. “Yo he trabajado en el circo de Moscú” dice indignado. Como él, muchos artistas de la calle consideran que el trato que reciben de los agentes es “abusivo” y que la ordenanza de civismo es “desproporcionada”.

Después de varios años —la ordenanza es del 2005— los músicos han decidido organizarse y han puesto el caso en manos de un despacho de abogados. La media de sanciones que imponen cada año por actuar a la calle es de 3.500, según las cifras que ha recogido el abogado Andrés García, su representante. Además, entre el 2009 y el 2011 se han requisado más de 400 instrumentos. El colectivo está preparando un informe para llevarlo al Pleno del Ayuntamiento y conseguir que discuta una vez más la ordenanza de civismo. El letrado recordó que otros colectivos, como los top manta o las prostitutas, sufren problemas similares.

La ordenanza autoriza a los agentes a requisar toda la recaudación de los artistas que trabajan en la calle sin permiso, confiscarles los instrumentos y multarles. Para recuperar los instrumentos tienen dos meses para pagar la sanción impuesta. Si no lo hacen, los instrumentos van a parar a algunos colegios o se queman. “Si a un músico le retiras el dinero y los instrumentos de trabajo, ¿cómo va a poder pagar la multa para recuperarlos?” se preguntaba ayer Joaquín Ortega, que lleva 25 años trabajando como payaso en la calle. “Es necesario hacer una reflexión sobre el derecho a la ciudad. Consideramos que tiene que incluir el derecho al arte que se hace en la calle. No creemos que se tengan que requisar las guitarras y el dinero” dijo Andrés García, abogado del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

Ingrid de la Torre, que también participó en la rueda de prensa que se organizó en la plaza de Sant Josep Oriol —una de las que acumula más sanciones— ha realizado un documental titulado Sin Permiso que critica “la privatización del espacio público”. Después de la rueda de prensa —durante la cual irrumpieron los agentes para pedir el permiso— los artistas improvisaron algunos espectáculos.

El distrito de Ciutat Vella —el más lucrativo para cualquier espectáculo en la calle— tiene una regulación especial. Los músicos solo pueden trabajar en 23 puntos y en un horario determinado. El orden se decide por sorteo una vez al mes entre todos los músicos que se acreditan como tales al principio de cada año. El número máximo de permisos es de 140. Cualquier músico o artista que utilice la vía pública para intentar ganarse la vida sin cumplir estos requisitos se expone a ser sancionado y perder la recaudación del día y sus instrumentos.