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Los juristas cuestionan las fotos de los Mossos a 225 identificados

Los antidisturbios “encapsularon” tres horas a manifestantes en la Gran Via

Jesús García Bueno
Vista de la “cápsula” que los Mossos organizaron el sábado en la Gran Via de Barcelona.
Vista de la “cápsula” que los Mossos organizaron el sábado en la Gran Via de Barcelona. ALBERT GARCIA

Los Mossos d’Esquadra identificaron, el sábado por la noche, a 225 personas en la Gran Via de Barcelona. La mayoría de ellas regresaba a Sants tras la protesta, en el centro de Barcelona, por el desalojo de Can Vies. Algunas aprovecharon el trayecto para arremeter contra oficinas bancarias. La policía optó por “encapsular” a los manifestantes formando una férrea línea de 300 antidisturbios. Uno a uno, los agentes les pidieron la documentación según el procedimiento habitual. Pero los mossos fueron más allá: grabaron en vídeo los DNI y tomaron fotografías de los manifestantes sin su consentimiento. A algunos de ellos, les obligaron a ser fotografiados con prendas de ropa (capuchas, sudaderas) que ni siquiera eran suyas, según denuncian algunos testigos.

Los Mossos identifican a los manifestantes.
Los Mossos identifican a los manifestantes.albert garcia

La inédita actuación policial, que se prolongó tres horas en la confluencia de la Gran Via y Rocafort, levantó las iras de los vecinos, que acompañaron a los antidisturbios con una cacerolada. Y también ha suscitado las dudas y recelos, cuando no abiertas críticas, de diversos expertos judiciales consultados por este diario.

“Estas prácticas claramente no tienen encaje legal. No se puede obligar a alguien que solo está identificado a ser fotografiado. Es una diligencia que vulnera el derecho a la intimidad y la propia imagen”, explica el abogado Andrés García Berrio, de la Coordinadora Catalana para la Prevención de la Tortura, que estudia emprender acciones legales. García acudió al lugar de los hechos y, según le explicaron los afectados, la toma de imágenes era una condición imprescindible para abandonar la “cápsula”. El letrado habló con el responsable del dispositivo, a quien advirtió sobre la posible ilegalidad de esa práctica. “Después de eso siguieron haciendo identificaciones, pero dejaron de tomar imágenes”.

David Companyon, diputado de Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida Alternativa, también estuvo sobre el terreno. “No se me permitió acceder dentro del círculo. Los que no aceptaban identificarse, me explicaron, eran trasladados a comisaría. Los Mossos les ponían unas piezas de ropa, las que ellos querían”, detalló.

“La actuación puede vulnerar el derecho a la propia imagen”, opina un catedrático
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La investigadora y experta en seguridad Gemma Galdon también pone en duda la actuación policial. “Nunca antes había visto algo así. No me atrevo a decir aún que sea ilegal, pero es anómalo. Y nos plantea cuál es la diferencia entre estar detenido y no estarlo”. Galdon también considera que el “encierro” de personas para su identificación es “poco habitual” en Europa. Y subraya que ese método siempre debe adecuarse a las circunstancias. “La policía tiene que saber por qué lo aplica y explicarlo”.

“Identificar a una persona y retenerla tres horas no tiene cobertura legal. Y en cuanto a las fotos, como no se explica por qué se toman ni para qué sirven, pueden ser una infracción del derecho a la propia imagen”, asume el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. El experto añade que “las identificaciones en la calle son posibles”, pero deben realizarse “ante la sospecha de que se ha cometido un delito, no para saber si se ha cometido”.

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Joaquim Forn, defendió ayer las identificaciones. “Era un grupo que mientras volvía hacia Sants produjo destrozos en entidades financieras”, explicó. Además de las identificaciones, los Mossos detuvieron el sábado a otras siete personas. En total, son ya 68 los arrestados por los altercados en torno a Can Vies; en dos casos, los jueces han ordenado su ingreso en prisión.

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Sobre la firma

Jesús García Bueno
Periodista especializado en información judicial. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona, donde ha cubierto escándalos de corrupción y el procés. Licenciado por la UAB, ha sido profesor universitario. Ha colaborado en el programa 'Salvados' y como investigador en el documental '800 metros' de Netflix, sobre los atentados del 17-A.

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